Problemas en la Sala

En diversas ocasiones he hablado de la Sala de lo Constitucional, fundamentalmente para defenderla. Pero da la impresión que el paso del tiempo y una cierta conciencia deformada de que tienen la razón en todo lo que dicen han comenzado a deteriorar no solo las relaciones entre ellos, sino sus actuaciones. El Caso Jesuitas y la reciente supresión de impuestos municipales son muestras de un claro deterioro. Cuando Sidney Blanco pide que, así como él y otros se excusan de participar en el Caso Jesuitas, también otros lo hagan en el tema de la extradición por haber anticipado criterio, las reacciones, con críticas contra quien no está presente, son de poca calidad o más bien indignas. Es evidente que Rodolfo González ya votó en una ocasión sobre el mismo tema, adelantando así criterio, y que Belarmino Jaime ha hecho pública de diversas maneras su posición contra la extradición. Que un magistrado piense que otros deben excusarse no es un insulto y no amerita atacarlo o decir “me vale”. Algo falla en la Corte y en la Sala. Esas afirmaciones de que se quiere “una Corte a la carta” son ofensivas Y es lamentable que se responda a una opinión que no es insultante con esas insinuaciones de querer tergiversar la justicia.

Y es todavía más grave el asunto porque la Sala de lo Constitucional está violando la Constitución y los derechos de los cuatro militares hoy detenidos en cumplimiento de la difusión roja. Pero eso no parece molestar demasiado a los magistrados. Decimos que se ha violado la Constitución porque los cuatro detenidos presentaron ya hace algún tiempo un habeas corpus. Y este recurso legal no ha sido escuchado hasta el momento. En otras palabras, la Sala está cayendo en retardo judicial. Un habeas corpus no debe responderse con tanto atraso, independientemente de cuál sea la recomendación que finalmente dé el juez ejecutor. La Constitución, en su artículo 17, es clara cuando dice que “habrá lugar a la indemnización por retardación de justicia”. Y en el caso de este habeas corpus hay una clara retardación de un derecho constitucional que debe ser atendido con diligencia. Los magistrados tal vez se confían en que, para complacencia del sistema judicial del país, se seguirá violando por omisión el mandato constitucional de que los funcionarios o el Estado subsidiariamente indemnicen a las víctimas del retardo judicial. Pero aunque no tengan que pagarles nada a los exmilitares detenidos, deben ser denunciados por lentos e irresponsables ante un derecho ciudadano.

Otro de los síntomas de deterioro de la Sala es la eliminación de los impuestos municipales sobre los activos de las empresas. Decir que un impuesto sobre activos vulnera el derecho a la propiedad es una soberana tontería. Una infinidad de países, mucho más inteligentes que nosotros en su legislación e incluso en la promoción de la propiedad privada, le ponen impuestos a los activos. Aludir a la capacidad económica o a la equidad tributaria tampoco es un argumento adecuado. Según esos criterios, habría que excluir del pago del IVA a todos los que viven en la pobreza, que son cerca de la mitad del país. Los activos sí deben ser sujeto de impuestos. El hecho de que no generen ingresos es simplemente una muestra de falta de productividad. Y la falta de productividad, cuando se tienen capitales grandes, no debe eximir de tributación. Si la Constitución habla de justicia social, algo significa ese término. Si los magistrados antes de fallar sobre temas económicos leyeran un poco más de economía, se darían cuenta de que el impuesto a los activos, como impuesto al capital, es una forma de reducir la desigualdad y, en ese sentido, contribuir a la justicia social. Defender a una empresa improductiva tampoco es una consigna económica ni de responsabilidad social que tenga mucha aceptación hoy en día. Sería algo así como eximir de impuestos al latifundio improductivo, en el caso de que existiera.

Ya desde hace algunos años, la Sala, aunque injustamente atacada en varias ocasiones y obligada a defenderse, ha mostrado actitudes prepotentes. Por ejemplo, decirle al Procurador de Derechos Humanos que tiene que regirse por la interpretación de la legislación que ellos den y que no tiene derecho a criticar a la Sala de lo Constitucional es un absurdo total. O significa desconocimiento del rol de un Procurador de Derechos Humanos, que se debe más a esos derechos que a cualquier otra institución del Estado, o simplemente es un acto de soberbia y prepotencia. Cualquiera de las dos posibilidades es grave. Los derechos humanos son una especie de conciencia moral ciudadana frente a todo tipo de poder, sea estatal o privado. Y la Sala de lo Constitucional, como la Corte Suprema de Justicia, es parte del poder del Estado. Y ya sabemos que el poder, como decía el historiador inglés lord Acton, tiende a corromperse.

Que en la Corte Suprema de Justicia ha habido corrupción a lo largo de su historia es algo que incluso ha sido reconocido por algunos de los actuales magistrados. Y por lo mismo, cualquier abuso de poder o acto de prepotencia debe ser reflexionado por los magistrados como un inicio del camino hacia la corrupción. No responder con la celeridad debida y en los tiempos adecuados a una petición de habeas corpus puede ser una señal de corrupción. Suprimir impuestos destinados al bien común, lo mismo que liberar fácilmente de multas a las grandes empresas o eternizar resoluciones, puede mostrar mentalidades que de hecho dificultan o a veces entorpecen la libertad para juzgar. Ser trasparentes, no obstinarse en la defensa del propio ego, leer un poco más de ciencias distintas a las jurídicas les vendría bastante bien a unos cuantos magistrados.