Griterío e ignorancia democrática

En los últimos días, y coincidiendo con el final de la anterior legislatura y el inicio de la nueva, se ha combinado el exceso de griterío político con la ignorancia democrática. Y lo grave es que esta ignorancia ha provenido de los más altos niveles de los poderes del Estado. No vamos a hablar de Elizardo González Lovo, que en sus últimas declaraciones como diputado aseguraba que todos los miembros de la Sala de lo Constitucional saldrían de ella. Esa bravuconería ignorante de un diputado saliente no tendría más peso que lo anecdótico si no hubiera sido premiado con un empleo en la misma Asamblea de la que el pueblo lo sacó. Lo preocupante es que el presidente de la Asamblea Legislativa se dedique en su discurso inaugural a lanzar una retahíla de acusaciones contra la Sala de lo Constitucional. Acusaciones en las que la ignorancia queda patente. De hecho, el único miembro del FMLN presente en la Asamblea que no aplaudió el discurso de Sigfrido Reyes fue, precisamente, un abogado experto constitucionalista.

También el Presidente de la República ha participado de esta especie de enfrentamiento con la Sala de lo Constitucional insistiendo en que ningún poder debe o puede inmiscuirse en el campo de otro. De entrada, esta afirmación hace sonreír irónicamente, puesto que el mismo Presidente ha insistido repetidas veces, y públicamente, en lo que la Sala debe hacer o no, y en las consecuencias —supuestamente terribles— que puede tener una de sus decisiones que no dé la razón al Ejecutivo. Nadie puede inmiscuirse en el poder ajeno, nos dicen los políticos, pero mientras la Sala no se dedica a criticar al Legislativo o al Ejecutivo, los responsables de estos dos poderes pueden presionar, insultar o incluso hacer afirmaciones jurídicas con una ligereza impresionante.

Lo que definitivamente no hace sonreír es que en estos ataques a la Sala de lo Constitucional los máximos jerarcas de los poderes mencionados muestren ignorancia de aspectos clave de la democracia. Todos sabemos que la democracia es un sistema de gobierno basado en valores. Y uno de ellos, fundamental, es la lucha contra el poder arbitrario. Para ello es indispensable que las leyes pongan límites al poder. En la democracia, en efecto, se le ponen límites al poder para que este no se imponga al ciudadano arbitrariamente. Ponerle límites al poder es una tarea constante de la democracia. Y al hablar de poder mencionamos en primer lugar al político, pero también al económico, al social, entre otros. Y los encargados de ver si esos límites se cumplen en nuestro país son precisamente los miembros de la Sala de lo Constitucional. En otras palabras, tanto el Presidente de la República como el de la Asamblea deberían saber que es obligación de la Sala inmiscuirse en los otros poderes cuando estos no cumplen o se salen de los límites que la Constitución les impone. Los que no pueden, en ninguna circunstancia, inmiscuirse en el ejercicio del poder judicial son precisamente los miembros de los otros poderes, que han jurado respetar la ley y que tienen que respetar la interpretación que de la misma hacen los jueces cuando emiten sentencia.

Precisamente por eso se busca, o se debe buscar, poner en la Sala de lo Constitucional a personas preparadas y libres. De la preparación de los miembros actuales no existió duda cuando se les eligió. De su libertad hay menos dudas cada día. ¿Cuál es el problema, entonces? El problema es que nuestros poderes políticos, Ejecutivo y Legislativo, están demasiado acostumbrados a actuar autoritariamente. No les gusta que nadie les ponga límites, y buscan desesperadamente detener a quienes se los ponen. Esa tradición autoritaria, que trata de convertir al poder judicial en un sujeto dependiente de los otros poderes políticos, ha sido tradicionalmente una de las peores lacras de la democracia salvadoreña. Así como una manifestación clara de que nuestros políticos no entienden ni el funcionamiento ni la esencia de la democracia en cuanto tal. Un poco más de reflexión, de escuchar opiniones e ideas, en vez de buscar siempre la imposición de los propios criterios, sería muy saludable para nuestros poderes. Ventilar su ignorancia supina en público, y hacerlo agresivamente en contra de personas ilustradas y libres, aúna a su desprestigio. Y sobre todo, más grave para la democracia, pierden autoridad moral.