Políticas coherentes contra la violencia

Hasta hace poco se hablaba de mano dura contra las pandillas. El Ministro de Justicia y Seguridad Pública mencionaba que junto con la PNC y el Ejército estaban haciendo músculo para empezar una guerra contra los pandilleros. Ahora nos encontramos con que la mano blanda ha dado mejores resultados en la baja momentánea de homicidios. Ojalá la situación dure y los homicidios sigan bajando. Pero lo que deja mal sabor de boca es ver que no hay una política coherente en el campo de la prevención del delito. Una prevención que debe tener como base fundamental la protección de los derechos económicos y sociales de la población. Y basta con poner un ejemplo. En Santa Ana hay un asentamiento que se llama Los Héroes. Son más de 300 familias y llevan en ese lugar 5 años. La tierra en la que han puesto sus casitas no les pertenece y recientemente han recibido una carta que les advierte que serán desalojados por la fuerza el 19 de abril de este año si no se van antes del lugar. Son gente en extrema pobreza. La alcaldía de Santa Ana ha sido solidaria y ha tratado de ayudarles, al igual que otras instituciones. Pero la amenaza constante de desalojo y la visita de algunos policías que les dicen que tienen que irse mantienen a la comunidad en tensión permanente.

Hace no mucho tiempo, la PNC desalojó, también en Santa Ana, a una comunidad de 50 familias ocupantes de tierras ajenas. El desalojo fue duro y la gente quedó prácticamente tirada en la calle. ¿Es posible creer que la violencia en el país bajará mientras los Gobiernos permiten este tipo de expulsiones sin ofrecer una solución alternativa para las personas afectadas? No se puede tratar a patadas a la gente pobre y pedir después que desaparezca la delincuencia. La gente de Los Héroes es demasiado buena y en su gran mayoría seguirá siendo pacífica a pesar del maltrato legal, policial y estatal. Pero no sería nada raro que algunos de los jóvenes se desesperaran. Y la desesperación siempre es mala consejera.

La gente tiene derecho a vivir y a poseer un lugar donde pueda desarrollarse con un mínimo de seguridad y dignidad. Y el Estado tiene la obligación de brindar posibilidad de desarrollo digno. Si la alcaldía santaneca, por la debilidad de sus recursos y el alto número de personas que habitan en el asentamiento, no puede encontrar una solución, es el Gobierno el que debe proveer salidas a la situación. La gente de Los Héroes se ha preocupado por tener una escuelita propia, por mejorar la situación de muchos de sus habitantes y vecinos, con solidaridad y cohesión interna. ¿Vamos a desaprovechar ese capital social de gente sencilla que lucha con escasa ayuda pero con gran voluntad y esperanza contra la pobreza? ¿Vamos a condenarlos de nuevo al dolor de no tener quién los reciba?

Está bien que se proteja el derecho de propiedad. Pero antes está el derecho de las personas a tener una vivienda donde poder reclinar su cabeza y formar una familia. Un mundo y una sociedad que valora más el derecho de propiedad que la dignidad humana es siempre un conjunto humano condenado al fracaso. Y en El Salvador, lamentablemente, está más protegido el derecho a la propiedad que los derechos humanos. Por ese camino no se soluciona el problema de la violencia. Porque la violencia estructural termina siempre produciendo todo tipo de violencia. Las maras pueden estar constituidas por victimarios, pero muchos de sus miembros fueron víctimas antes que victimarios. ¿Pensamos que podemos construir la paz mientras olvidamos o negamos los derechos de las personas a vivir con dignidad? Ese no es el camino. Podemos hoy alegrarnos de que los homicidios desciendan. Pero no podemos aceptar que se maltrate a los pobres y se siga, con el maltrato a los inocentes y con la negación de sus derechos, creando una sociedad sin cohesión social. Sociedades violentas engendran siempre más violencia. Y negarle a las más de mil personas que viven en Los Héroes el derecho a tener un techo donde protegerse es también un acto de violencia muy grave.