La vida en franco deterioro

En los últimos días, los medios de comunicación y las redes sociales han hecho eco de los llamados a la reelección presidencial realizados por diputados de la bancada de Nuevas Ideas. Con el paso del tiempo, cada vez hay más señales de que el presidente Bukele buscará la reelección en 2024, aunque ello implique una clara violación a la Constitución de la República. Pero mientras este tema comienza a posicionarse nuevamente en la agenda mediática y electoral, la situación del país y, en específico, la vida de la población salvadoreña continúa experimentando un acelerado deterioro.

Para ejemplificar lo anterior, haremos alusión a algunas graves problemáticas que han sido deliberadamente ignoradas o tergiversadas por el Gobierno y su maquinaria propagandística. El pasado 12 de julio entró en vigencia la Ley General de Recursos Hídricos, aprobada en diciembre de 2021. De acuerdo con distintas organizaciones sociales, académicas y comunitarias, esta ley no cumple con los parámetros que garantizarían  el derecho humano al agua para la población salvadoreña. Por el contrario, esta ley autoriza explotaciones hasta por 15 años renovables automáticamente para el uso y aprovechamiento del agua con fines industriales, comerciales, agropecuarios, etc.

Desde la aprobación de la ley, las distintas organizaciones sociales y comunitarias que promovieron durante más de una década una ley de aguas con enfoque de derechos humanos demandaron al Ejecutivo la creación del reglamento y de mecanismos que pudieran solventar los vacíos e irregularidades que contiene la Ley General de Recursos Hídricos. Pese a estas demandas, la ley entró en vigencia sin que la población conozca el reglamento de la ley, su presupuesto y, mucho menos, las autoridades que conformarán la institucionalidad creada para la gestión de los bienes hídricos del país.

Desconocer los aspectos anteriormente mencionados no es un detalle menor. En reiteradas ocasiones, el Gobierno salvadoreño ha demostrado poco compromiso con la preservación de los bienes naturales y, con ello, ha puesto en peligro el abastecimiento de agua para la población, por lo que es urgente que se involucre a la ciudadanía en la gestión de los bienes hídricos del país.

En relación con lo anterior, las lluvias de las últimas semanas han puesto en evidencia nuevamente la alta vulnerabilidad del territorio salvadoreño. Otra vez también hemos visto que las familias más pobres siempre son las que se llevan la peor parte de la tragedia. Sin embargo, tras tres años en el poder, lo que ha quedado a la vista es que el Ejecutivo no ha sido capaz de desarrollar e implementar una política de prevención y gestión de desastres ni tampoco ha sido capaz de implementar un Sistema Nacional de Protección Civil eficiente que involucre e integre a las comunidades. Por el contrario, los avances que se habían alcanzado en esta materia fueron desmantelados por la actual administración y esto ha ocasionado la pérdida de vidas humanas y ha tenido grandes costos ambientales, económicos y sociales.

Finalmente, tras tres meses y medio de la implementación del régimen de excepción y luego de la captura de alrededor de 44 mil personas, los fallecidos en los centros penales (es decir, bajo custodia y responsabilidad del Estado) se pueden contar por decenas. De acuerdo con datos de organizaciones de Derechos Humanos retomados por algunos medios de comunicación, hasta el 4 de julio, se registraban al menos 59 muertes al interior de las cárceles. A su vez, cientos de personas permanecen detenidas de manera arbitraria pues las autoridades no han podido comprobar que tienen vínculos con pandillas. Todo esto ocurre ante la mirada pasiva de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), la institución que, por mandato constitucional, está obligada a verificar e investigar de manera independiente todos estos casos de graves violaciones a los derechos humanos. Lastimosamente, en las últimas semanas también ha quedado claro que la PDDH no solo es un actor pasivo y poco beligerante en la defensa de los derechos de las personas privadas de libertad, sino que es una institución que se ha prestado de manera activa a legitimar el discurso gubernamental que sostiene que al interior de los cárceles no ocurre nada de lo que haya que preocuparse, aunque hasta el Instituto de Medicina Legal reconozca que un privado de libertad fue asfixiado por custodios al interior del Centro Penal La Esperanza.

En suma, el panorama no es alentador para el sostenimiento de la vida de la mayoría de la población. Ante la gravedad de la crisis que enfrentamos, es urgente que el Gobierno y otras instituciones estatales se ocupen de estas problemáticas por medio de políticas y programas que permitan la participación y el involucramiento de amplios sectores de la sociedad. Tristemente, a estas alturas, parece que eso es ya mucho pedir.

* Artículo publicado en el boletín Proceso N.° 96.