El Presupuesto del próximo año no marca el comienzo del “milagro salvadoreño”, tal como anunció el ministro de Hacienda. Está construido sobre arena. Más bien, expresa un doble deseo del poder ejecutivo. Por un lado, aumentar la inversión en salud, educación y seguridad ciudadana y, por otro, gobernar sin frenos institucionales. Aumentar la inversión social es indispensable, pero no hay dinero ni proyectos. El incremento programado supone un crecimiento económico muy incierto. Las instituciones supervisoras perderán aún más eficacia con el recorte presupuestario, pero es un despropósito, dado que el milagro anunciado probablemente no ocurrirá.
El acentuado aumento del gasto, la presión de una deuda enorme y el déficit del Presupuesto de más de mil millones de dólares son incompatibles. Los ingresos han sido estirados, pero no lo suficiente como para cubrir el déficit programado. Es previsible que el elemento más débil, el gasto social, se caiga. Pese a experimentar la recesión económica más acusada de la región, Casa Presidencial confía en un aumento de la recaudación tributaria como consecuencia de la reactivación de la economía y en una elevada recuperación de lo evadido. Pero esas expectativas son irracionales. La pandemia ha provocado una severa crisis de demanda en todas las economías, incluida la salvadoreña. Por tanto, la recaudación no alcanzará el nivel proyectado. La debilidad institucional y la corrupción imperante restan eficacia a la persecución de la evasión fiscal. Por ignorancia o simple indolencia, el proyecto de Presupuesto ni siquiera cumple con las formalidades legales.
El colapso de la demanda afecta los ingresos medios y bajos, y golpea más a los trabajadores no especializados y a los más pobres. La transferencia monetaria y el reparto de alimentos son medidas de corto plazo. La prolongación de la crisis exige mantener esas ayudas así como también ampliar el crédito y generar liquidez para evitar despidos a mediano y largo plazo. Mientras los otros Gobiernos luchan para evitar el cataclismo, el de Bukele presupuesta como si la actividad económica fuera normal. Esto deja a Casa Presidencial ante dos salidas: subir los impuestos o aumentar la deuda.
El presidente ya ha negado lo primero, pero, como es usual, contradictoriamente, ya que ha solicitado también no solo prorrogar, sino aumentar el llamado impuesto para la seguridad a los grandes contribuyentes. Aparentemente, Casa Presidencial se inclina por prestar más dinero en el mercado externo, pues ya ha agotado la capacidad de prestar a corto plazo del mercado interno. Una probable fuente es el Fondo Monetario Internacional, el cual exigirá a cambio una “reforma estructural”, un eufemismo para referirse al aumento de los impuestos. El más fácil de subir es el del valor agregado, que castiga a la población de menores ingresos. Otra posibilidad es emprender una reforma fiscal progresiva, cuyo peso recaiga sobre los capitales y las ganancias más grandes. Esta opción tiene la doble ventaja de proporcionar financiamiento para saldar la deuda social de décadas que tanto interesa a Casa Presidencial y para reducir la dependencia de los préstamos.
Una reforma fiscal de esa envergadura requiere audacia, visión política y capacidad para negociar con los principales afectados y los diputados. Si bien la recesión la desaconseja, el presidente Bukele puede dar los primeros pasos para su aplicación gradual y para iniciar la transformación de la actividad económica, un complemento importante para asentar la expansión de la inversión social sobre bases sólidas. La actualización del comercio, la tecnología, las finanzas y la política económica harían más productiva a la economía nacional. La temeridad que el presidente Bukele despliega en sus invectivas estaría mejor empleada en impulsar la innovación de la actividad económica y la reforma fiscal. Sus plumas, sus fotógrafos y sus camarógrafos prestarían un gran servicio si contribuyeran a crear un consenso social amplio y a vencer las resistencias de los más perjudicados por estas reformas.
El Presupuesto 2021 está elaborado de tal manera que su fracaso, por falta de financiamiento, pueda ser atribuido creíblemente a la maldad y la ineptitud de los partidos tradicionales. Por eso, algunos sugieren aprobarlo tal como ha sido presentado, con lo cual la responsabilidad recaería totalmente en Casa Presidencial. El aumento de la inversión en el área social es prácticamente imposible sin transformar cómo se crea la riqueza y cómo se distribuye. El modelo actual es incompatible con los deseos presidenciales, expresados en el Presupuesto. Sin embargo, hasta ahora, el presidente se siente cómodo con él. Milagro sería, entonces, que se atreviera a replantear dicho modelo para elevar su productividad y a poner las bases para una distribución más equitativa de la riqueza nacional. A primera vista, esto puede parecer excesivo. Pero el milagro, por definición, es el hecho inexplicable y extraordinario. En cualquier caso, este milagro tiene más posibilidades que el milagro del que habla el mandatario.
* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.