Según cálculos periodísticos, 14 mil personas han perdido su trabajo en instituciones estatales. Sin embargo, ha aumentado el número de trabajadores del Estado que tienen un salario mensual de 2,000 dólares o más. La norma de revisar y mejorar el salario mínimo del país cada tres años, teniendo en cuenta el encarecimiento de la vida, no se ha cumplido. Llevamos ya cuatro años sin revisión del salario mínimo y no hay señales, al menos de momento, de que se esté estudiando el asunto. Ello a pesar de que el costo de la canasta básica se ha disparado durante los últimos años . Aunque a la gente ya se le había anunciado lo que en su momento se llamó “medicina amarga”, nunca se ha informado que la paralización del monto del salario mínimo sea parte de ese supuesto remedio a la queja de la población sobre la situación económica del país. Ni tampoco se ha informado cuánto durará la receta. Sea como sea, el que hayan aumentado en el Estado los mejores salarios mientras hay despidos masivos en oficinas estatales y se incumple un compromiso básico de revisión del salario mínimo, muestra no solo incoherencia, sino también despreocupación por los problemas económicos de la población. Se han hecho esfuerzos de cara al control de precios de algunos alimentos, pero la revisión y aumento del salario mínimo continúa siendo una necesidad urgente de los sectores más vulnerables de El Salvador.
El lunes pasado, nuestro arzobispo, en la festividad de san Óscar Romero, pidió avanzar en la corrección de toda una serie de problemas sociales. Mencionó también el salario mínimo, que debe ser sobre todo salario justo, capaz de enfrentar los desafíos familiares. La Iglesia tiene una larga tradición de insistir en que el ingreso por el trabajo sea el adecuado para vivir con dignidad y sea protegido por las autoridades estatales. Y que las redes de protección social, especialmente las de educación, salud y pensiones, sean también justas y adecuadas para mantener dinámicas de desarrollo. La Iglesia está plenamente convencida de que el trabajo es más importante que el capital, porque es una realidad humana que no solo le permite vivir al trabajador, sino que le ayuda a realizarse como persona, asumiendo responsabilidades sociales. En ese sentido, reclamar un salario mínimo decente es una responsabilidad no solo de los trabajadores, sino también de todos los hombres y mujeres fieles a la fe cristiana y al deseo de unas relaciones de amistad social que garanticen paz y seguridad en toda comunidad política.
Si analizamos la producción de riqueza en Centroamérica y Panamá, nos encontramos con que de los seis países, El Salvador fue el tercero con mayor PIB per cápita en 2024. Sin embargo, en el monto del salario mínimo estamos en quinto lugar. Sin necesidad de recurrir a comparaciones con otros países, sabemos que el actual salario mínimo es insuficiente para salir de la pobreza. Y que si nuestros migrantes, hoy amenazados por la deriva irracional y racista del presidente Trump, no enviaran remesas, los problemas de pobreza aumentarían seriamente en el país. El hecho de que nuestros trabajadores sean más productivos que los de otros países vecinos que tienen un mejor salario mínimo debe ser una llamada urgente a tomarse en serio el tema del hasta ahora relegado aumento del salario mínimo. La austeridad necesaria del Gobierno no debe convertirse en exigencia de austeridad a quienes pasan hambre o dificultades económicas. Atraer grandes inversionistas es conveniente, pero no con base en ofrecer mano de obra barata. Al Estado y al Gobierno les corresponde, según la Constitución, garantizar la justicia social. Y esto supone, entre otra cosas, convertir el salario mínimo en un salario decente, justo y familiar.