Micheletti cabalga de nuevo

Los golpes de Estado se sofistican en América Latina. Hasta hace poco era el chafarote, verdadero espadón de las oligarquías, el que de la noche a la mañana ponía música militar en todas las emisoras y, en el mejor de los casos, mandaba al extranjero al presidente constitucional derrocado. En Honduras se intentó una variación cuando Micheletti era presidente del Parlamento. Corte Suprema y Congreso, aliados, justificaban con sentencias y votos la expulsión forzada del presidente de un país en el que constitucionalmente no existe el destierro. La táctica no salió bien del todo, porque la mano militar fue demasiado evidente. Pero Micheletti se quedó, para vergüenza suya y de los militares hondureños, completando el período para el que fue elegido el presidente Manuel Zelaya.

En Paraguay se ha dado un paso más hacia la sofisticación golpista. Se ha utilizado un mecanismo legal existente para destituir en un tiempo récord al presidente Fernando Lugo. Los ricos y poderosos de ese país estaban descontentos con un mandatario que veía necesario implementar una reforma agraria. Y le achacaron la responsabilidad de un enfrentamiento entre campesinos y policías que dejó casi una veintena de muertos. De nada sirvió que el mandatario despidiera a su ministro encargado de la seguridad o que se formara una comisión independiente para deducir las responsabilidades de lo sucedido. La oposición parlamentaria, empeñada en mantener intacta la propiedad de las tierras entregadas por el dictador Stroessner a los más ricos, le abrió a Lugo un proceso que lo sacó del poder en treinta horas. Sabedores de que el golpe militar ya no es posible, los partidarios y beneficiarios de la riqueza inmoral y desigual de nuestros países recurren ahora a los Parlamentos para justificar su inmovilismo. Las oligarquías están pasando del uso de la fuerza bruta a la torpe tendencia de disfrazar de legalidad procesos que son evidentemente injustos, arbitrarios y generadores de división, desencanto y crisis social. Saben cómo caminar, pero no saben a dónde van. Solo saben golpear esperanzas mientras llenan sus bolsillos de dinero.

En El Salvador, los grupos que se llaman a sí mismos de izquierda deben tener el cuidado de no copiar esquemas golpistas. La escalada parlamentaria contra los magistrados de la Sala de lo Constitucional, originada por el simple hecho de que estos últimos han puesto controles constitucionales a la legislación asamblearia, se parece demasiado a la preparación de un golpe técnico contra una parte del Estado. Y en este sentido debemos aclarar que tanto una destitución de la Sala de lo Constitucional como una disolución de la Asamblea Legislativa serían golpes de Estado, aunque no fueran contra el Ejecutivo. Por esa misma razón, insistimos una vez más en que se busque una solución racional en la que todos los partidos pongan de su parte. Ratificar en sus puestos a los magistrados elegidos en 2006, y elegir una vez más a los magistrados de 2012, dejando a Belarmino Jaime en la Sala de lo Constitucional, aunque no en la presidencia de la Corte, es la solución de este conflicto que cada día adquiere connotaciones más ridículas y absurdas.

Acudir a la Corte Centroamericana de Justicia, una instancia sin legitimidad ni autoridad para dar dictámenes de orden constitucional en El Salvador, es dañar la soberanía nacional. Y nombrar diputados que investiguen si Rodolfo González o Belarmino Jaime estaban en la lista enviada por el Consejo Nacional de la Judicatura es simple y llanamente una payasada. Todos recordamos que en 2009 el Consejo envió una primera lista en la que incluyó los nombres de tres de sus propios magistrados. En esa nómina no iba Rodolfo González ni Belarmino Jaime. Pero las protestas contra la oportunista inclusión de miembros de la Judicatura en la lista forzaron a que se enviara una nueva terna, sustituyendo a los tres aprovechados caraduras por Belarmino Jaime, Rodolfo González y una persona más. Y fue esta segunda lista la que se discutió en la Asamblea Legislativa. Los diputados que no recuerden eso deberían ser sometidos a un examen de salud mental, pues tanto el Alzheimer como la incapacidad de leer los propios archivos les incapacita para el ejercicio de su cargo. No resulta raro, pues, que Micheletti cabalgue de nuevo en medio de diputados de este tipo.