En defensa del sistema interamericano

A punto de cumplir cuarenta y tres años está la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también conocida como Pacto de San José por haber sido la capital costarricense el lugar donde se realizó en 1969 la Conferencia Especializada Interamericana de Derechos Humanos. El evento fue el escenario donde surgió este trascendental instrumento. El Salvador fue uno de los doce países que lo firmaron el mismo día de su aparición (el 22 de noviembre de 1969) y uno de los once necesarios para que entrara en vigor, lo que ocurrió hasta el 18 de julio de 1978. Tanto la Comisión como la Corte, ambas establecidas en el artículo 33 del Pacto de San José, constituyen el corazón del sistema interamericano de protección y promoción de derechos humanos que tanto ha aportado a la democratización de las Américas. Y hoy, pese a sus evidentes bondades, ese sistema está sumido en una situación de alto riesgo.

Al menos de forma visible, este preocupante proceso inició durante el período ordinario de sesiones número cuarenta y uno de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), efectuado en nuestro país del 5 al 7 de junio de 2011. Fue el canciller anfitrión, Hugo Martínez, quien sugirió oficialmente al pleno encomendar al Consejo Permanente de la Organización una reflexión profunda sobre el quehacer de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para dizque fortalecer el sistema. La sugerencia del Ministro de Relaciones Exteriores al Consejo Permanente de la OEA incluyó que presentara sus recomendaciones "a la brevedad posible".

Esas recomendaciones se integraron en un informe fechado el 13 de diciembre de 2011. La Asamblea General de la OEA que tuvo lugar en Bolivia del 3 al 5 de junio recién pasado dio el visto bueno al documento y acordó encargar al Consejo Permanente la formulación de propuestas concretas, cuya aprobación se considerará —a más tardar durante los primeros tres meses de 2013— en una Asamblea General extraordinaria. Revisar el trabajo de la Comisión para fortalecerlo no suena mal; sin embargo, lo observado y planteado hasta ahora apunta a lo contrario: a disminuir sus facultades en varios sentidos, y eso es demasiado grave como para no reaccionar.

Más allá de los formalismos propios de esos espacios intergubernamentales, donde prevalecen el lenguaje políticamente correcto y los buenos modales de la diplomacia, a los que se suman las onerosas recepciones donde se atenúan antagonismos al sonar de las copas, está una realidad distinta: la de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos que hacen de su vida un largo trajinar en busca de justicia, tocando las puertas de unas instituciones nacionales duras y frías ante sus demandas. Por ello, durante décadas, muchas de esas personas y comunidades —con sus historias de dolor, su dignidad nunca perdida y su esperanzadora perseverancia— han buscado fuera de sus fronteras patrias lo que no encuentran dentro.

Con aciertos y errores, limitaciones y posibilidades, a lo largo de su existencia, el sistema interamericano de protección y promoción de derechos humanos ha intentado cumplirles a las víctimas. Lo ha hecho pese a los ataques de algunos Gobiernos que reaccionan descontentos por los informes, recomendaciones y sentencias de la Comisión y de la Corte interamericanas, que los cuestionan debido a sus infracciones al texto de la Convención Americana y les recomiendan u ordenan tomar medidas correctivas.

Eso ha ocurrido desde los regímenes dictatoriales del Cono Sur y del centro de América, pasando por el Perú de la época de Alberto Fujimori y los Gobiernos de una Colombia sumida en una larga noche de atrocidades, hasta llegar a lo más reciente: la denuncia de la Convención Americana por parte del Estado venezolano. Para entendernos bien: de mantenerse tal medida oficial, significa que la población del país andino ya no podrá presentar sus demandas en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ni la Corte podrá conocer violaciones que haya sufrido.

A lo anterior, y en el marco de las reacciones contra este sistema regional, se agregan actitudes negativas como la estadounidense, al no ratificar la mencionada Convención y, por tanto, no admitir la competencia de estos dos órganos fundamentales. También está la histórica y cuestionada negativa del Estado salvadoreño a cumplir sus obligaciones derivadas de informes y sentencias de los mismos. Eso ha ocurrido con los Gobiernos anteriores y con el actual. Este último, a diferencia de los que le precedieron —que ni siquiera cuidaban las apariencias— se llena la boca afirmando que está dispuesto a asumir las responsabilidades que le corresponden; sin embargo, tanto la UCA como la familia de Ramón Mauricio García Prieto y muchas víctimas más siguen esperando verdad y justicia, junto a la anulación de la amnistía.

Frente a ese ambiente hostil para el sistema interamericano de protección y promoción de derechos humanos, es necesario que en nuestro país —al igual que en otros de las Américas— las víctimas concretas de atropellos graves y la población expuesta a serlo por las condiciones de una realidad de violencia, exclusión e impunidad, le exijan al Gobierno que se sume a la defensa de lo que un amplio grupo de personalidades (Adolfo Pérez Esquivel y Ernesto Cardenal, entre ellas) considera "un referente de la dignidad y el ejercicio de derechos desde la diversidad y la diferencia".