¿Olvidó la contraseña?
Ingrese su correo electrónico:
Cree su cuenta
En enero de este año, Barry Eichengreen, connotado economista y politólogo, exasesor del FMI y profesor de la Universidad de California, se refirió a los efectos que podía causar la nueva política monetaria de la Reserva Federal como “un diluvio” frente al que “nadie está preparado”. Dicha política está enfocada en aumentar gradualmente las tasas de interés a modo de fortalecer el dólar como moneda de reserva internacional. Ello en un contexto de guerras tarifarias entre diferentes países, y soportando a su vez la presión de la política económica de China y Rusia, que pretenden desafiar el monumental sistema de reciclaje monetario conocido como Petrodólar, construido bajo el auspicio de la doctrina Carter en la década de 1970 y que ha definido el derrotero de la economía salvadoreña desde el tiempo en que se desencadenaron las guerras civiles en Centroamérica, justo en esa década.
El llamado proyecto neoliberal, cuya ejecución se le atribuye a los primeros Gobiernos de Arena en la década de 1990, fue en el fondo un plan de reajuste de la deuda acumulada durante el tiempo de la guerra, impuesto por el FMI y el Gobierno de Washington. Ese plan, que implicó la contracción del aparato estatal al forzar la privatización de muchos de sus activos, lo que consecuentemente limitó la capacidad de los Gobiernos de incidir en la planificación y dirección económica de la nación, alcanzó su punto culmen con la dolarización y el intento de privatización de los servicios de salud —paralizado por los propios médicos y empleados del sector salud en las recordadas “Marchas blancas”—.
De cualquier manera, la reconversión de la economía salvadoreña durante y después de la guerra tuvo como notas distintivas la gradual disolución de la capacidad productiva nacional, tanto la que se había logrado por la vía de la industrialización por sustitución de importaciones durante las décadas de 1950 y 1960, como la del sector agrícola, que acabó con una reforma agraria frustrada, en la medida que muchas de las cooperativas creadas terminaron disolviéndose y los campesinos migrando hacia Estados Unidos. Esto provocó que la economía salvadoreña dependiera no ya tanto de la exportación de manufacturas o bienes agrarios, sino de la exportación de mano de obra que por vía de remesas podía sostener el desbalance macroeconómico, que se ha ido profundizando cada vez más a lo largo del tiempo.
Con el ascenso de Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos parece haber llegado el tiempo del reconocimiento, pues su Gobierno no solo ha sido consistente con su política de cero tolerancia hacia la migración irregular de la que precisamente depende nuestra economía, sino que de manera simultánea, en un acto de política soberana, su administración decidió cancelar el programa TPS para centenares de miles de familias que igualmente son proveedoras de las remesas que mantienen con vida la frágil economía del país.
En ese sentido, la matriz socioeconómica que actualmente se mantiene en el país, basada en el predominio del sector terciario, el crédito para el consumo y las remesas, parece haber llegado a su límite en su capacidad de funcionamiento. Paralelamente, ha empezado a profundizarse una presión estructural sobre el conjunto del cuerpo social, expresada en la limitación de los créditos, el incremento de los precios de la energía y la canasta básica, y la reducción de los salarios reales de los trabajadores. De hecho, la reducción de los salarios reales constituye una de las directrices que el FMI fijó para el Gobierno en su última visita realizada el pasado marzo. Ello junto a la necesidad de hacer un ajuste fiscal que sirva para reducir la pesada deuda que se ha venido acumulando en los últimos años, limitando con ello el estímulo de la inversión pública sobre el conjunto de la economía.
Las implicaciones sociopolíticas de esta presión estructural aún no han sido verdaderamente sopesadas, aunque sus señales sean ya evidentes, como quedó claro en la dura derrota del FMLN en las pasadas elecciones y en la pérdida de la brújula política del Gobierno, que al enterarse de los resultados se apresuró a hacer rotaciones en las áreas que presentaban más problemas (Hacienda, Economía, ANDA) sin tener claro el rumbo que estas dependencias emprenderían. Esta situación obliga a los partidos políticos y a los sectores sociales preocupados por el futuro del país a encontrar un plan o ruta de salvación que se pueda sostener en nuevas bases.
El llamado a fortalecer el sector productivo es indispensable, pero eso también viene con una reevaluación de temas tabú, como el de la ausencia de una política monetaria soberana, extinguida a raíz de la dolarización. Como lo ha mencionado recientemente Coexport, la dolarización es una de las causas de la pérdida de competitividad de los productores nacionales en el mercado internacional. De igual forma, es necesario reevaluar nuestra relación económica con China, cuyo crecimiento económico ha sido impresionante y ha ido tendiendo puentes comerciales y financieros alrededor del globo, aunque la miopía de los Gobierno de turno no les haya permitido aprovechar estos puentes de mejor manera.
* Gabriel Escolán Romero, docente del Departamento de Ciencias Jurídicas.
