Impunidad, la confabulación estatal

El mismo día de la masacre en la UCA, los autores materiales fingieron un enfrentamiento dentro del campus y dejaron un burdo cartel diciendo que la guerrilla del FMLN había "ajusticiado" a las ocho víctimas indefensas, dos mujeres y seis sacerdotes, por "traidoras". Así comenzó a cumplirse la decisión tomada por el alto mando militar de entonces de ocultar o evadir su responsabilidad decisiva en semejante atrocidad. Pero no les funcionó, y Alfredo Cristiani tuvo que anunciar que una "comisión de honor" (creada supuestamente por él, a principios de enero de 1980) "investigaría" lo ocurrido. Esa entidad apareció de la nada, al fallar el intento inicial de esconder la verdad y por las enormes presiones de España y Estados Unidos, entre otros países.

En menos de una semana, como resultado de las "indagaciones" y para cerrar filas, informó públicamente quiénes eran los "únicos" responsables: nueve militares, entre soldados y oficiales. Pero no dijo cómo establecieron eso ni por qué se evitó escudriñar hacia arriba dentro de la jerarquía castrense. Lo que sí estableció otra comisión (la de la Verdad) fue que Rodolfo Parker, asesor jurídico de la comisión de honor, alteró declaraciones en las que se señalaba a las máximas autoridades de la Fuerza Armada de El Salvador.

Así las cosas, el caso se pretendió cerrar con las condenas del coronel Guillermo Alfredo Benavides y del teniente Yusshi René Mendoza. Tras la publicación, el 22 de diciembre de 1999, del informe de fondo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la masacre y las aberraciones estatales sobre los hechos, el entonces rector de la UCA exigió investigar y procesar tanto a los generales Juan Rafael Bustillo y Rafael Humberto Larios como a los coroneles René Emilio Ponce, Juan Orlando Zepeda, Inocente Orlando Montano y Francisco Elena Fuentes por la autoría intelectual; también a Cristiani por asesinato por omisión (era el Comandante General de la Fuerza Armada) y encubrimiento.

Entonces, el siguiente obstáculo fue el Fiscal General de la República de la época, Belisario Artiga, quien a finales de marzo de 2000 se negó a investigar a los siete imputados. Dijo que esperaría primero a que la Sala de lo Constitucional resolviera un recurso de inconstitucionalidad sobre la ley de amnistía. Esa sentencia se dio en octubre del mismo año. Y pese a que confirmó la constitucionalidad de la amnistía, estableció dos excepciones a la ley: la autoamnistía y la violación a derechos humanos reconocidos en el artículo 2 de la Constitución. Sobre eso cada juez debería resolver en cada caso.

Ante la presión de la representación de las víctimas, a cargo —como hoy en día— del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), Artiga intentó evadir de nuevo su responsabilidad presentando el caso al juez de Paz equivocado. La insistencia del IDHUCA forzó al entonces Fiscal General a presentar otro requerimiento a quien debía: la tercera jueza de Paz de San Salvador, pero esta vez pidiendo el sobreseimiento definitivo de los imputados por amnistía y prescripción. En el anterior, Artiga pedía enjuiciar y sancionar a los responsables porque sabía que no era ese el juez competente para tramitar el proceso.

La juez tercera de Paz de San Salvador instaló la audiencia inicial y no admitió amnistiar a los acusados, dándole así la razón a la representación de las víctimas. Sin embargo, no los procesó alegando la prescripción del caso, pese a que en el Código Procesal Penal el primer causal para interrumpir el plazo de la misma es, precisamente, que exista un impedimento legal o constitucional para investigar. Y ese impedimento se llamaba amnistía, la cual estuvo vigente del 15 de marzo de 1993 —cuando se aprobó— hasta esa audiencia inicial en diciembre de 2000.

Ante la determinación de la UCA de llevar el caso hasta las últimas consecuencias dentro del sistema de justicia nacional, los distintos funcionarios del mismo —desde el Fiscal General hasta la Sala de lo Constitucional— hicieron frente común para proteger a los imputados. En esa conspiración, que continúa firme, también han participado los presidentes de la República. Por ello, la UCA, a través del IDHUCA, dio la batalla legal en todos los niveles que estaban por encima del Juzgado de Paz que decidió sobreseer a los imputados de manera ilegal, pero sin que su titular se atreviera a amnistiarlos. Ponce, Cristiani y los demás no recibieron ese beneficio insolente que pronto cumplirá veinte años de vigencia y que ha impedido que la verdad y la justicia brillen en el país.

Lo último que hizo la UCA a nivel local fue presentar un amparo en la Sala de lo Constitucional por habérsele negado a las víctimas sus derechos a la justicia y a conocer la verdad sobre la autoría intelectual de la masacre, entre otros. Del todo y en todo, la decisión de esa Sala, emitida el 23 de diciembre de 2003, fue contra las víctimas. Como ya se veía venir eso, el IDHUCA se anticipó y acudió de nuevo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 17 de noviembre de ese año. Esa petición aún está esperando que se admita, aunque ya hay un informe de fondo sobre el caso, publicado en diciembre de 1999.

Por último, está la protección —"resguardo", se dijo— que el actual Gobierno brindó en agosto de 2011 a nueve militares reclamados por la justicia universal desde la Audiencia Nacional de España. En ese momento, se les permitió esconderse en el cuartel de la desaparecida Guardia Nacional hasta que la mayoría de integrantes de la Corte Suprema de Justicia (la llamada "Corte plena") decidió que las órdenes de captura internacionales de Interpol eran "alertas amarillas" u órdenes de localización. Gracias a ello, esos acusados y otros más no fueron llevados a la Audiencia Nacional de España.

Sin embargo, y con excepción de Cristiani, quien no fue llamado a juicio por el juez Eloy Velasco, el resto vivirá encerrado hasta el fin de sus días en una cárcel de veinte mil kilómetros cuadrados llamada El Salvador. Porque Velasco sigue esperando a tener a uno de los imputados ante él para iniciar la vista pública. Mientras, se está a la espera de lo que se decida en Estados Unidos sobre la extradición del coronel Montano, a quien el próximo 18 de diciembre le notificarán los años de su condena por mentir a las autoridades migratorias de ese país.

Pese a que tarda, sobre todo en este país, todo apunta a que la justicia llegará y el sistema nacional cambiará, no obstante los intentos oficiales y extraoficiales del Estado salvadoreño por impedir que eso ocurra. Los poderes formales e informales se confabularon para ello, pero —como ha ocurrido en otros países— serán derrotados por la buena y necesaria necedad de las víctimas y de una sociedad que ya no aguanta más esta inseguridad y violencia basadas en la impunidad.