Grandes amenazas

La actual crisis de salud pública es importante leerla en clave sistémica; el surgimiento del virus causante de la covid-19 no puede entenderse fuera de las condiciones de funcionamiento del sistema económico en que surge. Como explica Fernando Valladares, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, la presencia de más enfermedades y el surgimiento de nuevos patógenos tiene que ver con el calentamiento global y “la destrucción de los ecosistemas provocada por distintas actividades humanas”.

En esta clave sistémica, Noam Chomsky opina que “la primera lección es que estamos ante otro fallo masivo y colosal de la versión neoliberal del capitalismo”. El filósofo advierte que “si no aprendemos eso, la próxima vez que pase algo parecido va a ser peor”. Luego de la epidemia del SARS en 2002 (causada también por un patógeno proveniente de la familia de coronavirus), los científicos habían previsto futuras pandemias, por lo que hubiera sido posible preparase. Pero eso no ocurrió: las investigaciones para el desarrollo de vacunas fueron abandonadas debido al cese de financiamiento, ya que, según revela un reportaje de la BBC, “no había un mercado para la vacuna”, perdiéndose así la oportunidad de contar con evidencias para trabajar en tratamientos para este nuevo virus.

Los acontecimientos de este 2020, especialmente a partir de que la OMS declarara la covid-19 como pandemia, han reforzado internacionalmente la adopción de medidas orientadas a mantener confinada a la población; la frase “quédate en casa” se ha reiterado hasta la saciedad. Sin embargo, es necesario considerar el terrible costo de este tipo de medidas para países de bajos ingresos, el cual no debe soslayarse maniqueamente como una disyuntiva entre la vida (“quedarnos en casa”) o la economía (opción determinada por la codicia). Como ha señalado el sociólogo Hamza Esmili, “el confinamiento es un concepto burgués”. La economía no puede separarse del problema que busca responder: procurar el bienestar material de la población. La actividad económica está encaminada a dar soporte material a la vida; no se trata, pues, de una maniquea elección entre la vida y la codicia, sino de la necesidad fáctica de miles de familias salvadoreñas de proveerse del sustento diario.

La vida de la población trabajadora transcurre en permanente crisis: la crisis diaria por hacerse con los medios de vida indispensables para subsistir. De acuerdo a la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples de 2018, el 28.8% del total de hogares salvadoreños se encuentra privado de siete o más de los indicadores en diferentes dimensiones esenciales del bienestar: educación; condiciones de vivienda; trabajo y seguridad social; salud, servicios básicos y seguridad alimentaria; y calidad del hábitat. Por ello se encuentran en condiciones de pobreza multidimensional. Esto equivale a 537,826 hogares, integrados por 2 millones 247 mil 165 personas. Por su parte, de la población económicamente activa urbana, 33.2% se encuentra en condición de subempleo; 42.49% se ocupa en el sector informal.

Claramente resulta necesario tener en cuenta estas realidades, pues el peso de medidas generalizadas de confinamiento estricto resulta inviable de soportar para buena parte de la población. Si bien esta situación no es exclusiva de nuestro país, tenerla en cuenta en el diseño, planificación e implementación de las políticas públicas nos corresponde, resultando imprescindible que se incorpore como criterio transversal en las disposiciones que se adopten. Por supuesto, no se trata aquí de desdeñar los efectos positivos de las cuarentenas, sino de subrayar la necesidad de que las estrategias para su puesta en funcionamiento sean formuladas y planificadas incorporando las características de la población salvadoreña, así como el irrestricto respeto a los derechos humanos. De lo contrario, la aplicación de medidas no solo supondrá dificultades prácticas, sino que agravará las desigualdades de partida, poniendo en riesgo la subsistencia de la población. No existen políticas públicas neutrales, y hacer recaer los costos sobre los hombros de una población históricamente precarizada y vulnerada resulta en una afectación desproporcionada que profundiza la inequidad.

Adicionalmente, no es previsible que en un futuro cercano se cuente con una cura a la covid-19. Incluso la OMS ha indicado la posibilidad de que el virus que la ocasiona se convierta en un virus endémico. Es imprescindible, entonces, tener en cuenta estas circunstancias, pues la cuarentena domiciliar no puede convertirse en una estrategia permanente. Es necesario formular y planificar disposiciones que garanticen la adopción de medidas de seguridad (un elemento clave es asegurar el acceso a agua en cantidad y calidad adecuadas) y preparar las condiciones que hagan posible generar y proveer medios de subsistencia a la población. Hay que insistir en que no se trata de una “vuelta a la normalidad”, tal como existía previo a la pandemia; más bien es necesario construir modos diferentes de relacionarnos en el ámbito socioeconómico y con la naturaleza.

Sin embargo, no resulta comprensible cómo se propiciarán entendimientos sociales y empatía a partir de vilipendiar y ridiculizar a la población (exponiéndola mediante videos en cadena nacional o fotos viralizadas por seguidores del mandatario en medios electrónicos), o a partir de expresiones misóginas en redes sociales del mandatario respecto de quienes le plantean cuestionamientos. Esto resulta reprochable considerando que entre las atribuciones y obligaciones del presidente de la República se encuentra procurar la armonía social.

En esa línea, también resulta de primer orden cumplir y hacer cumplir la Constitución. No obstante, las actuaciones del mandatario han sido opuestas a dicha obligación. Así quedó demostrado el 9 de febrero de este año cuando militarizó la Asamblea Legislativa o cuando se pronunció en contra de cumplir la sentencia de la Sala de lo Constitucional relativa al respeto a los derechos humanos. Recientemente trascendió una nota publicada en The Economist calificándolo como “el primer dictador milenial”. Dicho medio también lo había incluido en la nota “Aspirantes a autócratas están usando el Covid-19 como una excusa para obtener más poder”.

Sirva lo indicado hasta ahora para cuestionarnos sobre las respuestas implementadas ante la pandemia y plantearnos cuáles son las estrategias necesarias para prepararnos para el futuro. La crisis institucional salvadoreña no hará menos que socavar las posibilidades de enfrentar las graves amenazas que se ciernen sobre nuestro país, no solo por la actual pandemia, sino ante los retos de la crisis económica, la crisis alimentaria y las devastadoras consecuencias que traerá el calentamiento global. Si esta no será la última pandemia a la que nos enfrentaremos ni la mayor problemática por venir ¿cómo se preparará el país ante las crecientes amenazas si se continúa socavando la democracia? ¿Qué depara al país si desde las más altas instancias gubernamentales no se respetan los mecanismos constitucionales de funcionamiento del Estado de derecho?

Las respuestas a las problemáticas que enfrenta y enfrentará el país deberían cimentarse en mecanismos consolidados de planificación, interlocución y coordinación interinstitucional, en el respeto al Estado de derecho y a los derechos humanos, así como en un conocimiento exhaustivo de la realidad nacional, sustentados en entendimientos nacionales que permitan cuestionar el propio sistema económico y transformar radicalmente los elementos que se encuentran a la raíz de los problemas.

* Cristina Rivera, jefa de la Unidad de Archivo Institucional.