La investigación de la corrupción es indispensable para la democracia. Y en El Salvador, la ausencia seria de este tipo de investigación muestra precisamente la debilidad de nuestra democracia. Una democracia no es fuerte cuando los políticos se enriquecen tan ilícita como impunemente. Y por supuesto, la falta de investigación muestra claramente que las instituciones básicas del Estado son sumamente débiles, o están al servicio de los intereses de los políticos dominantes, o participan de la misma corrupción. Más allá de los casos que se han tocado últimamente, lo cierto es que la corrupción debería estar en el debate político electoral con seriedad y con propuestas reales y claras para evitarla. Conocer públicamente el patrimonio de los políticos y altos funcionarios institucionales, darle seguimiento a las variaciones de su patrimonio, tener instituciones independientes con acceso inmediato a sus cuentas bancarias y con capacidad de pedir explicaciones son medidas indispensables para combatir la corrupción.
Forma parte del pensamiento común que la corrupción es una plaga. Incluso, en instituciones como la Asamblea Legislativa se habla desde los tiempos de Francisco Flores del "hombre del maletín", supuesto diputado que llevaba los fajos de billetes con los que compraba votos y voluntades. Podrá ser cierto o simplemente un mito urbano, pero muestra la desconfianza de la ciudadanía ante los políticos. Cuando se publican presupuestos, gastos de viaje, formas de repartir el dinero entre asesores, o cuando se niegan respuestas al nuevo Instituto de Acceso a la Información, surge con frecuencia la indignación o la sospecha ciudadana. Mientras la mayoría pasa apreturas, el uso del dinero en algunas instituciones estatales (no en todas) es irresponsable, cuando no escandaloso. Viáticos de 300 dólares diarios en viajes mientras se tiene todo pagado es algo vergonzoso cuando estamos simultáneamente asignando salarios mínimos de 3.60 dólares por día.
Por otra parte, impacta que personas que han tenido el máximo puesto en la judicatura se hayan aprovechado de un bono para quienes renuncian a su trabajo, presentando la dimisión a sus puestos de elección pocos días antes de que su período terminara. No solo lo hicieron, sino que además defendieron ese oportunismo ventajista y tramposo en propio beneficio como algo ético. El que en esas instancias supremas se recurra a subterfugios para presentar lo incorrecto como correcto asusta. Porque si eso se hace tan abiertamente en algo tan sensible para la opinión pública, uno puede preguntarse con razón qué arreglos se podrán hacer en el secreto de las negociaciones entre los mismos magistrados. Un paso positivo ha sido que la actual Corte de Cuentas se haya pronunciado en contra de ese tipo de amaños de la Corte Suprema de Justicia.
En este contexto, la investigación constante y seria, tanto del lado de la ciudadanía como del periodismo independiente y de nuestras instituciones, es una exigencia no solo ética, sino imprescindible para el desarrollo del país. Investigación que debe hacerse no solo frente a políticos sospechosos de haber cometido fraudes y robos en sus administraciones, sino también contra empresarios que evaden impuestos o envían dinero negro hacia paraísos fiscales. Aunque en estos temas estamos en pañales, cada vez más hay estudios eficientes que pueden darnos pistas para la investigación. La información y los cálculos de Global Financial Integrity, que afirman que de El Salvador salieron 8,700 millones de dólares hacia paraísos fiscales en la primera década de este siglo XXI, puede servir de pista para la investigación de la corrupción en la política y en el campo empresarial.
Debajo de la corrupción está siempre como sustrato una ética individualista, que de tanto insistir en que lo mejor para el sujeto lo es también para la sociedad, acaba llevando a las personas a considerar sus intereses como prioritarios sobre cualquier otra realidad. Valorar la libertad individual como algo absoluto y dejar la solidaridad y la responsabilidad ética como temas secundarios y de libre elección, destruye a las sociedades y las condena siempre al fracaso. La corrupción es el resultado ordinario de ese modo absurdo de considerar la vida social como la sumatoria de los egoísmos que solamente consideran algunas reglas para convivir. Si este modo de pensar se da, y en El salvador se ha dado con demasiada frecuencia, las normas casi siempre son favorables a los más egoístas. Porque son ellos los que dominan, generalmente por la fuerza bruta, las instituciones y la regulación de la convivencia. Enfrentar la corrupción con energía y eficacia, investigarla a fondo, es un primer paso para construir una sociedad donde la solidaridad pueda tener el mismo y legítimo nivel que la libertad. Una sociedad, en ese sentido, que merezca de verdad el calificativo de democrática. Porque así como no hay democracia sin libertad, tampoco puede haberla sin solidaridad.