Jóvenes y violencia

"Construyendo un futuro de paz" se denomina la propuesta de política pública derivada de un proceso de diálogo y consulta entre organizaciones de la sociedad civil, especialistas, jóvenes y funcionarios de Gobierno. La propuesta plantea tres niveles de prevención y un total de 17 estrategias orientadas a prevenir la violencia que afecta a la adolescencia y la juventud de El Salvador.

En las respuestas de los distintos Gobiernos al problema de la violencia que impacta a la juventud, se ha privilegiado la dimensión coercitiva (reacción violenta a la violencia), dejando en un segundo plano las dimensiones preventivas (más vigilancia, desarme, más investigación) y correctivas (crear condiciones socio-económicas más justas y equitativas). Por eso, este tipo de planteamientos —más preventivos que reactivos— deben recibirse como una buena noticia que, de hacerse efectiva, puede constituirse en un sólido fundamento de la sociedad pacificada y reconciliada que la mayoría de salvadoreños anhelamos.

El primer nivel de prevención que se presenta en el documento se orienta a reducir los factores de riesgo, potenciar el desarrollo integral de la juventud y promover la seguridad y convivencia pacífica. El presupuesto de esta medida es que la reducción de los factores de riesgo tiene que ver en principio con mejorar la calidad de vida de los jóvenes. Esto implica que el Estado implemente políticas que garanticen los derechos humanos, reduzcan la desigualdad y preparen a este sector de la población con herramientas para la construcción de una cultura de paz. Una de las estrategias en este sentido es el impulso de la organización y protagonismo juveniles en aquellas decisiones que pueden afectarles de manera directa y significativa.

Un segundo nivel se refiere a las medidas de atención a grupos vulnerables, como víctimas, comunidades en riesgo y grupos especiales. En este aspecto, una de las estrategias sugeridas es la focalización en personas asociadas con maras y pandillas. Con tal medida se busca facilitar la posibilidad de retiro de la vida pandilleril mediante un proceso de inserción social integral para adolescentes y jóvenes que pertenecen a pandillas o que han estado relacionados con ellas, pero que no están siendo procesados penalmente.

La prevención terciaria está dirigida a personas que han cometido actos delictivos y a quienes el Estado ha impuesto una sanción que, en la mayoría de los casos, implica la privación de la libertad. Con ello se pretende impulsar procesos de resocialización y rehabilitación con adolescentes y jóvenes que han causado hechos violentos. En este plano, se trata de reducir el impacto negativo de la privación de libertad, recuperar a la víctima en el proceso penal y rehabilitar al ofensor para evitar mayor violencia o la reincidencia.

Cada ámbito de prevención está dirigido a una juventud específica. La prevención primaria está orientada a los adolescentes y jóvenes en riesgo social; la prevención secundaria, a los que pertenecen a grupos susceptibles de ser víctimas de la violencia o de reproducirla; y la prevención terciaria se dirige a los jóvenes y adolescentes que ingresan al sistema penal.

Esta propuesta de política pública, pues, es valiosa por sus autores, su método y sus contenidos. En ella han trabajado instituciones que tienen conocimientos y experiencia sobre el tema: la Fundación de Estudios para la aplicación del Derecho (Fespad), el Servicio Social Pasionista y la Alianza Internacional para la Consolidación de la Paz (Interpeace). Para elaborar la propuesta, se conformaron tres mesas de trabajo organizadas por niveles de prevención; en cada mesa participaron funcionarios públicos, representantes de organizaciones sociales y agrupaciones juveniles. En lo que respecta a los contenidos, se enfatizan las soluciones integrales, es decir, aquellas orientadas a mejorar la calidad de vida de los jóvenes y que están directamente relacionadas con el fomento de la educación y la convivencia pacífica; la formación laboral y empleo decente; la atención a los grupos vulnerables; la recuperación de las comunidades con altos índices de violencia; el fortalecimiento de la capacidad institucional para la atención a jóvenes en conflicto con la ley penal, entre otras.

Recientemente, en el primer Estudio Global sobre Homicidios realizado por Naciones Unidas se revelaba que Centroamérica, con una tasa de 16 homicidios por cada 100 mil habitantes, es la región del planeta más peligrosa y su juventud, la más afectada por la violencia. Una gran parte de los actos delictivos que se generan dentro de la sociedad centroamericana se atribuye a las pandillas. Los pandilleros, ante todo, son agentes de violencia contra otros pandilleros, pero también contra gente común, la comunidad y la policía. Pero a la vez estos no son solo victimarios sino también víctimas de la violencia, tanto de la que proviene de la pandilla rival como de la que ejercen sobre ellos la policía, las personas particulares y los miembros de su misma pandilla. No parece obvio que la sociedad pueda tener una deuda pendiente con los jóvenes miembros de las pandillas, cuya sola presencia indica que algo no marcha bien en El Salvador. Pero sí está claro que las autoridades tienen la obligación de diseñar e implementar mecanismos que vayan más allá de la mera coerción. En la propuesta aquí reseñada se ha puesto el acento en los programas de prevención y se toman en cuenta, más que antes, las necesidades primordiales de la juventud; tiene entonces las características de una buena política pública que debe ser desarrollada.