Giro de timón

A lo largo de estos 87 días de gestión gubernamental, Funes ha anunciado una serie de medidas, entre las que destaca, dado el contexto mundial y nacional, el plan global anticrisis y algunos de sus componentes. A pesar de que la información sobre el proceso de implementación de dichos componentes hasta el momento ha sido limitada, al menos el Presidente, el Secretario Técnico y el Secretario de Asuntos Estratégicos han anunciado por diferentes medios de comunicación la creación de algunas instancias asociadas a su implementación.

Sin menoscabo de lo anterior, conviene llamar la atención sobre el alcance, la sostenibilidad y la institucionalidad de estas iniciativas gubernamentales. Desde esta perspectiva, es necesario advertir sobre el riesgo de inscribirlas primordialmente dentro de la actual coyuntura de la crisis económica, fiscal y social, que exige respuestas afirmativas y de corto plazo, dejando las causas estructurales en segundo plano. Si esto es así, la experiencia indica que los impactos de fondo dirigidos a enfrentar las causas estructurales de esta crisis serán de poca envergadura y no sufrirán modificaciones la exclusión, la pobreza, la violencia, la corrupción y las dadivas y privilegios hacia aquellos sectores empresariales y políticos beneficiados con los Gobiernos anteriores.

Un giro de timón de la gestión presidencial para evitar esta práctica de corto plazo y excluyente pasa necesariamente por definir el marco normativo sobre el que se hará la gestión gubernamental. A todas luces, el país demanda evitar la dispersión generada por la implementación de políticas de gobierno cuyo objetivo principal ha sido promover e incentivar los intereses del partido y de los sectores afines. En esta dirección, lo estratégico debería ser enmarcar la actuación del actual Gobierno dentro de una política de Estado que efectivamente multiplique la eficiencia y eficacia de sus recursos y estructura organizacional. El mejor mecanismo para impulsar esta política de Estado es, sin lugar a dudas, la descentralización. Esta rompería progresivamente con la centralidad excesiva del Ejecutivo en los procesos de políticas públicas y dinamizaría la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno y de estos con los diferentes sectores de la sociedad. Una política de Estado sustentada en un proceso de descentralización para diseñar e implementar políticas públicas haría la diferencia y generaría cambios, pues pondría su atención primordialmente sobre las causas estructurales y no sobre los efectos coyunturales.