Los derechos humanos

Dado que nos acercamos al día dedicado a los derechos humanos, el próximo 10 de diciembre, conviene reflexionar sobre el tema. Desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, estos se han convertido en una especie de moralidad externa al poder. Pero salvo en las declaraciones formales, quienes están en la esfera del poder no demuestran mayor interés por ese aspecto clave. En el pasado se hablaba de los medios de comunicación como el gran sistema de control social del poder, más allá del método democrático de los pesos y contrapesos. Porque la democracia representativa reparte el poder en diversas instancias que se controlan unas a otras, y en la medida en que estas se pueden volver dependientes de los partidos en el poder, pueden dejar a los ciudadanos fuera de los mecanismos de control. Los medios, que inicialmente expresaban la opinión ciudadana, se convertían en una opción ciudadana de control. Cuando con el paso del tiempo la mayoría de los grandes medios han pasado a expresar posiciones excesivamente ligadas al poder económico y sus intereses políticos, han sido los derechos humanos, en buena parte en manos de la sociedad civil (todo el mundo puede reclamarlos), los que se han convertido en la más importante dimensión moral externa al poder.

En El Salvador, cuando las instituciones estaban total o casi totalmente cooptadas por el poder político y económico dominante, los derechos humanos eran el último recurso de las víctimas. Los niños desaparecidos, desde las hermanitas Serrano (de las que el defensor del Estado decía no había prueba de su existencia) hasta el caso de los cinco niños desaparecidos (en el que el Estado aceptó su responsabilidad), nos dicen que solo una autoridad vinculada a los derechos humanos ha logrado un indicio de justicia. En los casos de la masacre en la UCA y el magnicidio de Mons. Romero, ahí siguen las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sin ser cumplidas a cabalidad, como debieran. Ni siquiera la actual Sala de lo Constitucional, tan correcta y diligente en otras ocasiones, se ha atrevido a enfrentar con la debida celeridad a esa ley de amnistía de 1993 que sirvió para taponar y encubrir las farsas de enjuiciamiento que llevaron a cabo un buen número de jueces. Solo los sistemas internacionales de derechos humanos repiten, por activa y pasiva, que ese tipo de amnistías viola tratados internacionales, pensamiento democrático moderno, convivencia pacífica y amistosa. Y sobre todo patea y desprecia los derechos de las víctimas mientras protege a los victimarios.

En este contexto, es importante señalar un conflicto que aparece por segunda vez entre la Sala de lo Constitucional y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Recientemente, el Procurador sentó posición a favor de Alfredo Bukele, afirmando que la Sala de lo Constitucional había violado sus derechos. Y la Sala casi inmediatamente envió una advertencia al Procurador acusándolo por segunda vez de intervenciones indebidas, dado que solo la Sala tiene la facultad de decretar lo que es constitucional o no. En realidad, los derechos humanos están más allá de la Sala de lo Constitucional, o de la Corte Suprema de Justicia, o de cualquier otro poder del Estado. Y es importante que el Procurador les recuerde a todos los poderes del Estado que los derechos humanos están por encima de ellos. No se puede dudar de que tanto la Corte Suprema como anteriores Salas de lo Constitucional quebrantaron los derechos humanos por comisión y por omisión. Ni hablar del Ejecutivo o de la Asamblea Legislativa, que a lo largo de nuestra historia justificaron y cometieron una buena serie de tropelías. Que un funcionario facultado recuerde la importancia de los derechos humanos no es una intromisión ni una intervención indebida. Es cierto que el Procurador se puede equivocar en sus apreciaciones, como se puede equivocar cualquier persona, esté o no en el Estado. Pero si señala que a una persona se le violaron derechos humanos, la réplica no debe ser descalificatoria, sino respetuosa. Se debe mirar hacia el interior de la institución a la que se le advierte y se debe contestar sin prepotencia.

Todos los ciudadanos tenemos la obligación de cultivar el respeto a los derechos humanos. Estos son patrimonio de todos y garantía de que la humanidad es una, sin distingos, teniendo cada persona la misma e igual dignidad. A toda persona que reclame sus derechos fundamentales hay que escucharla y responderle con cordura. Y en El Salvador la necesidad es todavía mayor, dado que muchos de los derechos económicos y sociales de la población son, hasta el momento, solamente formales, sin asidero en la realidad. La fiesta del 10 de diciembre deberíamos celebrarla todos como algo propio y al mismo tiempo como tarea inconclusa.