El voto de tres años

El voto para diputados y alcaldes se emite en un día, pero su efecto dura tres años. La decisión del ciudadano se toma en un tiempo relativamente corto, el acto de votar implica escasos minutos, pero los elegidos por el voto ciudadano vivirán durante más de mil días a expensas de esa voluntad y acto ciudadanos. Y por supuesto, vivirán bastante bien. Incluyendo gastos de representación y de transporte, un diputado de base tendrá un salario de 4,025 dólares, el equivalente a 36 veces el salario mínimo legal ($109.20) para un cortador de caña trabajando en la zafra. Si los contrastes pudieran ser de derecha o izquierda, no hay duda de que este sería un contraste de derecha, del que participan todos los diputados. Afortunadamente para algunos, y desgraciadamente para otros, parece que la confrontación izquierda-derecha es pura cuestión ideológica, al menos en la Asamblea, y no tiene nada que ver con los salarios nacionales.

En general, al ver este tipo de contrastes, tendemos a criticar a los diputados y a decir que son demasiados para lo que hacen, que son un gasto inútil, etc. Sin embargo, hay que decirlo también, son indispensables para el funcionamiento de una democracia. Si desempeñan mal sus funciones es posible que los ciudadanos tengamos algo de responsabilidad. Aunque se merecen las críticas que se les hacen, debemos mirar también hacia nuestras posiciones ciudadanas. ¿Insistimos en defender nuestro voto? Lo damos, pero con frecuencia somos incapaces de darle seguimiento. Y, todavía peor, nos negamos a criticar a los diputados por los cuales votamos, aunque lo estén haciendo mal, por miedo a darle la razón a los del partido contrario.

No caemos en la cuenta de que nuestro silencio, o las críticas indiferenciadas al conjunto de los diputados, sin ser capaces de dar seguimiento a nuestro voto, favorecen al final la falta de contacto del legislador con sus bases democráticas. No criticar a los propios significa con frecuencia volverse cómplices de la corrupción. Porque, no lo olvidemos, el poder tiende a corromper. Y frente a los que, desesperados por el bajo nivel de cumplimiento de los diputados, desearían la desaparición de la Asamblea, es bueno recordar que “el poder absoluto corrompe absolutamente”, en frase muchas veces citada del historiador inglés lord Acton. La desaparición de la Asamblea o la antipolítica sería un remedio todavía peor que la enfermedad. Para un desarrollo equitativo y justo, no hay alternativa real fuera de la democracia.

Pero no solo debemos exigir a nuestros representantes aquellas cosas por las que hemos votado, sino, en general, es indispensable exigir a los políticos que sean coherentes con la democracia. Y para aclarar esta exigencia de coherencia, sirva un ejemplo ahora que ya han tenido lugar las elecciones. A Edwin Zamora, candidato a la alcaldía de San Salvador, hay que exigirle, por coherencia democrática, que condene a todos aquellos que en su momento utilizaron en la campaña electoral el tema del islam contra Nayib Bukele. La religión de una persona en un Estado laico como El Salvador no debe ser usada para señalarla, y menos aún del modo vergonzoso y malicioso como se usó contra Bukele.

Si pesara el tema religioso, habría que condenar al buen número de malos católicos o de malos evangélicos que hay entre los diputados, por ser infieles a los mandamientos en los que creen, y por proteger a sus compañeros sinvergüenzas. La doctrina social de la Iglesia católica está profundamente alejada de las actitudes de los políticos. La doble moral es muy frecuente en quien usa la religión de cara a las elecciones. Y frente a ello, tanto por defender a la religión como a la democracia, es importante dejar fuera el tema. Otra cosa es protestar y reclamar ante candidatos que no tienen una opinión bien formada en el tema de los derechos humanos, especialmente económicos y sociales. O todavía más, la protesta ante candidatos vinculados a crímenes o implicados en su encubrimiento, que más allá de ser contra religiosos en algunos casos, son delitos, a veces de lesa humanidad, que deberían excluirlos, por ética y por justicia, de la participación en eventos electorales. Pero en países como El Salvador, con una impunidad rampante, es evidente que tenemos que solucionar antes el problema de la justicia.

El derecho a depositar el voto el día de una elección tiene como continuación el deber de dar seguimiento al voto emitido. Al no hacerlo, nos convertimos en ciudadanos de segunda categoría. Al diputado le damos, con el voto en blanco, una especie de poder absoluto para hacer lo que le dé la gana. Un poder que solamente se puede limitar y ubicar en el cauce de la verdadera democracia si damos seguimiento a la labor legislativa de las personas a quienes hemos votado y les exigimos coherencia con la representación que les hemos entregado. Como casi siempre, los mejores ejemplos nos vienen de las comunidades sencillas. En San Antonio Los Ranchos, Chalatenango, un grupo muy numeroso de votantes habituales del FMLN insistieron en cambiar el candidato a alcalde. Como el partido al que votaban se negó, se organizaron en el CD y ganaron la elección municipal. A eso se le llama seguir el voto, y a eso tienen que estar más atentos los partidos. Cuando los ciudadanos seamos capaces de hacer a nivel nacional lo que hizo la gente de San Antonio, los políticos estarán mucho más a la escucha de la ciudadanía.