Sobre el acuerdo con el FMI (II)

En un escrito anterior se discutieron algunas de las implicaciones económicas del acuerdo que el Gobierno de El Salvador firmó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en febrero de 2025. Aunque el acuerdo fue relevante para dar respiro a las finanzas públicas, el énfasis en la estabilidad macroeconómica puede implicar un equilibrio a un nivel de desarrollo muy bajo, sin ofrecer soluciones a los problemas estructurales de nuestra economía.

Junto con la sostenibilidad económica, el programa con el FMI pretende fortalecer la transparencia y mitigar los riesgos del bitcoin. La carta de intenciones enviada al FMI y firmada por el presidente del Banco Central de Reserva y el ministro de Hacienda señala que “fortalecer el crecimiento potencial y la resiliencia también requiere mejorar la gobernanza y la transparencia”. Esta afirmación contrasta con múltiples casos de presunta corrupción, los retrocesos en el acceso a la información pública, la persecución de voces críticas e, irónicamente, la poca transparencia en el manejo del acuerdo con el FMI.

Los $1,400 millones de dólares acordados serán distribuidos en ocho desembolsos, condicionados a revisiones de los avances del programa. El primer desembolso se realizó junto al inicio del programa. La primera revisión y el segundo desembolso se llevaron a cabo en junio de 2025. En esta revisión se señaló que los objetivos de ajuste fiscal y de reservas internacionales y financieras se estaban cumpliendo o estaban encaminados a cumplirse. En relación con el bitcoin, se afirmó que había avances y que pequeñas adquisiciones de la criptomoneda estaban vinculadas a acumulaciones no voluntarias, o en otras palabras, a cambios contables entre los clientes de Chivo y los bitcoins en manos del Gobierno. Esto ya representaba un problema de transparencia.

La afirmación del Fondo contrastaba y sigue contrastando con los anuncios en redes sociales de adquisición de criptomoneda, tanto de parte de Bukele como de la Bitcoin Office. Para abril de 2025, incluso antes de la primera revisión, esto ya era un problema para el FMI. Al ser consultados sobre el tema en una rueda de prensa, funcionarios del organismo dijeron que el Gobierno seguía comprometido con no acumular bitcoin. El problema es claro: o los anuncios de compra de bitcoin son falsos y, por tanto, se comprometen los impulsos a la transparencia que el acuerdo en principio busca promover, o los anuncios son verdaderos y, por tanto, no se está cumpliendo con la mitigación de los riesgos del bitcoin.

Si la transparencia del acuerdo ya estaba comprometida por los anuncios del bitcoin, la situación ha empeorado luego de que los plazos de la segunda y tercera revisión —programadas para septiembre de 2025 y marzo de 2026, respectivamente— se alcanzaron sin publicarse un nuevo seguimiento del acuerdo, sin nuevos desembolsos y sin una explicación sobre lo sucedido. En un escueto comunicado de parte de la misión del FMI en El Salvador en diciembre de 2025, se dice que sigue habiendo avances en relación con la situación macroeconómica, la consolidación fiscal y la transparencia del bitcoin. Además, en el comunicado se señala que el Gobierno publicó un “estudio actuarial”.

En principio, este estudio debería ser el fundamento para una nueva reforma de pensiones, la cual es parte del trato con el FMI. En realidad, lo presentado por la Superintendencia del Sistema Financiero es un documento de 14 páginas dedicado mayoritariamente a explicar el estado actual del sistema de pensiones. Apenas se discuten los supuestos del análisis, las cifras utilizadas y las implicaciones. Según el acuerdo, la propuesta de reforma de pensiones debió ser anunciada en febrero de este año para luego ser sometida a discusión. Hasta la fecha, la propuesta no es pública, si es que existe.

Si en aras de la neutralidad el FMI omite explicar qué ha sucedido con el acuerdo, no se percata de que ya ha tomado postura política. Si el Fondo tiene un acuerdo con el Gobierno para continuar con las reformas después de las elecciones, es cómplice de la opacidad gubernamental. Los salvadoreños tenemos derecho a saber por qué reformas estamos votando. Es la población la que ha cargado y cargará con los recortes en nombre de la estabilidad macroeconómica. Es nuestro futuro el que está en juego con una potencial reforma de pensiones. El silencio del Fondo es cómplice del ocultamiento de información, aunque se revista de posturas técnicas. Que El Salvador necesite del programa por las condiciones macroeconómicas no justifica la falta de transparencia en los avances del acuerdo.

El pasado 22 de julio, Dan Katz, primer subdirector gerente del FMI, publicó lo siguiente en una red social: “Hablé esta tarde con el presidente Nayib Bukele acerca de los extraordinarios logros económicos de El Salvador. Estamos haciendo grandes avances para completar las siguientes revisiones del programa del FMI”. Queda a libre interpretación a qué se refiere Karz con "extraordinarios logros económicos" y “grandes avances para completar las revisiones”.

* Armando Álvarez, economista UCA.