Grito contra la impunidad

Amnistía Internacional, organización no gubernamental que trabaja por la justicia y la dignidad de las personas en más de 150 países, labor por la que ganó el premio Nobel de la paz en 1977, acaba de dar a conocer su informe sobre el estado actual de los derechos humanos en el mundo. El texto es más que un documento narrativo o descriptivo de hechos; es más bien una forma de memoria donde se hacen presentes la indignación, la resistencia y la esperanza. Indignación ante los abusos y atropellos a derechos fundamentales de personas y pueblos; resistencia ante quienes socavan los derechos humanos; y esperanza porque mantiene la convicción de que es posible que todos disfruten de los derechos consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos.

El accionar y los informes de Amnistía Internacional podemos considerarlos una voz profética de nuestro tiempo por defender los derechos y la dignidad de las personas pobres, denunciando las violaciones de derechos humanos que causan o agravan la pobreza, y haciendo que sus responsables rindan cuentas ante la justicia. Por defender a las personas migrantes, solicitantes de asilo, refugiadas, desplazadas o víctimas de trata, aumentando su protección legal y física, garantizando que no se les niegue su derecho a la educación, a la salud o a la vivienda. Por trabajar en el fortalecimiento de la justicia nacional e internacional, y por el derecho a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas, como las que han sufrido detención arbitraria, juicios injustos, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales o violencia de género.

En el informe de este año, Amnistía Internacional denuncia, entre otras cosas, los abusos contra las comunidades indígenas en América; el empeoramiento de la discriminación en África por la orientación sexual o la identidad de género; el endurecimiento del discurso xenófobo de algunos políticos europeos; y el descubrimiento, en México, de cientos de cadáveres de emigrantes en fosas clandestinas. En lo que respecta a El Salvador, algunos de los principales señalamientos son los siguientes. (1) Ha persistido la impunidad por las violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado (1980-1992). (2) Sigue vigente la ley de amnistía de 1993, a pesar de los reiterados llamados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado salvadoreño para su anulación. Una ley que impide que cualquier persona, entre ellos los miembros de las fuerzas armadas, rinda cuentas por violaciones de derechos humanos.

(3) Se elude el derecho internacional que reclama verdad y justicia en torno a crímenes contra la humanidad. El informe recuerda, en ese sentido, que en agosto de 2011 la Corte Suprema de Justicia decidió desatender una alerta roja emitida por Interpol a instancias de las autoridades españolas. En ella se pedía la detención y extradición de nueve exmiembros del Ejército acusados del asesinato de seis sacerdotes jesuitas españoles, su ama de llaves y la hija de esta. La Corte pidió a las autoridades españolas que complementaran otros trámites procesales antes de considerar la orden.

(4) Sigue suscitando preocupación la violencia contra mujeres y niñas. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos recibió múltiples denuncias que incluían violaciones de sus derechos sexuales y reproductivos. (5) Preocupa la situación de impunidad para la violencia de género en el país. El informe recuerda que la relatora especial de la ONU sobre la violencia contra la mujer expresó su honda preocupación por la inacción del Gobierno respecto a investigar, enjuiciar y otorgar reparación por estos crímenes.

Esta voz de Amnistía Internacional se suma a las posiciones más honradas de nuestro país, que han venido sosteniendo que la ley de amnistía, además de promover la impunidad, es contraria al derecho internacional en tanto que los crímenes de lesa humanidad no pueden ser amnistiados, y también es contraria a la Constitución de El Salvador, porque el Gobierno que la otorga no puede incluir en ella a sus propios funcionarios, tal como lo hizo en su momento el expresidente Cristiani. Por otra parte, y en lo que respecta a las exigencias que supone un Estado de derecho, una de las principales deudas del actual Gobierno es su poco o nulo interés en ratificar tratados internacionales que faciliten la justicia para las víctimas y garanticen la no repetición de crímenes de lesa humanidad. Nos referimos a los siguientes tratados: el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; las convenciones universal e interamericana contra la desaparición forzada; la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad; y el Estatuto de la Corte Penal Internacional. La falta de ratificación de estos tratados favorece el clima de impunidad y empobrece la voluntad de justicia.

El informe de Amnistía Internacional, pues, pone en evidencia uno de los problemas atávicos de la sociedad salvadoreña: la impunidad. Esto es, la resistencia a tener un sistema judicial independiente y con capacidad para investigar y castigar las violaciones de los derechos humanos. Además, el sistema sigue manteniendo niveles altos de corrupción, lo cual genera injusticia, desigualdad e inseguridad jurídica generalizada. En consecuencia, en la construcción de un Estado de derecho, democrático y constitucional, tenemos todavía un largo trecho que recorrer. Una condición ética indispensable en ese camino es escuchar con respeto y seriedad a las víctimas de la impunidad. Ellas deben ser el lugar preferencial para hacer real la esperanza de la justicia.