Legitimidad de la Policía salvadoreña

En países como El Salvador, donde el Estado carece de presencia en todo el territorio nacional, la Policía constituye un referente estatal clave como regulador de conflictos, garante del orden público y prestadora de distintos servicios sociales, entre otras funciones. A la vez, por mandato legal, es la instancia del Estado que ejerce el monopolio legítimo de la violencia, lo que la hace una institución controvertida en tanto debe administrar el uso de la fuerza con apego a la legalidad, es decir, debe preservar la seguridad interna garantizando los derechos de todos los ciudadanos. Este suele ser el mayor desafío de la Policía en cualquier parte del mundo, principalmente cuando debe encarar elevados y complejos niveles de criminalidad, como sucede en El Salvador. La manera en que los agentes policiales actúan, la forma en que se relacionan con los ciudadanos e intervienen en las comunidades a las que deben proteger son aspectos clave en la construcción de la confianza pública hacia la institución a la que pertenecen. Los policías son, ante todo, servidores públicos, cuya principal función es proteger la vida y los bienes de los ciudadanos. Este propósito no puede ser alcanzado sin la colaboración y el respaldo de la población.

Una reciente investigación sobre la legitimidad y confianza de la Policía en El Salvador, realizada por el Centro Kimberly Green de Estudios Latinoamericanos y del Caribe, y el Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA, y basada en una encuesta de opinión, parte precisamente del supuesto de que en la medida en que los ciudadanos perciben a la Policía como legítima y merecedora de confianza están más dispuestos a colaborar con sus miembros. Por el contrario, a mayor desconfianza hacia el cuerpo policial, la gente está menos dispuesta a colaborar con la Policía y los agentes, más tentados a usar la fuerza para hacer cumplir la ley. Es decir, los ciudadanos serán más proclives a colaborar con la Policía, a apoyar sus esfuerzos en la persecución del delito y a obedecer la ley, en la medida que consideren que la institución policial y sus miembros son autoridades legítimas. Algunas de las dimensiones de la legitimidad de la PNC que examinó el estudio fueron la percepción de efectividad en la reducción del crimen, la percepción de que la institución defiende y representa los intereses de todas las personas, y la disposición a obedecer y a apoyar a la Policía cuando se comete un delito.

Los resultados del estudio muestran que la mitad de los ciudadanos cree que la Policía es efectiva en la persecución de la criminalidad. Sin embargo, la mayoría de la gente no está dispuesta a obedecer y cooperar con la corporación. Uno de los factores que reduce más la disposición a obedecer a la Policía y, en general, erosiona su legitimidad ante los ciudadanos es haber sido víctima directa de abusos policiales o haberlos atestiguado. En sentido inverso, la existencia de un plan de policía comunitaria y el involucramiento de los agentes con la comunidad mejora la percepción de la institución y su legitimidad social.

Estos resultados tienen serias implicaciones para los enfoques dominantes de intervención policial, la manera en que los agentes se relacionan con los ciudadanos y la concepción de efectividad bajo la cual ha operado la PNC a lo largo de su historia. En la medida en que sus miembros y la institución apuesten por fortalecer la interacción y los vínculos con la ciudadanía y la comunidad en el marco de programas de prevención del delito, no de macro operativos en los que se captura masivamente con uso excesivo de la fuerza, el respaldo, la confianza y la legitimidad de la Policía aumentarán entre la población salvadoreña.