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Nunca mejor dicho el refrán ante las aplicaciones tramposas que se hacen en la Asamblea Legislativa a la hora de pagar a sus empleados. Gracias a la Ley de Acceso a la Información Pública se ha podido saber que en la Asamblea se paga a los empleados de bajo nivel salarios de Primer Mundo. ¡Bien por ellos!, podríamos decir. Sin embargo, en la casa donde se hace la ley también se hace la trampa. Los que se llaman a sí mismos padres de la patria dan ejemplo a sus supuestos hijos de que la trampa es legítima. No todos, por supuesto. Pero se dan abusos que son intolerables.
Hay plazas en la Asamblea que, sin ser de especialistas, reciben un salario superior al de un viceministro; choferes que reciben una paga mensual superior a la de un médico especialista del Hospital Rosales. Todo iría bien si no supiéramos las prácticas de algunos partidos, de sobra aceptadas por la gran mayoría de los diputados. Pongamos el caso de una plaza de asesor valorada en presupuesto en más de dos mil dólares. En teoría, para esa plaza hay legalmente un solo propietario. Pero el salario se reparte entre dos asesores que cobran entre los dos una parte del salario; la otra parte va al partido que los contrata en esa plaza que supuestamente es para un asesor de calidad, puesto que tiene una asignación alta. Ya hace algunos años apareció en los periódicos que algunos diputados tenían como asesores a estudiantes de universidad que —nada es casual— eran parientes de miembros del mismo partido. Y, por supuesto, no pasó nada.
Este modo de actuar explica mucho de nuestra política. En primer lugar, cuando se reparten las plazas de asesoría a precios reducidos, se entiende perfectamente que el nivel técnico de la Asamblea cuando elabora leyes sea con frecuencia muy bajo. Y, en segundo lugar, explica la insensibilidad ética con la que los diputados suelen gastar dineros en cuestiones superfluas. Si al Estado se le defrauda en favor del propio partido con tanta tranquilidad, es perfectamente normal que se les ocurra presupuestar 120 mil dólares para arreglos florales. La Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas", la UCA, que tiene muchos más metros de construcción que la Asamblea Legislativa, gasta aproximadamente 40 mil dólares anuales en pintura y materiales para mantener en buen estado todos sus edificios, calles y letreros. Mientras que la Asamblea gasta solo en pintura 150 mil dólares. Así, acaba uno preguntándose si en ese presupuesto entrará el tinte de cabello con el que algunos diputados se pintan el pelo. Si en algunos puestos de trabajo parte del salario va para el partido que contrata al empleado, es lógico que la ciudadanía se pregunte si en estos gastos tan desaforados no se queda alguna proporción del dinero perdida por alguna parte.
La Ley de Acceso a la Información Pública está empezando a dar resultados. Y con lo que va apareciendo, se vuelve impostergable que el ciudadano haga oír su voz. ¿Queremos que nuestros impuestos se gasten en caprichos de funcionarios públicos? ¿Admitimos que los políticos financien sus institutos con nuestros impuestos de un modo tramposo? Aunque no es una gran cantidad, la Asamblea programa gastar este año 24 mil dólares en material deportivo. ¿Juegan algo los diputados? No lo sabemos. Pero es importante que no jueguen con la ciudadanía. Y si hacen la ley, por favor, que no hagan la trampa.
