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Libertad es su dogma, es su guía que mil veces logró defender;
y otras tantas, de audaz tiranía rechazar el odioso poder.
Apenas un mes después de la marcha del 15 de septiembre, que revistió de un carácter cívico y popular una fecha que parecía condenada al frío ritual oficialista repleto de militares, llegó otra de semejantes características para plantar un desafío al régimen. El aparato se centró en simplificaciones ya conocidas de su repertorio: el fracaso de la actividad, “los mismos de siempre”, la mano de George Soros, etc. Es necesario contextualizar debidamente esta manifestación de protesta y las demandas legítimas que se plantearon, más allá de los señuelos de la propaganda estatal.
De momento, parece que el presidente solo escucha a una pequeña camarilla. No es observable una orientación política de largo plazo que no sea la de concentrar el poder. El proyecto cyan apenas ejecuta paliativos para aliviar la crisis y estos son capturados por la vieja lógica de patronazgo y clientelismo, como se pudo ver en las últimas elecciones. No es previsible un proceso racional de formulación, implementación y evaluación de políticas públicas, porque el mandatario confía en sus intuiciones y, además, porque seguir procesos ordenados y fundamentados es incompatible con la voracidad con la que el oficialismo está convirtiendo dinero público en privado sin ningún control institucional o ciudadano, gracias a que ha copado el conjunto de poderes públicos. Sin frenos ni contrapesos, no hay otra forma de canalizar el malestar social que en las calles. Vale la pena analizar algunas de las demandas planteadas.
Una de ellas es el derecho al agua, contra el cual legisla la bancada cyan: extendió a quince años los permisos de explotación del agua en favor de los depredadores ambientales. El régimen se ha caracterizado por ponerse a las órdenes del capital en materia medioambiental, otorgando permisos a diestra y siniestra para megaproyectos. Encubre ideológicamente estas contraproducentes facilidades bajo el pretexto de que no se puede detener el desarrollo. Esto es caldo de cultivo para futuros conflictos socioambientales, pero a los capitalistas detrás de los grupos inmobiliarios o agroindustriales ecocidas parece no importarles; mucho menos al Gobierno, indiferente a las comunidades sedientas.
¿A cambio de qué se tomó esa decisión? ¿Cuánto inyectaron las industrias extractivas a las campañas electorales de quienes toman este tipo de decisiones? Si la Asamblea Legislativa simplemente acató órdenes superiores, ¿acaso fue directamente el clan Bukele y/o sus operadores quienes negociaron con los empresarios interesados (algunos de los cuales participaron en aquella célebre reunión pandémica entre representantes del gran capital y el mandatario)? Al parecer, los “poderes” legislativo y judicial se han convertido en meras instancias de trámite. Ni los diputados ni los magistrados impuestos el 1M osan desobedecer, mucho menos renunciar y dejar de formar parte de la trama de autoritarismo y corrupción.
Otras reivindicaciones vienen del movimiento feminista. Existe preocupación por el número de feminicidios y desapariciones de mujeres. La fosa de Chalchuapa representa la punta del iceberg de esta violencia machista a gran escala bajo la mirada indiferente de las autoridades. ¿Es casual que donde se encontraron decenas de cuerpos de niñas y mujeres sea la casa de un expolicía? ¿Se ha hecho un esfuerzo por investigar más allá de la hipótesis del asesino solitario? ¿Se ha investigado adecuadamente el modus operandi detrás de ese tipo de fosas? ¿Cuántas más hay diseminadas por el territorio? También existe indignación por los incontables embarazos de niñas y las agresiones sexuales que subyacen a ellos. Bukele no solo se ha negado a tratar estos problemas con la profundidad que merecen, sino que ha subestimado su gravedad para que no se disuelva el espejismo del éxito de su plan estrella.
En general, hay un problema gravísimo de desaparición de personas, pero este no es un tema que llame la atención de las autoridades, porque, a juicio de ellas, la gente se va sin avisar, como dijo el militar que dirige la Policía. La pregunta para las autoridades es clara: ¿dónde están los desaparecidos? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha pedido a El Salvador acciones preventivas frente al problema de las desapariciones forzadas ¿Y qué se puede decir del desplazamiento forzoso o las ejecuciones extrajudiciales que el Estado ha buscado encubrir con ahínco, no solo en esta administración sino también en las anteriores? Estas cuestiones muestran que la violencia tiene diversas dimensiones más allá de los homicidios, único indicador de éxito que presume el Gobierno en materia de seguridad.
