Ni seguro, ni social

La iniciativa legislativa de suprimir el seguro médico privado de los altos funcionarios gubernamentales, que representa unos 70 millones de dólares anuales, es un paso en la dirección correcta, pero insuficiente. En realidad, constituye un remiendo en una problemática de mucha mayor envergadura, que ni los diputados ni el Ejecutivo se atreven a enfrentar. Indudablemente, la eliminación del seguro privado supone un ahorro importante para unas finanzas estatales crónicamente en crisis. Sin embargo, la disposición es un mal apaño. La práctica generalizada del seguro privado es un reconocimiento explícito del pésimo servicio del Seguro Social. Por esa razón, los diputados conservan el seguro privado para los empleados públicos con menores ingresos. Así, pues, se podría ahorrar más si el Seguro Social cumpliera las obligaciones contraídas con los cotizantes.

La decisión legislativa es incoherente, porque obvia analizar el fracaso del Seguro Social y, en consecuencia, no puede ofrecer una alternativa viable. Tal vez este descuido llamativo se deba a que los diputados piensan que la seguridad social es competencia del poder ejecutivo. Aun así, la consistencia obliga a investigar el estado de los servicios del ISSS y del sistema público de salud. En teoría, representan a la ciudadanía y, en cuanto tales, deben velar por su bienestar.

El Seguro Social, al igual que otras instituciones estatales, ha sido mal administrado y saqueado. No es extraño, entonces, que no pueda cubrir las necesidades de los asegurados. La primera consulta es seguida por muchas otras. El cotizante discurre por diversas dependencias a golpe de citas, sin que nadie preste atención a su estado de salud. La atención llega después de un largo recorrido. La burocracia disimula así su incapacidad para prestar la atención debida al asegurado, mientras encarece sobremanera sus costos de operación. Alargar la atención no implica ahorro, sino un gasto mayor.

La entrega de la medicación es otro ejemplo de la abstrusa administración del Seguro Social. Esta no proporciona los medicamentos de acuerdo con la receta médica, sino que entrega menos, lo cual significa trasladar el costo adicional al cotizante, que tiene un derecho adquirido. A esto cabe agregar unas facilidades inadecuadas y un personal médico, de enfermería y auxiliar sobrepasado por la demanda, mal formado y maltratado él mismo por un sistema injusto e inhumano. Algunas empresas utilizan la alternativa de la clínica empresarial, pero esta significa un costo adicional al aporte del empleador. Además, la relación de dicha clínica con el ISSS es igualmente burocratizada y deficiente.

La posibilidad de brindar un servicio de calidad al asegurado, y al no asegurado, tan ciudadano como aquel, se estrella con la crónica falta de financiamiento, y de dirección y gestión inteligentes. La deuda política del FMLN es irrelevante para las carencias existentes, así como también el ahorro que representa la cancelación del seguro privado. Más aún, ningún ahorro en el gasto público —muy necesario, por cierto— puede cubrir la demanda de salud existente. De todas maneras, puestos a ahorrar, la gestión estatal admite recortes mucho mayores. Los mismos diputados podrían ahorrar bastante más si prescindieran de la nube de asesores contratados para recompensar los servicios prestados a sus respectivos partidos y si elevaran la productividad legislativa, que languidece entre la desidia y la incompetencia del cuerpo legislativo. Los diputados no tienen prisa, legislar no es para ellos una responsabilidad, sino un medio para medrar.

El proyecto de salud preventiva y de mejora del sistema de salud pública anunciado por el presidente Bukele apunta también en la dirección correcta. En ese sentido, es un primer paso necesario. Pero, por el momento, solo enuncia a vuelo de pájaro las grandes carencias, conocidas por todos desde hace tiempo. Según los informes de la prensa, el Gobierno hasta ahora comienza a listar las necesidades de los centros de atención. Luego tendrá que desarrollar el proyecto, establecer plazos de cumplimiento, calcular sus costos y encontrar el financiamiento, lo cual conduce directamente a la reforma fiscal de carácter progresivo, que pondrá a prueba el patriotismo de los ingresos más altos. El plan solo es realizable si es adoptado como política de Estado, lo cual significa colocarlo más allá de las escaramuzas de los partidos políticos.

La demanda de salud de la población solo podrá ser satisfecha cuando el Estado disponga de un proyecto de atención integral, del financiamiento necesario y de una dirección lúcida, informada y honesta. Sin un plan general, incluida la prevención, la salud se reduce a atender emergencias; sin fondos garantizados, no hay viabilidad, ya que los donativos, los préstamos y las apropiaciones, por sustanciosas que puedan parecer, son a todas luces insuficientes; y sin una dirección inteligente, ningún proyecto consigue sus objetivos. Una población enferma no puede formarse ni puede ser productiva en el trabajo. Tampoco gana medallas en las competencias deportivas. La falta de salud es una de las razones más poderosas para emigrar.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.