Justicia restaurativa

En torno al Festival Verdad, el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA) suele tener unos días de reflexión. El tema es siempre los derechos humanos, que de modo festivo se celebran en el concierto de cierre, fiesta musical dedicada a la lucha por la verdad y la justicia. Este año, la jornada de reflexión consistió en la instalación y funcionamiento de un tribunal de justicia restaurativa; una oportunidad para que las víctimas de violaciones a los derechos humanos dijeran su palabra, fueran escuchadas por juristas especializados y obtuvieran una respuesta desde la justicia. Siendo un tribunal simbólico, las sentencias simplemente restauran la dignidad de las víctimas, reconfirmando desde la legislación internacional el derecho de éstas a la verdad y a recuperar su dignidad. Y, asimismo, se condena en este caso al Estado, que no defendió a las víctimas ni se ocupó de ellas en ningún momento.

Este tribunal trae a la memoria una vez más la ley de amnistía con la que se cubrieron las graves violaciones a los derechos humanos durante la guerra civil. Una ley que ha sido presentada como indispensable para la paz, cuando en realidad ha sido una bofetada permanente a los derechos de las víctimas: derecho a la verdad, a ser reconocidas como personas dignas, a recibir una compensación al menos moral en la que quede patente quién es la víctima y quién fue el verdugo.

Por el bien común y la cohesión social de nuestro país, es importante abrir camino a la verdad. Frente a la ley de amnistía, que impidió de hecho el acceso a la verdad y a la compensación a las víctimas, necesitamos hoy tanto la derogación de dicha ley como la promulgación de una nueva, que podría llamarse "de reconciliación" y que tuviera los siguientes elementos.

En primer lugar, el acceso a todo tipo de archivos oficiales cuando se trate de establecer la verdad sobre las violaciones a derechos humanos. En especial las ONG podrían con esa ley obtener fácil paso hacia cualquier tipo de información estatal sobre actividades conducentes a, o encubridoras de, los graves actos violatorios de derecho cometidos contra individuos o poblaciones salvadoreñas.

En segundo lugar, esa ley debe establecer formas de compensación tanto moral como —en algunos casos— pecuniaria para aquellos grupos o personas que se han visto afectadas por crímenes de lesa humanidad. Masacres, secuestros, violaciones, homicidios por motivos políticos, tortura son delitos que no prescriben y frente a los cuales las víctimas tienen pleno derecho al menos a saber la verdad y a recibir compensación. Las compensaciones irían desde el reconocimiento de la verdad y la afirmación formal de la dignidad de la víctima, hasta algunas compensaciones como la de construir servicios básicos y de calidad en comunidades que hayan sufrido masacres; pasando por algunas indemnizaciones otorgadas a aquellas personas que hayan quedado totalmente desprotegidas a causa de las violencias sufridas, o que hayan quedado con daños permanentes.

Finalmente, esta ley debe establecer formas de indulto para quienes sean descubiertos como autores de delitos de lesa humanidad. La guerra fue tan cruel y tan extendida que es difícil pensar en juicios formales en nuestro sistema judicial. En seis meses, la Comisión de la Verdad recogió en torno a 20,000 acusaciones de graves violaciones a los derechos humanos. Ciertamente, nuestro sistema judicial no tiene la capacidad de manejar una avalancha de ese tipo, si siquiera el personal adecuado para hacerlo bien. Por ello, es importante establecer en esa ley formas creativas, como los tribunales de justicia restaurativa, u otros mecanismos como los que adoptó Sudáfrica al final de su guerra civil. El intercambiar perdón por reconocimiento de la verdad es un paso importante. Pero también en algunos momentos el hecho de que las víctimas puedan expresarse, incluso delante de sus victimarios, puede ser un mecanismo de reconciliación necesario.

Dejar las cosas como están es dejar el dolor pudriéndose en las entrañas de nuestro pueblo. Las heridas cicatrizan mejor al aire y no encerrándolas en infinidad de vendas. El pueblo salvadoreño además ha manifestado una gran madurez en estas últimas elecciones, no dejándose arrastrar por el clima de violencia verbal que los partidos y algunos sectores de la sociedad civil habían creado irresponsablemente. Algo debe cambiar también en este terreno de la reconciliación, después de una ley de amnistía que ha sido un insulto para los pobres y que ha impedido sistemáticamente el acceso a la verdad. Impedir el acceso a la verdad, negarles su dignidad a las víctimas, es también una forma de mantenernos en el subdesarrollo moral. Y ese subdesarrollo suele ser el peor de todos y el que más obstaculiza el camino hacia un desarrollo digno.