Los derechos humanos como ofrenda para desarticular a las pandillas

En el marco de lo que ha llamado una “guerra contra las pandillas”, el Estado ha logrado una disminución significativa de la delincuencia en el país. Artículos periodísticos evidencian que se percibe una aparente calma en muchas colonias que antes eran asediadas por dichos grupos criminales que durante décadas tuvieron en sus manos el control de los territorios y que causaron un gran daño a la sociedad. Con la militarización de las calles salvadoreñas, en el marco del régimen de excepción, muchos negocios dejaron de pagar renta y muchas personas ya no tienen que preocuparse por no pasarse a una cuadra que era controlada por una pandilla contraria.

Pero que la violencia merme y que las pandillas ya no tengan el mismo poder ni una estructura clara, no es sinónimo de desarrollo para nuestra sociedad. La desarticulación de las pandillas nos ha costado la pérdida de derechos humanos necesarios para una sana convivencia, fundamentales para construir un país democrático. Esta forma de combatir la delincuencia ha marcado la vida de más de tres mil personas que, capturadas injustamente, han sido liberadas por el mismo sistema después de pasar varios días o meses sin que se les haya respetado el debido proceso y la presunción de inocencia. 

Además, ha costado la democracia, que aunque era imperfecta, servía como guía para construir un mejor país, basado en el diálogo, la búsqueda de la verdad y la justicia. Ha costado que los salvadoreños normalicen el irrespeto al debido proceso, la falta de separación de poderes y la concentración del poder en una sola persona.

Ante un problema social tan complejo que fue ignorado por distintos gobiernos durante más de 30 años, los salvadoreños entregamos como ofrenda (algunos voluntariamente y otros con desconocimiento) lo único que reconoce y protege la dignidad de todos: nuestros derechos. La pregunta es entonces: ¿Cuál será nuestro camino? Para responder a esta pregunta es necesario tener en cuenta que una medida represiva y militar que resultó efectiva en corto plazo no puede ser permanente para la construcción de una mejor sociedad. 

* Mario Rogel, del Instituto de Derechos Humanos de la UCA. Artículo publicado en el boletín Proceso N.° 119.