Otra fuente de protestas es la imposición del bitcóin (o lo que sea realmente) como moneda de curso legal. Las personas manifestantes recriminan a Bukele el oscuro manejo de fondos públicos para impulsar el negocio privado de la aplicación Chivo Wallet. La encuesta de la UCA mostró que la mayor parte de la población rechaza esta criptomoneda, y el Gobierno ha sido incapaz de escuchar. ¿Qué tipo de compromisos ha asumido como para insistir tanto en un proyecto cuestionado por una diversidad de voces calificadas de los campos económico y tecnológico? De momento, todo parece indicar que se trata de una estafa a gran escala; no hay nada que demuestre lo contrario.
Las protestas subrayan la notable falta de transparencia de los funcionario, tan profunda que es imposible no sospechar de que se está extrayendo recursos públicos sin control. Se está frente a una maquinaria que ha administrado miles de millones de dólares sin escrutinio. La agresividad con la que el oficialismo tomó el control del Instituto de Acceso a la Información Pública y la aprobación de la Ley Alabí, que pone en reserva los gastos pandémicos, permiten inferir que los casos de corrupción podrían exceder con creces los documentados en las carteras de salud y agricultura, entre otras.
Posiblemente el común reclamo de las heterogéneas fuerzas sociales es la evidente autocratización del régimen político. Hay un proceso de transición autoritaria en marcha: expansión de las fuerzas militares más allá de los roles limitados que les daban los Acuerdos de Paz; detenciones ilegales durante la cuarentena; se han dejado sin efecto parcelas de la Constitución y de las leyes a la hora de gobernar; intimidación sistemática contra las voces críticas; acoso a periodistas que no siguen la línea oficial; intento de autogolpe el 9F; golpe al poder judicial el 1M y control de la judicatura; supresión de facto de todas las instancias de control político; abusos de autoridad alentados por el presidente o protegidos con el manto de la impunidad.
Los retenes del domingo 17 de octubre para impedir la llegada de manifestantes a la capital atentaron contra libertades fundamentales que en una democracia serían intocables. El uso de drones del régimen en las manifestaciones y que las fuerzas de seguridad fotografíen a sus asistentes son rasgos de un régimen autoritario que no tolera el disenso. Apenas tres días después, la Asamblea Legislativa aprobó un decreto que permite la intervención de la PNC y la Fiscalía General de la República en concentraciones de personas y deja abierto el camino a la acción penal. El oficialismo argumenta que la motivación es la pandemia, pero han sido laxos con sus propias actividades masivas y espectáculos deportivos a estadio lleno. Bajo la excepcionalidad pandémica, además, el aparato cometió todo tipo de abusos ¿Es este el preámbulo de disposiciones contra la libertad del tipo que emitía la dictadura militar en los años setenta, como la Ley de Defensa y Garantía del Orden Público? ¿La salud es un asunto de personal calificado o de hombres de armas?
Hubo esfuerzos colectivos muy valiosos en las marchas del 15S y 17O. Su diversidad y horizontalidad son necesarios en tiempos de pensamiento único y de culto irreflexivo al caudillo. El movimiento es promisorio en el sentido de generar lógicas más democráticas de organización que superen el verticalismo de los partidos tradicionales y del oficialismo. Las imágenes de la marcha dieron la vuelta al planeta y atraen la solidaridad internacional. Desde este punto de vista, la actividad fue un éxito. Los ojos del mundo están puestos en El Salvador. El sujeto colectivo se articula al calor de la misma lucha y puede ganar contundencia en la medida en que las crisis venideras dinamiten la aparente invulnerabilidad de la popularidad del máximo dirigente del proyecto cyan y se desencadene una ola de protestas. No sería el primero ni el último presidente que entra por la puerta grande y sale por la de atrás. Porque parece que para frenar el abuso de poder y riqueza solo va quedando la ruta de apostar por el futuro.
* Danilo Miranda, docente de la Maestría en Ciencia Política.
