Si al leer el título de este texto usted piensa que se afirma que en el vecino país ya se logró la paz plena, está equivocado. Realizar esa ansiada aspiración, también vigente en El Salvador, no se consigue solo con el adiós a las armas negociado y acordado entre bandos contrarios. Para ello se requiere, además, la justicia social extendida y profunda; igualmente, resulta necesario dejar atrás los altos niveles de violencia e inseguridad mediante el funcionamiento adecuado de las instituciones y la participación de la sociedad, sobre la base de una condición esencial: la erradicación de la impunidad. Fuera de lo primero, el fin de la guerra, lo demás es lo más importante de la agenda pendiente tanto del pueblo chapín como del salvadoreño. Pero entre ambos, hay una diferencia: allá tienen a Paz y Paz. Que es el apellido de Claudia, la valiente fiscal general de la República de Guatemala.
¿Qué decir de ella? ¿Que en febrero de este año Newsweek la colocó en la lista de las 150 mujeres en el mundo que "están haciendo que sus voces sean escuchadas"? Quizás se queda corta esa apreciación. Claudia está haciendo mucho más que eso. Su voz está siendo escuchada, sí, pero para hacer valer los derechos de las víctimas históricamente ignoradas en el hermano país; ello mediante el cabal cumplimiento de sus atribuciones. Pero ese reconocimiento es meritorio y lo comparte, entre otras, con gallardas defensoras argentinas de derechos, como las Abuelas de la Plaza de Mayo, y jóvenes como Camila Vallejo, aguerrida dirigente estudiantil chilena. Se incluyen, además, presidentas y expresidentas, junto a artistas, funcionarias de Estado, periodistas, deportistas...
¿Qué más decir? ¿Que Claudia también apareció incluida en agosto dentro de otro listado de mujeres no solo destacadas, sino también poderosas, las cuales —se afirma— están cambiando el mundo en política y en políticas públicas? Fue la también estadounidense revista Forbes el medio que valoró a tan alto nivel la labor de la jefa del Ministerio Público guatemalteco. Claudia Paz y Paz reaccionó afirmando que la inclusión en semejante nómina la honraba y comprometía. Y añadió que la distinción era fruto del trabajo de un gran equipo. Destacó también el valor de las y los fiscales, que no obstante "las limitaciones, trabajan arduamente por acercar la justicia a las víctimas".
En una entrevista reciente, le preguntaron qué resultados de su gestión valoraba más. La Fiscal General respondió resaltando el esclarecimiento de casos emblemáticos sobre la base de una adecuada recolección y presentación de prueba científica, como ocurrió con los asesinatos de Facundo Cabral y varios candidatos a alcaldes en las últimas elecciones. También se refirió al caso de la defraudación imputada al edil de Antigua Guatemala. Asimismo, mencionó las condenas de más de sesenta integrantes del cártel de Los Zetas y la captura de capos del narcotráfico que son extraditables. Eso significa que está pegando abajo, pero también arriba. Se refirió, además, a la reducción de muertes violentas en un veinte por ciento. Aunque no se lo dijera al periodista, eso lo ha logrado sin treguas entre grupos criminales.
En su respuesta no metió como algo valioso haber procesado a varios militares de alto rango —entre los cuales se incluyen algunos expresidentes de la República— por graves violaciones de derechos humanos, crímenes de guerra y delitos contra la humanidad ocurridos entre 1960 y 1996. Tuvo que preguntarle al respecto el entrevistador. Así, pues, se refirió a dos casos de genocidio consumados en 1982; en ambos está involucrado el general Efraín Ríos Montt y por eso lo están juzgando. Confiada en la solidez de la investigación fiscal y la prueba presentada, la jefa del Ministerio Público espera obtener una sentencia condenatoria. Lograrla, en palabras de Claudia, le enviaría "una señal a la sociedad de que eso no se puede hacer y que, si se hace, habrá una consecuencia en el marco del Estado de derecho, que es una condena. El Estado de derecho es igual para todos. No importa quién sea la víctima ni quién sea el perpetrador, si hay un delito, se tiene que sancionar. Quizás lo único que influiría ahí es la gravedad del delito para que sea prioritario su esclarecimiento y su sanción. Y en este caso, como en otros, cuando hablamos de una persona que fue jefe de Estado, ese mensaje de igualdad ante la ley también se fortalece".
Para que esta menuda y serena funcionaria esté haciendo todo lo anterior, ha requerido de recursos y capacidades que se consiguen y adquieren. Es obvio, además, que ha demostrado una firme voluntad política. Quien aspira a asumir esa tremenda responsabilidad, sea en Guatemala o en otro país del mundo, siempre declara y promete que no le temblarán las manos para combatir a toda la delincuencia: la de a pie, la de cuello blanco, la del narco y toda la demás. Pero pese a que todo eso se dé y se junte en una persona, si esta no tiene la valentía necesaria y suficiente, pasa lo que ocurre acá: se acomoda para no complicarse la vida, se alinea para cumplir los dictados de los poderosos y se aprovecha para disfrutar después su paso por el cargo.
Por eso, a esa Paz y Paz chapina quisiéramos tenerla acá. Pero no. La politiquería local lo impide, porque a sus amos no les conviene. Estamos destinados, pues, a seguir sufriendo las consecuencias de una impunidad sobre la cual se asientan los dos males mayores que sufren especialmente los sectores más vulnerables de El Salvador: el hambre y la sangre. ¿Resignación? Quizás no. Es imposible clonar a la Fiscal General guatemalteca, pero se puede revivir la rebeldía de la década de los setenta, no para irnos a otra guerra, sino para buscar —con imaginación y creatividad— las mejoras formas para lograr que nuestros mercaderes de la política no nos roben el presente y nos arruinen el futuro. Si no hay rebelión por la dignidad colectiva pisoteada, no basta la indignación.