En blanco y negro

Ver la realidad en blanco y negro puede llevarnos a perder esperanzas. Y sin esperanza, el futuro se estanca. Por eso, al evaluar la administración Funes en su tercer año tenemos que ser profundamente críticos. El Gobierno no es una realidad aislada, y no podemos juzgarlo sin ver el contexto en el que se mueve. Para algunos empresarios, por ejemplo, el ideal sería pintar todo el presente en negro y hacer una evaluación de los tres años tajantemente negativa. Como si ellos fueran simples espectadores externos al Gobierno. Sin embargo, en muchos aspectos, y desde el tiempo anterior a la elección presidencial en la que triunfó Mauricio Funes, los empresarios han sido la otra cara de la moneda. O sea, una parte del mismo país en contraposición al Gobierno del FMLN. ¿Podemos juzgar una parte separándola de la otra? Evidentemente, en este juego han interferido otros poderes del Estado, partidos políticos, diversos sectores de la sociedad e incluso fuerzas autónomas dentro del Ejecutivo, como pueden ser los militares, que hacen su propio juego. Pero las dos principales fuerzas en interacción han sido el Gobierno y la gran empresa privada.

Sí, el país es una unidad con gente buena, pero con estructuras de convivencia económicas, políticas y sociales bastante deficientes. En estos tres años, el Gobierno ha tratado simultáneamente de aliviar la pobreza; tener contento al mayor socio comercial y político del país, Estados Unidos; cumplir normas del Fondo Monetario Internacional; y, tímidamente, marcar los caminos que debe transitar un país que quiere salir del subdesarrollo. Los empresarios, que a través de sus gremiales han sido la verdadera fuerza de oposición durante este trienio, han criticado las ayudas a los pobres y han censurado agriamente medidas que marcan un futuro democrático. No han perdido ocasión para criticar la ayuda en uniformes y zapatos a los niños, que por otra parte es la medida gubernamental que más valoran los pobres. Pero lo que más ha molestado a los grandes empresarios ha sido lo que llamamos signos gubernamentales tímidos de hacia dónde debe apuntarse en el futuro.

Cada vez que ha habido una subida de impuestos, la oposición empresarial se ha hecho sentir. Sin embargo, el país no tiene futuro sin una mayor aportación tributaria de la población, y especialmente de quienes tienen más. Cuando el Gobierno ha intentado ampliar la participación de la población en el Seguro Social, las críticas empresariales han sido feroces. Pero El Salvador no tendrá desarrollo mientras mantenga este absurdo y discriminatorio sistema de salud que determina la calidad del servicio médico según sea el ingreso de las personas. Los proyectos de diálogo gubernamental, con todas las dificultades de gestión que puedan haber tenido, han sido especialmente torpedeados por el poderoso sector privado. La voluntad de no invertir en el país es clara, a pesar de las jugosas sumas de dinero que han ido a parar a los bolsillos de los ricos tras la venta de los bancos nacionales a la banca extranjera. ¿Tendremos un futuro mejor si entorpecemos el diálogo en torno a un posible proyecto de desarrollo de verdadera realización común?

En esta especie de lucha, el Ejecutivo tampoco puede pintar solo de blanco su gestión. Ha cometido errores. En lugar de ampliar apoyos, se ha puesto defensivo en proyectos que impulsan una modernización necesaria de nuestras estructuras ciudadanas. El mal manejo de la Ley de Acceso a la Información Pública lo ha puesto en entredicho. La lentitud en el cumplimiento de leyes como la de protección de la infancia o en la constitución del Tribunal de Ética Gubernamental daña la imagen del Gobierno. La cruzada absurda e ignorante en contra de la Sala de lo Constitucional, hoy dirigida por el presidente de la Asamblea Legislativa, cada vez más en solitario, incluso en lo que respecta a su propio partido, confunde, desprestigia y aleja simpatías hacia el Gobierno y hacia el propio FMLN. Alguien debería explicarle al señor Reyes que en sus argumentos está confundiendo el derecho administrativo con el derecho constitucional.

La evaluación del Gobierno es compleja. Hay que hacerla, pero no se puede olvidar el contexto en el que evaluamos. Perder de vista el país, olvidar a las fuerzas que interactúan con el Gobierno y que de alguna manera lo condicionan, lleva a pésimas evaluaciones. ¿Es bueno hacer una valoración rápida, transitoria, fijada en la semana del tercer aniversario del ascenso al poder de Mauricio Funes? La respuesta es no. Necesitamos evaluar al Gobierno, sí, pero para pasar desde ahí a una ponderación de El Salvador que nos permita tomar conciencia de los rumbos indispensables para un desarrollo justo.