Nunca digás de esta agua no beberé...

El jueves 6 de junio, el candidato presidencial del FMLN presentó algo que denominó —cosas veredes— "consejo asesor para la defensa nacional". Además, Salvador Sánchez Cerén anunció que el grupo de militares en situación de retiro que lo integran será coordinado —más cosas veredes— por el coronel René Roberto López Morales. Ambas noticias no deben pasar desapercibidas, sobre todo porque se dan en el marco de una campaña electoral adelantada que impulsan todos los partidos políticos, en un evidente y descarado desprecio al mandato constitucional. En ese marco, para ubicar la dimensión del paso dado por el FMLN, conviene echar una mirada rápida a su relación histórica con la Fuerza Armada. Y para ello, hay que distinguir dos niveles dentro de lo que hace más de veintiún años dejó de ser guerrilla: el de su dirigencia y el de su militancia.

El 10 de octubre de 1980 nació oficialmente el FMLN, después de largas y complejas negociaciones entre los grupos revolucionarios armados surgidos en el país a partir de 1970, a los que se sumó con muchas reticencias el veterano Partido Comunista Salvadoreño. Y nació en medio de una brutal represión, que se había intensificado a partir del 15 de octubre de 1979, cuando se consumó exitosamente el último golpe de Estado en el país. Las aspiraciones de justicia, respeto de los derechos humanos y rescate de la institución armada, entre otras, fueron incluidas en la proclama de la llamada "juventud militar", que impulsó la sublevación y derrocó al general Carlos Humberto Romero.

Pero no tardaron mucho los dinosaurios del Ejército en retomar el control, para seguir en lo mismo: brutalidad oficial como respuesta a los legítimos reclamos de un pueblo que, en gran medida, simpatizaba con el FMLN. La participación directa del Ejército en las atrocidades empezó antes de la guerra, que arrancó el 10 de enero de 1981. El mejor ejemplo de esto es lo que ocurrió en el río Sumpul, Chalatenango, en mayo de 1980. En la ejecución de alrededor de novecientos civiles no combatientes, incluyendo niñas, niños, mujeres y personas de la tercera edad, concurrieron fuerzas gubernamentales salvadoreñas (cuerpos de seguridad represivos, grupos paramilitares y tropa) en coordinación con militares hondureños.

De cara a lo anterior, llama poderosamente la atención lo que hace unos días declaró en una entrevista el citado López Morales, coronel en situación de retiro y aliado hoy de Sánchez Cerén, comandante en situación de retiro también. Así explica el primero el papel de los militares en el conflicto: "Cuando decide el Gobierno que participe la Fuerza Armada para combatir a la guerrilla, lo hace igual que como lo hace el Gobierno actual en seguridad pública; la Fuerza Armada no provoca la guerra, sino que, como parte de la organización del Estado, cumple el mandato constitucional de apoyar, combatir la insurgencia, porque al principio, como solo era una cuestión, callejera, digamos. Entonces, los cuerpos de seguridad de ese entonces tenían la misión".

"Cuando se da la misión a la Fuerza Armada", dice López Morales, "esta desarrolla todas las campañas militares para contrarrestar al enemigo en ese momento [...] Entonces, la Fuerza Armada se caracteriza por disciplinada". Cabe preguntarle si las cerca de novecientas víctimas mortales del Sumpul eran guerrilleros. Si no eran parte de la insurgencia, si no eran enemigos, ¿por qué las ejecutaron? ¿Qué hacía la tropa gubernamental en ese operativo si aún no comenzaban ni la guerra ni la misión del Ejército?

Retomando la historia inicial, fue en la víspera de la confrontación armada cuando nació el partido político que ahora anuncia —en boca de su candidato presidencial— la creación de un consejo asesor para la defensa nacional. Y antes de morir el FMLN guerrillero para dar vida al FMLN electorero, todavía planteó un reparo sobre la Fuerza Armada. En el Acuerdo de México, firmado junto con el Gobierno de la época el 27 de abril de 1991, los representantes del Frente dejaron constancia del desacuerdo con el carácter "permanente" de la Fuerza Armada; además, señalaron que faltaba negociar otras reformas constitucionales como la "desmilitarización".

Dicha "reserva" fue retirada oficialmente el 11 de septiembre de 2003, al notificarle a Naciones Unidas que la Fuerza Armada había cumplido "su misión constitucional" desde el fin de la guerra hasta esa fecha. Sin embargo, hasta ahora, no se han abierto y revisado los archivos militares que reclama —entre otras organizaciones sociales— la Asociación Pro-Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos durante el Conflicto Armado. El acceso a los archivos, con toda seguridad, sería de enorme utilidad para esclarecer el paradero de esas víctimas y así se contribuiría a aliviar en parte el daño que les causaron a sus familias. Pero no. Su conocimiento ha estado vedado durante todos los Gobiernos de la posguerra.

Y ahora, el partido, que como guerrilla buscó responder a la sangre derramada y a la desaparición forzada del pueblo salvadoreño (dentro del cual se incluye parte de su militancia), ve la alianza con estos militares como "uno de los acontecimientos políticos más importantes", según uno de sus máximos dirigentes. ¿Será cierto eso? ¿Por qué? ¿Porque, como empiezan a decir algunos, es una importante señal de "reconciliación"? Para nada, pues la reconciliación entre los que mandaron durante la guerra se dio cuando esta finalizó y los alzados entregaron armas, ideas e ideales. ¿O será porque ahora cuentan con una asesoría especializada en "seguridad nacional", cuando en nombre de esa doctrina se cometieron graves violaciones de derechos humanos, crímenes de guerra y delitos contra la humanidad? Al menos, eso se desprende de lo dicho por Sánchez Cerén al momento de anunciar esta maravilla: "[No queremos] improvisar el futuro del Gobierno, el futuro del país; por eso, hemos formado este grupo de asesores, para construir una patria salvadoreña con un buen rumbo en seguridad nacional".

Esto último fue ratificado por el coronel López Morales durante el acto en el que compartió mesa con los integrantes de la fórmula presidencial del FMLN, cuando expresó su compromiso de "asesorarlos y acompañarlos en la campaña de manera desinteresada, todo sea por el bien del país y de la seguridad nacional". Por cierto, en 1989, López Morales se reunió poco antes de la medianoche en la Escuela Militar, junto a otros oficiales, con el coronel Guillermo Alfredo Benavides Moreno, para recibir órdenes del Estado Mayor de la Fuerza Armada, entre ellas el asesinato del rector de la UCA, Ignacio Ellacuría, sin dejar testigos.

Eso está registrado en el informe de la Comisión de la Verdad. También se dice que Benavides pidió, al final de esa reunión, que levantara la mano quien no estuviera de acuerdo. López Morales, al no alzarla, fue entonces cómplice de la masacre en la Universidad y ha sido hasta la fecha encubridor de esa atrocidad, pues en repetidas ocasiones ha tenido oportunidad de aportar información al respecto —dentro y fuera del país— y no lo ha hecho. El FMLN sabía todo esto desde hace un buen rato y, pese a ello, ahora lo acoge en su seno. "Nunca digás de esta agua no beberé, porque el camino es muy largo y podés tener sed". Hoy, lastimosamente, la sed es de impunidad y no de justicia, de poder y no de verdad. Pero sed, a final de cuentas.