La palabra es redistribuir

Cuando se habla de redistribuir la riqueza, alguna gente se asusta. Los poderosos suelen hoy insistir en el mérito de quienes hacen dinero, crean puestos de trabajo, tienen capital. Y repiten ante quien quiera creerles que la redistribución de la riqueza es una especie de robo al que tiene más iniciativa y creatividad. Especialmente, el mensaje contra la redistribución va dirigido a quienes tienen alguna propiedad, amenazándoles con que regresarán a la pobreza. Sin embargo, la redistribución de la riqueza se ha dado siempre, de mejor o peor manera. Y eso ha sido así porque los seres humanos, en general, producimos riqueza colectivamente. Nos hemos desarrollado precisamente porque somos seres sociales y podemos emprender juntos diversas tareas. Ni la ciencia ni la conciencia avanzan solas. Puede haber líderes que lancen nuevas perspectivas e ideas, pero ello siempre es fruto de una vivencia, una experiencia que se da en medio de la colectividad y gracias en parte a la misma capacidad de relacionarnos socialmente.

Algunos podrán decir que se trata de reducir el valor de la individualidad y, por ende, limitar la libertad. Pero no es así. No podemos olvidar que somos seres sociales, comunitarios, que necesitamos interrelación humana. Y que juntos nos desarrollamos, producimos y reproducimos; eso sí, desde la diferencia de unos con otros. Y precisamente por eso, porque producimos social o colectivamente la riqueza, y porque existen formas legales de apropiación individual de la misma, es indispensable que se den, en un marco de justicia y equidad, formas sociales, también legales, de redistribución. No solo formas individuales, como puede ser la generosidad de quien tiene sentimientos altruistas y comparte lo que tiene personalmente o a través de fundaciones y otras instituciones, sino también formas sociales, integradas en la legalidad del Estado y volcadas en especial a quienes en los procesos de apropiación de la riqueza quedan más marginados o descartados.

Las formas más comunes de redistribución de la riqueza pasan tanto por los sistemas de impuestos públicos como a través de los salarios. Los impuestos, sobre todo en los Estados sociales de bienestar, fortalecen y brindan una serie de bienes hoy indispensables en el campo de la salud, la educación, la seguridad y las infraestructuras comunes, desde vías de transporte hasta parques de recreación. Y el salario digno o decente facilita los proyectos personales y familiares de bienestar y planificación del futuro y el tiempo. En general, los países más desarrollados coinciden tanto en tener mejores salarios como en gravar con impuestos más altos y progresivos a la mayor riqueza. No es así entre nosotros. De hecho, la media de lo que se recoge en impuestos en América Latina está bastante por debajo de lo que se recoge en los países desarrollados. Y en El Salvador, aunque ha aumentado un poco la carga impositiva, estamos todavía bastante por debajo de la media latinoamericana.

Este tipo de reflexiones es importante hacerlas hoy que se discuten los márgenes del salario mínimo. De hecho, la idea del salario mínimo brota de la necesidad de sustituir lo que se llamaba tradicionalmente salario de subsistencia: darle al trabajador solo lo necesario para que sobreviva. Eso evidentemente pronto se consideró, y con razón, explotación y abuso. Se comenzó entonces a pensar que el salario debía cubrir otras necesidades familiares, culturales, recreativas, etc. Hoy se habla más de salario decente (terminología de la Organización Internacional del Trabajo) o digno (relativo a la dignidad de la persona y su desarrollo individual y familiar). Pero esta idea de salario decente o digno no ha permeado todavía la conciencia de diversos sectores salvadoreños, incluido parte del mundo sindical, que hace poco más de tres años recomendaba un aumento ridículo del salario mínimo. Podemos afirmar sin lugar a dudas que en El Salvador todavía una amplia proporción de la población tiene ingresos equivalentes al trasnochado salario de subsistencia. Y ello no solo por la avaricia patronal, sino por diversos factores que orillan al subempleo a muchos de nuestros trabajadores.

El Salvador ha firmado y aceptado diversos convenios internacionales que reafirman la necesidad de un salario decente. La propia Constitución de la República insiste en que “todo trabajador” tiene derecho a un salario que “deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales del hogar […] en el orden material, moral y cultural” (Art 38, 2°). El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de las Naciones Unidas, ha sido firmado y ratificado por El Salvador. Y en él se dice que el salario debe ofrecer “condiciones de existencia dignas” para los trabajadores y sus familias. Ante estos compromisos constitucionales e internacionales, hay que revisar la tabla actual de salarios mínimos de 119 y 109.20 dólares, y hacernos las preguntas adecuadas.

¿Son dignos y suficientes para una economía familiar decente ese tipo de salarios? ¿Es suficiente con subirlos ligeramente? Dada la enorme desigualdad en el campo de los ingresos, ¿podemos continuar explotando tan brutalmente a nuestros trabajadores? ¿Acaso no es imprescindible dar un salto adelante generoso y amplio en el salario mínimo y simultáneamente comenzar una tarea exigente y rápida de formalización e integración del subempleo en la dignidad del trabajo formal? La propuesta inicial del Ministerio de Trabajo, de subir a 250 dólares el salario mínimo del campo —sin la diversidad absurda e injusta de los siete salarios mínimos existentes— y a 300 dólares los salarios de servicios, industria y maquila, es un paso importante hacia la dignificación del salario en El Salvador. Cualquier otra alternativa que se presente debería cumplir por lo menos con esos mínimos.