La Cicíes y la impunidad

La Cicíes está en marcha. La OEA se ha comprometido a apoyarla y la ONU está estudiando la forma de colaborar. Faltan normas que la rijan, objetivos claros, aparato institucional y personal adecuado. Pero es evidente que hay voluntad gubernamental y posibilidades de apoyo. Así las cosas, está claro que las Cicíes será más pronto que tarde una realidad. Y precisamente porque está en construcción es importante que la ciudadanía participe dando opinión, haciendo propuestas y aportando. Al final, será una institución orientada al servicio de todos. En ese sentido, vale realizar algunas acotaciones sobre los objetivos, pues de momento la tendencia parece dirigirse exclusivamente a la lucha contra la corrupción estatal y su tradicional impunidad, algo muy limitado. No incluye por ejemplo la corrupción empresarial que se vale de organismos offshore y dinero depositado en paraísos fiscales para evadir impuestos. Y al estar tan orientada a la corrupción de funcionarios del Estado, tampoco toca la impunidad de los graves crímenes, todavía impunes en su inmensa mayoría, de nuestra guerra civil.

Sería una auténtica vergüenza que tanto la OEA como la ONU trabajaran exclusivamente el tema de la impunidad de los funcionarios gubernamentales que han cometido delitos de corrupción. Desde los principios de ambas instituciones, que parten de la igual dignidad y libertad de la persona, es evidente que los crímenes de guerra y de lesa humanidad son más graves que la corrupción estatal. Y por eso la ONU y la OEA tienen instituciones dedicadas a defender los derechos humanos, especialmente en el campo de la vida y de la integridad personal. Centrarse en la corrupción y olvidarse de la impunidad de crímenes de lesa humanidad no tiene sentido. La ONU y la OEA trabajarían en el tema mientras permiten que crímenes muy graves, que están obligadas a enfrentar, permanezcan sin castigo. Al final, en la medida que la lucha contra la impunidad de la corrupción estatal distraiga de lo prioritario, la ONU y la OEA podrían aparecer como cómplices de la impunidad más brutal en El Salvador.

Por otra parte, hay menos impunidad respecto a la corrupción que respecto a los crímenes de lesa humanidad y de guerra. De hecho, tenemos un expresidente preso, dos expresidentes a los que se les abrieron procesos por corrupción (uno de ellos fallecido y el otro huido) y varias figuras políticas que están enjuiciadas o condenadas. Es cierto que hay algunas limitaciones. Por ejemplo, a pesar de haber plena prueba de que el partido Arena gastó institucionalmente dinero corrupto, no lo ha devuelto como corresponde por ley. Pero las cosas han avanzado más que las investigaciones y juicios sobre las gravísimas masacres perpetradas durante la guerra. La Fiscalía ha dedicado más fiscales y recursos a combatir la corrupción que a perseguir los delitos de lesa humanidad. Estando mejor y siendo más eficaz la lucha contra la corrupción que el enjuiciamiento de crímenes de lesa humanidad, ¿es justo que la Cicíes atienda solamente los delitos de corrupción?

La ONU y la OEA deben reflexionar para no obrar al estilo de nuestros países, que buscan con frecuencia éxitos en ciertas cuestiones y dejan intactas o casi intactas las causas de los problemas. Con el riesgo, además, de que cuando haya cambio de Gobierno en El Salvador, un presidente corrupto les doble el brazo e incluso meta preso a un buen fiscal, como lo ha intentado hacer Jimmy Morales en Guatemala con Thelma Aldana. Combatir la impunidad significa enfrentar los abusos más graves del poder contra el ciudadano. Y el abuso más grave e impune en El Salvador es el de los delitos de lesa humanidad y de guerra. Sería desalentador que la ONU y la OEA se dejen arrastrar por el afán de espectáculo y dejen desamparadas a las víctimas de esos delitos, eso sí, rodeadas de pactos, convenciones y tratados de derechos humanos que se quedan solamente en el papel.

* José María Tojeira, director del Idhuca.