Intocables

No se trata del grupo de rock guanaco que colocó éxitos como Qué difícil es y Todo parece cambiar. Tampoco de Eliot Ness y sus agentes combatiendo a la mafia en Chicago allá por la década de 1930. Ni de los delincuentes de cuello blanco que han hecho de las suyas en El Salvador, en perjuicio de las mayorías. Fuera de la banda nacional, los otros dos casos citados tienen que ver con crimen organizado. Es de otra expresión del mismo lo que ahora interesa comentar. De una cuyos sus miembros disfrutan en el país de total impunidad, bendecida por quienes antes se enfrentaron a balazos y bombazos para que ahora —a veintitrés años del fin de la guerra— coexistan política y pacíficamente más allá de los berrinches partidistas, electoreros, mediáticos y parlamentarios.

Hoy, en la víspera de otro aniversario más de la firma del acuerdo de paz, con el lujo de tener en la fiesta oficial al Secretario General de las Naciones Unidas, hay que recordar otro suceso. Hace tres años, Mauricio Funes derramó lágrimas al momento de pedir perdón por la responsabilidad estatal en la masacre en El Mozote. Ese instante del discurso oficial del 16 de enero de 2012 es inolvidable para las víctimas de las atrocidades cometidas por la Fuerza Armada de El Salvador. También cuando Funes, ya sin aparentar llorar, instruyó a los militares para que revisaran su historia y dejaran de honrar a violadores de derechos humanos, criminales de guerra y delincuentes contra la humanidad.

Hace tres años, Funes dijo en El Mozote: “Aquí se cometieron un sinnúmero de actos de barbarie y violaciones a los derechos humanos: se torturó y ejecutó a inocentes; mujeres y niñas sufrieron abusos sexuales; cientos de salvadoreños y salvadoreñas hoy forman parte de una larga lista de desaparecidos; mientras otros y otras debieron emigrar y perderlo todo para salvar sus vidas” […] Por las aberrantes violaciones de los derechos humanos y por los abusos perpetrados, en nombre del Estado salvadoreño pido perdón a las familias de las víctimas y a las comunidades vecinas […] a las madres, padres, hijos, hijas, hermanos, hermanas que no saben hasta el día de hoy el paradero de sus seres queridos”.

Luego señaló al teniente coronel Domingo Monterrosa Barrios y a otros oficiales como los jefes y autores directos de la masacre. Por eso, decidió, como comandante general de la Fuerza Armada, “instruir a la institución la revisión de su interpretación de la historia […] Precisamente porque a 20 años de los Acuerdos de Paz estamos ante una institución militar diferente, profesional, democrática, obediente al poder civil, no podemos seguir enarbolando y presentando como héroes de la institución y del país a jefes militares que estuvieron vinculados a graves violaciones a los derechos humanos”.

Tras un par de días, el entonces ministro de la Defensa Nacional, el general José Atilio Benítez, declaró que se había formado una comisión especial para tal fin. Pero cuando le preguntaron si le quitaría el nombre de Monterrosa a la Tercera Brigada de Infantería, brincó: “Muchos lo seguimos viendo como un héroe, porque dio incluso su vida por defender al país de una agresión de ese momento”.

En la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las víctimas de la masacre en El Mozote pidieron que el Estado salvadoreño retire de sus dependencias los nombres de los autores de las atrocidades cometidas y que se deje de homenajearlos. ¿Qué respondió Cancillería? Citó la perorata de Funes de hace tres años, sosteniendo que había hecho “un llamado muy claro no solo para la Fuerza Armada de El Salvador […] sino a diferentes sectores que son independientes del poder ejecutivo salvadoreño para abstenerse de exaltar a personajes vinculados a violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado”.

Ese llamado tan claro le quedó claro a toda la gente, excepto a Benítez y a Funes. Este último declaró, en diciembre de 2013, que no había prometido quitar nombres de violadores de derechos humanos a los cuarteles. “Yo lo que solicité”, dijo, artificioso como siempre, “es una investigación al Ministerio de Defensa. La investigación ya se concluyó y está en estudio por la Secretaría Jurídica de la Presidencia. Sobre la base de los resultados de esa investigación, decidiremos si como Gobierno de la República mantenemos o no los nombres de los destacamentos militares”.

Funes ya se fue y el fortín migueleño se sigue llamando “Teniente coronel Domingo Monterrosa Barrios”. El informe del adefesio creado exclusivamente para “obedecerle” a Funes costó alrededor de $20,000 y está fechado el 7 de marzo de 2013. En su texto se disculpa al Ejército de la siguiente manera: “[L]a Comisión entiende la naturaleza compleja, sensible y controversial de algunas acciones armadas que se dieron en el marco de una guerra irregular en la que la estrategia y las tácticas del contrario involucraron a la población civil en tareas de apoyo a sus acciones armadas [lo que en] ocasiones hizo que resultara muy difícil para la Fuerza Armada la efectiva identificación del adversario insurgente”.

Esto debe entenderse así: las numerosas mujeres violadas y asesinadas junto a decenas de niñas y niños en la masacre en El Mozote, a manos de los militares, solo por citar un ejemplo, fueron víctimas de una confusión no imputable a sus victimarios, sino a la insurgencia. Igualmente, Julia Elba Ramos, su hija Celina y los seis jesuitas ejecutados en la UCA hace 25 años fueron víctimas porque la soldadesca creyó que eran parte de la guerrilla “comandada” por Ignacio Ellacuría.

En cuanto a los nombres de los cuarteles que “honran” a responsables de graves violaciones de derechos humanos, crímenes de guerra y delitos contra la humanidad (en el informe se les denomina “honrosos oficiales”), esa Comisión dijo que era “conveniente” conservarlos “por el respeto a los procesos debidamente observados y legitimados en su tiempo, y por el justo reconocimiento de transformación que por veinte años ha experimentado la Fuerza Armada, como producto de su profunda modernización y profesionalización”. Tanto ha “cambiado” la Fuerza Armada y tan cumplidora ha sido de los mal llamados Acuerdos de Paz que, a 23 años del final de la guerra, sigue negándose a abrir sus expedientes para que las familias de las víctimas desaparecidas por la fuerza sepan qué pasó con sus seres queridos.

Lo que la funesta Comisión de Funes “revisó”, la barbarie castrense de aquellos años, que sigue produciendo dolor a tanta gente, es la historia oficial de la posguerra. Sus responsables continúan siendo, pues, intocables en El Salvador. Esa historia oficial, según Ignacio Martín-Baró, es la que “ignora aspectos cruciales de la realidad, distorsiona otros e incluso falsea o inventa otros [...] Cuando, por cualquier circunstancia, aparecen a la luz pública hechos que contradicen frontalmente la ‘historia oficial’, se tiende alrededor de ellos un ‘cordón sanitario’ […] que los relega a un rápido olvido […] La expresión pública de la realidad […] y, sobre todo, el desenmascaramiento de la historia oficial […] son consideradas actividades ‘subversivas’ y en realidad lo son, ya que subvierten el orden de mentira establecido”. Nada, pues, parece cambiar, a pesar de los llamados Gobiernos del cambio y la esperanza.