La eficacia del ridículo

Sorprendentemente, un anuncio publicitario de una transnacional de telefonía crispó tanto a los diputados que casi llegan al extremo de exigir censura, regulaciones más estrictas e incluso el retiro de la concesión. Maravilla que unos políticos tan avezados hayan podido ser sacudidos por unos cuantos segundos de una propaganda comercial que, por otro lado, hizo las delicias de los asiduos a las redes sociales. La publicidad “desestabilizadora” es una parodia, bastante torpe por cierto, que ridiculiza la irresponsabilidad, la corrupción y la vanidad de ciertos políticos.

Los ofendidos se consideran difamados, sienten que su dignidad y la de su familia ha quedado por los suelos. Prescindiendo de si hay o no fundamento para una acusación por difamación, los diputados han intentado despertar la solidaridad popular mediante una curiosa pirueta retórica. Para ellos, habrían resultado ofendidos todos los funcionarios públicos, la idiosincrasia nacional y la dignidad del pueblo salvadoreño. Pecan por exceso de representatividad. Excepto los incondicionales de siempre, los asiduos a las redes sociales disfrutaron en grande la pantomima. La publicidad no ridiculiza al pueblo salvadoreño ni a su idiosincrasia, sino al diputado corrupto, inepto y vanidoso. De todas maneras, es llamativo que esos diputados no reaccionen con la misma ira cuando esa misma publicidad denigra a la mujer y la convierte en objeto de placer masculino.

La desproporcionada reacción de los diputados, más que la publicidad misma, ha puesto en evidencia la ineptitud legislativa, la corrupción y la necesidad de combatirlas con controles, transparencia y apertura a la crítica. Pero eso es, precisamente, lo que evitan, tal como lo muestra la negativa a identificar a los donantes de sus partidos o al conductor del vehículo de Casa Presidencial (muy alto debe encontrarse en la jerarquía gubernamental para tantas evasivas), o la ligereza con la que evaden la acusación contra el embajador en Alemania o con la que el director de la Policía y el Ministro de Gobernación restan valor a la acusación fiscal contra uno de los grupos de exterminio. Esa conducta gubernamental es la que invita al irrespeto y a la insolencia.

Los diputados ofendidos han demostrado poca capacidad para la crítica y muy poco humor para reírse de sí mismos. Quizás no puedan hacerlo. La realidad de su vida no se los permite. Han bastado unos pocos segundos de mala pantomima para que otros se rían de unos diputados muy pagados de sí mismos. Esos segundos han sido más eficaces que todos los señalamientos discursivos. La eficacia de la ridiculización es innegable. A veces, el humor es mucho más efectivo, y destructor, que la retórica bien articulada. El ridículo ha destrozado la imagen de políticos responsables, honestos y eficaces, cuidadosamente construida por sus asesores. Bueno sería que esta inesperada circunstancia los hiciera recapacitar para actuar más en la línea del servicio de los intereses populares.

La exposición pública del infractor presuntamente juicioso y honesto es una sanción más insoportable que la compensación económica y la prisión. La verdad de sus actuaciones desautoriza la imagen proyectada ante la sociedad, las amistades y la familia. Más que ser descubierto, el violador de los derechos humanos teme la exposición pública de sus mentiras. Esa es una de las cuestiones de fondo en el caso de los exmilitares acusados de la masacre en la UCA. La extradición expedita de pandilleros no es problema para los diputados y los políticos, porque ya han sido clasificados como delincuentes y terroristas. No así con la de los exmilitares acusados de los mismos delitos, porque estos pasan por patriotas. Por eso, la Fuerza Armada no puede pedir perdón a sus víctimas ni la Policía Nacional Civil reconoce sus errores.

El delito del funcionario público es mucho más grave que el del delincuente común por la crisis de credibilidad de la política, por la crisis financiera del Estado y por las apremiantes necesidades sociales de la mayoría de la población. De la misma manera que se cargan las tintas penales contra el pandillero, también debieran aumentarse las penas contra estos funcionarios. En realidad, dadas las circunstancias, sería suficiente que la Fiscalía y la Policía fueran diligentes en capturarlos y en sentarlos ante el juez.