Recientemente se presentó el libro Mujeres con memoria, de Irantzu Mendia y Gloria Guzmán. Se trata de una investigación sobre las mujeres activistas del movimiento de derechos humanos en El Salvador. El libro parte de una doble constatación. La primera se expresa en los siguientes términos: "A lo largo de la historia, el trabajo de las mujeres por los derechos humanos y por la paz ha sido condenado al olvido y silenciado". Es decir, al ignorar su historia y aportaciones a los procesos de cambio social, se termina invisibilizando o restándole valor a su experiencia política y transformadora de la realidad.
La segunda constatación es que en El Salvador el trabajo desarrollado por el movimiento de derechos humanos ha sido protagonizado en su mayoría por mujeres. "El liderazgo femenino ha sido notorio en la búsqueda de personas desaparecidas, en la defensa de las presas y presos políticos, la denuncia pública de las violaciones de los derechos humanos; las exhumaciones; la investigación de casos y el litigio en los tribunales nacionales e internacionales; la educación para la paz y la memoria". Sin embargo, estas luchas no siempre han sido registradas ni ponderadas debidamente en los análisis de la guerra y posguerra de nuestro país.
En consecuencia, tres son los objetivos que se buscan con esta nueva publicación. Primero, contribuir al estudio y visibilidad del papel de las mujeres activistas en el movimiento de derechos humanos salvadoreño. Segundo, reforzar el trabajo de memoria hecho por las víctimas y sus familiares, para quienes esta memoria se ha convertido en un mandato de no olvidar y de romper el silencio. Y por último, explorar en perspectiva histórica algunas de las prácticas más significativas de las activistas de derechos humanos, tanto en su condición de víctimas de la violencia como en la de protagonistas de acontecimientos relevantes de la historia salvadoreña reciente.
Reseñamos cinco casos ejemplares, citados en el libro, de esta presencia crítica y comprometida de la mujer salvadoreña en la defensa de los derechos humanos fundamentales. En primer lugar, la masacre de estudiantes de la Universidad de El Salvador, el 30 de julio de 1975, generó una inmediata y fuerte protesta social. Entre las acciones que se organizaron se hace memoria de la llamada "marcha de mujeres vestidas de negro", realizada el 3 de agosto de ese año, que acompañó el entierro de los 27 estudiantes asesinados. En la marcha, participaron más de mil mujeres de la sociedad civil organizada. Así comenzó a formarse lo que años más tarde se estructuró formalmente como el Comité de Madres y Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Asesinados Políticos (Comadres). Algunas de sus primeras integrantes fueron María Teresa Tula, Alicia García, Antonia Mendoza, Sofía Escamilla y Alicia Nerio.
En segundo lugar, y en un contexto de represión generalizada, nació en abril de 1978 la Comisión de Derechos Humanos No Gubernamental (CDHES). A esta organización acudían familiares de personas detenidas, asesinadas o desaparecidas para denunciar y dejar registro de lo ocurrido, así como para pedir orientación jurídica en los procesos de búsqueda. Si bien la Comisión estaba integrada por mujeres y hombres, fueron ellas las que tuvieron un papel relevante en su fundación. En su origen, fue presidida por Marianella García Villas, quien también ocupó el cargo de vicepresidenta de la Federación Internacional de Derechos Humanos. Marianella fue detenida y torturada en dos ocasiones. El 14 de marzo de 1983 fue asesinada por el Ejército, mientras hacía una investigación sobre el uso de armas químicas contra la población civil por parte de aquel.
En tercer lugar, y en un contexto de guerra civil, se fundó en septiembre de 1981 el Comité de Familiares de Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos (Codefam). Esta organización retoma el nombre y la inspiración de Marianella García, y amplía su misión hacia la promoción, educación y defensa de los derechos humanos. Concretamente, busca contribuir a la erradicación de la impunidad a través de la participación activa de las víctimas en la exigencia de verdad, justicia y reparación. Una de sus líderes históricas es Guadalupe Mejía, quien se ha destacado en la lucha por la justicia y la memoria histórica.
En cuarto lugar, otra de las mujeres emblemáticas que han dejado huella en este movimiento es María Julia Hernández. Como directora de Tutela Legal del Arzobispado, impulsó un proceso jurídico de búsqueda del derecho a la justicia para las víctimas de El Mozote. A partir de un minucioso trabajo de investigación y exhumación realizado por Tutela Legal, se individualizó a 819 personas ejecutadas por efectivos de la Fuerza Armada en el caserío. De esas víctimas, 449 eran niños y niñas (menores de 18 años). Tutela Legal, bajo la dirección de María Julia, representa un símbolo de lucha contra la impunidad en El Salvador.
Finalmente, otro de los organismos que ha conformado el movimiento de víctimas es el Comité de Madres y Familiares Cristianos de Detenidos, Desaparecidos y Asesinados "Padre Octavio Ortiz-Hermana Silvia Arriola" (Comafac). El Comité surge el 10 de mayo de 1985, a iniciativa de cinco mujeres: Sara Portillo, María Salazar, María Parada, Elsa Méndez y María Isabel Figueroa. Según una de sus fundadoras, nace "para convertir el dolor de la pérdida de los hijos e hijas en una fuerza de lucha que pudiera generar esperanza (...) Ser la voz de la esperanza y denuncia ante tanto atropello e impunidad".
Mujeres con memoria, pues, deja registro de que la defensa de los derechos humanos —en la guerra y posguerra— ha sido y es uno de los principales espacios de organización y movilización de muchas mujeres. El libro, en ese sentido, visibiliza y valora el protagonismo de las mujeres en este campo. Pero ofrece algo más: resistir a la pretendida muerte de la memoria. Así lo expresa en el texto una de ellas: "Fuimos las mujeres, vestidas de negro y con pañoletas blancas, las que abrimos el cerco militar que había en las calles. Y ahora somos las mujeres las que seguimos luchando para que la memoria histórica no se borre".