Justicia restaurativa e identidad universitaria

Recientemente concluyó en la UCA el décimo primer Tribunal Internacional para la Aplicación de la Justicia Restaurativa, un evento único en El Salvador y Centro América que busca, desde la sociedad civil, la academia y las propias víctimas, abordar casos de graves violaciones a  derechos humanos durante el conflicto armado. Este evento es necesario en nuestro país porque la verdad y la memoria son el camino para una efectiva procuración de justicia; un camino que pasa necesariamente por abrir espacios para que las víctimas se puedan expresar y contar sus historias.

Desde aquel primer Tribunal realizado en la parroquia Jesucristo Liberador de la UCA en 2009, en el que participara de manera extraordinaria nuestra querida María Inés Ochoa con canciones a capela dedicadas a las mujeres víctimas de la masacre de El Mozote, se ha venido forjando un modelo de justicia transicional que se fundamenta en el contexto social, político y jurídico de la realidad salvadoreña. Un modelo en el que es la propia sociedad civil la que genera el empuje necesario para la reconstrucción del tejido social y la construcción de la memoria y la verdad desde su sufrimiento y desde sus esperanzas.

Este año, el Tribunal abordó casos de graves violaciones a los derechos humanos contra estudiantes de la UCA; casos como el del poeta Mauricio Vallejo, de Georgina Rodríguez, la masacre en las gradas de Catedral del 8 de mayo de  1979 y la masacre del 22 de mayo de 1979. Estos casos ilustran la forma en que la comunidad universitaria, entendida como un todo, ha aportado no solamente a la vida cultural, académica e intelectual del país, sino que se ha sabido fundir con el pueblo crucificado, un pueblo víctima de la represión e injusticia históricas.

Estos estudiantes, junto a muchos otros como Antonio Girón, Delfina Góchez, José Roberto Sarmiento, Mauricio Scaffini y Roberto Funes, encontraron en la UCA no solamente el espacio para formarse profesionalmente, sino, y por sobre todo, para llenar su necesidad de aportar, desde una visión crítica, a las más profundas y verdaderas transformaciones sociales, políticas y culturales que el país necesitaba. Ellos alzaron su voz desde las aulas, los plafones y los consejos estudiantiles, pero también acompañaron a las comunidades, se solidarizaron con obreros y campesinos en las fincas y fábricas, estuvieron en las calles y desde las gradas de Catedral junto a otros estudiantes, maestros y pobladores de tugurios denunciando la represión, las arbitrariedades del poder y animando a la lucha popular.

Ellos se tomaron en serio aquello de que las tres funciones universitarias tienen como “última finalidad […] incidir real y eficazmente en el cambio social […] en relación directa con las fuerzas y procesos sociales […]” y que la situación de injusticia y represión era el resultado de una situación estructural que debía ser sustituida por una sociedad donde imperara la justicia, la libertad y, sobre todo, la solidaridad. Y es precisamente por esto que asumieron, como lo planteaba la UCA, que no se podía actuar de espaldas a las mayorías oprimidas y que solamente esa forma de actuación, de cara al pueblo, garantizaría credibilidad ante la sociedad salvadoreña y haría que las víctimas reconocieran en la proyección social de la Universidad un fuerte elemento de apoyo a sus más justas exigencias.

Es por todo esto que no debemos olvidar que estos jóvenes que fueron reprimidos, torturados, desaparecidos y asesinados asumieron su compromiso de lucha desde su identidad universitaria, desde su sentido de pertenencia a la UCA, desde su inspiración cristiana y desde la pretensión institucional de ser una universidad distinta y comprometida. Ellos pagaron un alto precio por asumir este compromiso y, con ellos, nosotros también la Universidad lo pagó. Durante décadas fue golpeada por decir la verdad: bombas, calumnias, asesinatos, persecución, exilio y tortura la hicieron compartir la suerte de decenas de miles de personas. Hoy que nos acercamos al XXX aniversario de nuestros mártires, debemos recordar que el victimario no solo causa con su accionar un daño a la víctima, sino que atenta contra toda la sociedad, y que mientras estos y otros casos no se resuelvan seguirán siendo revictimizadas de manera permanente a través de sus familias y de la sociedad en su conjunto.

El que el Tribunal se haya desarrollado este año en el campus para abordar estos hechos tiene una triple significación. Por un lado, nos recuerda el sentido martirial de la UCA, con estos mártires populares, como dijo san Óscar Arnulfo Romero, pero en definitiva, jóvenes que aprendieron en las aulas que debían desarrollar una praxis de vida que transformara la realidad. Por otra parte, reafirma la identidad de la UCA como una universidad para el cambio, una institución que, sin perder su sentido académico, ha sabido ser conciencia crítica de la sociedad de cara a la historia y que por eso también ha pagado un alto precio; y, finalmente, que la institución sigue siendo fiel al testimonio de quienes fueron y siguen siendo víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, y que sigue contribuyendo desde estos espacios, como el creado por el Idhuca, para que la sociedad civil diga su palabra y que se posibilite el encuentro con la verdad y el reconocimiento de la víctima, de su dignidad y protagonismo, y que se abran las puertas a la reparación.

* Paulino Espinoza, director del Centro Cultural Universitario.