Los procesos electorales que tendrán lugar entre 2017 y 2019 son, sin lugar a dudas, una oportunidad para decidir quiénes gobernarán a El Salvador, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito municipal. En este sentido, los partidos y sus militantes van a elegir candidatos para gobernar, mientras que la ciudadanía en general elegirá a los futuros gobernantes por tres o cinco años según se trate de autoridades municipales o nacionales.
Los procesos de elección de gobernantes no deben confundirse con elecciones de representantes. Los gobernantes electos no necesariamente representarán la voluntad y preferencias de sus electores a la hora de tomar decisiones. Estarán sujetos a otras dinámicas y presiones provenientes especialmente de grupos de interés u otras entidades, nacionales o internacionales, que tienen también intereses que promover o defender. La representación política de los electores, esa que es democrática y se deriva de las elecciones, es una pura ficción frente a la representación, nada democrática, de los intereses corporativos. Para que los gobernantes actúen como representantes de sus electores hace falta transformar la manera en que ambos se relacionan. En principio, los electores debieran estar informados sobre lo que hacen sus gobernantes con la cuota de autoridad que se les da electoralmente. Se sabrá que los gobernantes actúan como representantes de sus electores en la medida en que se conozca la forma cómo participan en la toma de decisiones y si esta coincide con las preferencias de los electores. Es necesaria, pues, una relación transparente.
Las elecciones debieran ser una oportunidad para renovar a la clase gobernante cuando esta o algunos de sus miembros se han convertido en un obstáculo para el desarrollo del país o, al menos, para la solución de sus principales problemas. Este es el caso salvadoreño y las elecciones internas constituyen una primera oportunidad para introducir el cambio. Los militantes partidistas no debieran desaprovechar esta oportunidad. Deberían pensar en el aporte que sus partidos pueden dar a la política nacional y evaluar si quienes pretenden postularse para un cargo público están, o no, a la altura de ese reto. Si no lo están, la militancia tiene una responsabilidad en la continuación de los males políticos y del malestar de gran parte de la población con la política.
Si la militancia partidista no introduce la renovación, le toca entonces hacerlo al electorado. Para ello contará con la posibilidad de seleccionar, de entre los candidatos, aquellos que están menos vinculados con la vieja clase gobernante.