Las implicaciones de una decisión

Cuando un actor del sistema de justicia es incapaz de garantizar los derechos humanos de las víctimas, existe un grave problema de fondo. Esto ocurre en el caso de Katya Miranda, violada y asesinada en1999; caso que permanece en impunidad total. A 10 años del suceso, se inició un proceso judicial contra el abuelo de la víctima y otras personas, acusados de secuestro, secuestro agravado y agrupaciones ilícitas.

El caso está siendo conocido por el Juzgado Primero de Instrucción de Zacatecoluca, que ha ordenado la realización de un anticipo de prueba, solicitado por la defensa. Este adelanto consistiría en la realización de un nuevo interrogatorio a Hilda María Jiménez y su hija Gina Marcela sobre los hechos ocurridos en 1999.

Esta medida, sin embargo, atenta contra la dignidad de ambas. En primer lugar, porque ya se practicó un interrogatorio en sede consular, lo cual implicaría para ellas recordar de nuevo lo sucedido. En otras palabras, implica un proceso de revictimización. En casos como estos, la institucionalidad debiera garantizar el bienestar de los testigos, y no atentar contra este.

En segundo lugar, el juzgado no toma en cuenta, por desconocimiento o inoperancia, que Hilda y su hija residen en Estados Unidos en calidad de asiladas políticas, por lo que realizar un interrogatorio en suelo salvadoreño implicaría que ellas perdieran ese estatus. Además de que sus vidas correrían peligro.

Pero no todo está perdido con nuestro sistema de justicia. La Fiscalía General de la República ha solicitado una revocatoria que impida la realización del nuevo interrogatorio, justamente por las razones ya mencionadas. Ahora queda esperar si el juzgado falla a favor de tal medida.

De momento, no hay que perder de vista que, independientemente de los procesos judiciales y sus implicaciones, el interés superior por las víctimas y su bienestar debe regir las decisiones y acciones de los operadores de justicia.