Otros criminales

Los Papeles de Panamá han puesto nombre a quienes esconden fortunas y transacciones financiera ilícitas en paraísos fiscales para evadir impuestos y lavar dinero. La existencia de paraísos fiscales era de sobra conocida, pero todo cambia cuando desaparece el anonimato y se conocen los nombres de las empresas y de los capitalistas que se benefician de ellos. El Primer Ministro islandés, con fama de reformista, ha renunciado de inmediato y el Primer Ministro británico ha tenido que dar explicaciones e incluso publicar, por primera vez en la historia de Inglaterra, su declaración de impuestos. Pero la mayoría de los identificados hasta ahora niegan la evidencia o guardan silencio. Existe un consenso bastante general de que quien recurre a una compañía radicada en un paraíso fiscal y cuya directiva está conformada por prestanombres es un privilegiado que evade impuestos y realiza operaciones ilícitas.

Los intelectuales del gran capital, en su afán por justificar la ambición desmedida, se esmeran en señalar que las compañías que figuran en los Papeles de Panamá son legales, que lo cuestionable es el origen de los fondos. Y no dejan de tener razón, pero esa no es toda la verdad. Otro argumento especioso es justificar el paraíso fiscal por la existencia del infierno fiscal que, para ellos, implica pagar impuestos. Pero el verdadero infierno fiscal está reservado a la inmensa mayoría de la población, sobre la cual recae la parte más pesada de la carga tributaria de un Estado sin dinero. Así, pues, el paraíso está reservado solo para unos cuantos afortunados, que se aprovechan de países donde no existe control sobre el capital y sus operaciones, y donde la carga tributaria es bajísima. Estos intelectuales, que se declaran abanderados de la modernidad, han adoptado una posición retrógrada, puesto que la tendencia del capitalismo moderno es a suprimir los paraísos fiscales. Estados Unidos, la Unión Europea, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (que reúne a 34 países) y varios organismos internacionales ya han intentado suprimir los paraísos fiscales —sin conseguirlo—. Estados Unidos ha impuesto controles rigurosos a la banca internacional para evitar los males derivados de eso que considera una distorsión del capitalismo.

Ante la realidad ya inocultable, desvelada por los Papeles de Panamá, lo menos que puede hacer un Gobierno como el salvadoreño es apresurarse a legislar para cerrar las posibilidades existentes para la evasión fiscal y el lavado de dinero. En concreto, conviene revisar las normas fiscales para las empresas, el movimiento de capitales, las inversiones. En una palabra, obligar a las empresas y a los individuos a revelar sus datos en los paraísos fiscales. Y debiera hacerlo con la misma premura y contundencia con la que ha modificado la legislación relacionada con los terroristas. ¿O es que acaso esos capitalistas no cometen crímenes contra el bienestar común? ¿El privilegio también comprende la impunidad?

Evadir impuestos en El Salvador es un crimen tan grave como el de los terroristas, porque el afectado es un Estado con escasez crónica de recursos para cubrir las necesidades de la mayoría de la población. Más aún, tiene que endeudarse constantemente para financiar el gasto ordinario y la inversión. El costo de ese financiamiento recae en directo sobre la mayor parte de los salvadoreños, a través de la retención de la renta, del impuesto al valor agregado y de otros impuestos ocultos. En consecuencia, el costo de la evasión no afecta a los grandes capitales, sino a todos los demás, que pagan más y son los que menos servicios reciben. Es un contrasentido solicitar ayuda externa para financiar aquello que debiera y puede ser financiado con recursos propios si los grandes capitales pagaran lo que les corresponde. Es vergonzoso pedir a los contribuyentes de otros países que financien lo que los capitales más grandes de El Salvador evaden, amparados en una legislación obsoleta.

Los afortunados que se esconden detrás de las compañías fantasma suelen presentarse como personas de acendrada honradez, sus empresas practican la responsabilidad social empresarial y figuran como donantes en toda clase de eventos caritativos o incluso tienen su propia fundación. Todos ellos, además, hacen alarde de nacionalismo, de amor al pueblo salvadoreño. En realidad, el capital no tiene nacionalidad, solo entiende de reproducción y acumulación. Puede que algunas operaciones de esas compañías estén amparadas por la legislación, pero, en todo caso, su manera de proceder es hipócrita e inmoral, dadas las ingentes necesidades financieras del país, y pone de manifiesto el desdén del rico y del poderoso hacia el resto de la sociedad.