No paran las amenazas al medio ambiente

En la red social Twitter, el pasado 3 de marzo, una reconocida presentadora de televisión, solicitaba al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y al Instituto de Bienestar Animal (IBA) que fueran a verificar la condiciones de un venado y otros animales silvestres que huían de su hábitat debido a la tala indiscriminada de árboles en el municipio de Nuevo Cuscatlán. Algunos de estos animales silvestres, como los venados, han comenzado a llegar a la zona habitacionales de Santa Elena en Antiguo Cuscatlán.

La depredación de las zonas boscosas de Nuevo Cuscatlán es de escándalo. Toda esta depredación tiene de fondo la aprobación de una gran cantidad de permisos de construcción para proyectos urbanísticos, por ejemplo, Kalamanda, cuya consecuencia será la destrucción de más de 200 hectáreas de bosque. Como ya hemos señalado en editoriales anteriores, es claro que el Gobierno salvadoreño tiene como una de sus apuestas económicaa permitir la construcción de grandes proyectos urbanísticos, aunque esto implique serios daños al medio ambiente. De hecho, este jueves 9 de marzo, el ministro de Medio Ambiente, volvió a señalar que “La convivencia de la vida silvestre con el ser humano es una necesidad. Lo que estamos haciendo es conservando los corredores biológicos, conservando la presencia de esta vida silvestre, el desarrollo del país no puede detenerse, es necesario”, a propósito de los avistamientos de animales silvestres en zonas residenciales. Y es tan clara esta apuesta destructiva que, el pasado 28 de febrero, se conoció a través de reportes periodísticos, que el Gobierno había creado una Dirección de Trámites de Construcción, que estará adscrita a Casa Presidencial y que se encargará de gestionar factibilidades, autorizaciones y otros trámites para proyectos de construcción. Organizaciones como el Foro del Agua denunciaron que esta oficina tiene como objetivo facilitar los intereses económicos de las empresas constructoras.

Es evidente que cada día aumentan las amenazas a los bienes naturales del país y, por ende, al sostenimiento de la vida. Estas amenazas no solo provienen de temas relacionados con la construcción de megaproyectos urbanísticos, sino también hasta de temas en los que parecía que había consenso nacional: la prohibición de la minería metálica, por ejemplo. El 4 de marzo pasado, se realizó en la UCA, el Encuentro nacional frente a las nuevas amenazas de la minería metálica en El Salvador. Decenas de comunidades del país se reunieron ese día para manifestar su preocupación frente a una posible incursión de proyectos mineros en sus territorios y por la persecución a líderes y lideresas que lucharon contra la minería. Uno de los indicios de que el Gobierno estaría interesado en la reactivación de la minería metálica es que, desde mayo de 2021, El Salvador se unió al Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible (IGF, en inglés). Además, el Gobierno incluyó en el presupuesto general del Estado de 2023, $5.4 millones para “revisar” la ley que prohíbe la minería metálica.

Finalmente, hay que señalar otro elemento de preocupación: la poca o nula transparencia con la que está ejecutando su trabajo la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA). Hasta la fecha, no se tiene conocimiento sobre las personas que conforman la junta directiva de dicha institución y los criterios o deliberaciones con las que han aprobado autorizaciones para exploraciones para uso y explotación del agua o para el establecimiento de los cánones. Por ejemplo, el 3 de marzo, a través de Twitter, la Asociación de Avicultores de El Salvador (AVES), publicó un comunicado en el que informó que la ASA determinó que “el sector avícola será considerado como sector agropecuario (...), aunado a ello, dichas actividades se han clasificado de interés social por la importancia que tiene para la canasta básica (...) La Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA) ha implementado una serie de acciones con el objetivo de reducir el costo del agua para este sector. Gracias a ello se logrará disminuir en más del ochenta y cinco por ciento el precio que se pagaba anteriormente por el uso del agua antes de la entrada en vigencia de la Ley General de Recursos Hídricos”. Estamos, pues, no solo ante serios retrocesos en materia de institucionalidad democrática, de transparencia y de derechos humanos, sino también ante la vulneración total de los bienes naturales del país, con la anuencia y complicidad del Estado.

* Artículo publicado en el boletín Proceso N.° 117.