Un concurso de popularidad en un escenario agrietado

En mayo, el Iudop realizó su tradicional estudio de evaluación del Gobierno. En esta ocasión, la población evaluó el tercer año de la administración Bukele y el trabajo de otras dependencias públicas. El Gobierno obtuvo una nota promedio de 8.18, siendo aprobado por 9 de cada 10 salvadoreños. La nota, aunque es más baja que la evaluación de mediados del año pasado (8.52), evidencia una recuperación con respecto a las evaluaciones de julio y diciembre de 2021, en las que se comenzaba a dilucidar un lento declive en la popularidad del oficialismo en general.

Para entender la interrupción de la caída de popularidad, es necesario dimensionar el impacto que ha tenido en el imaginario colectivo el régimen de excepción. 3 de cada 4 salvadoreños (74.1%) consideran que la medida ha ayudado a reducir en mucho la delincuencia, mientras que 9 de cada 10 (88.2%) consideran que la delincuencia ha disminuido con el actual Gobierno. Es indudable el impacto emocional que ha tenido la exposición a diario de grandes cantidades de presuntos pandilleros detenidos y la reducción momentánea de la criminalidad.

El régimen de excepción es una medida bien ponderada por la mayoría de la población, y eso es algo que no se puede negar. La predisposición de las mayorías hacia medidas represivas extremas es comprensible solo en una sociedad como la salvadoreña, históricamente vejada y hastiada por la violencia social. El Salvador no ha podido darse el lujo de sanar y reparar su tejido social.

Adentrándose en temas económicos, la opinión pública cambia mucho y el optimismo se desploma: la evaluación ciudadana de la economía del país y de la economía familiar han desmejorado con respecto al año anterior. En mayo de 2021, casi dos terceras partes de la población afirmaban que la economía del país estaba mejor con el actual Gobierno; ahora, en mayo de 2022, menos de la mitad de la población afirma lo mismo. En este sentido, 4 de cada 10 salvadoreños afirmaban que su economía familiar había mejorado en mayo de 2021; ahora, en mayo de 2022, 3 de cada 10 salvadoreños lo afirman. A pesar de lo anterior, la aprobación se mantiene alta.

En este contexto, los representantes del Gobierno se esfuerza por convertir las encuestas de opinión pública en concursos de popularidad. Bajo su visión deformada de la realidad, la gran mayoría, el 90%, está con los buenos, es decir, con el Gobierno; mientras que el resto, una minoría, está con los malos, es decir, con las pandillas, los mismos de siempre y todos aquellos que no quieren que el país prospere. Esta retórica simplista ha sido reproducida masivamente por la maquinaria de propaganda del oficialismo, que pauta en redes sociales y medios de comunicación tradicionales para transmitir mensajes sencillos y emocionales que buscan alterar la opinión pública a su favor y denigrar a los sectores críticos.

A este planteamiento se le pueden cuestionar varios detalles, pero por el momento nos concentraremos en dos de ellos. En primer lugar, intentar homogeneizar el pensamiento de las personas de acuerdo a su valoración hacia el Gobierno es intentar despojarla de su criterio personal. Hay variados y consistentes ejemplos que reflejan que la opinión pública no se manifiesta en bloques cerrados, por más que se intente describir a la población como una gran masa que vitorea cada cosa que el oficialismo proclama.

Dentro de esos 9 de cada 10 salvadoreños que aprueban la gestión gubernamental, la mayoría (55.3%) cree que el porcentaje de personas detenidas “por error” durante el régimen de excepción es mayor al que el presidente afirma; 6 de cada 10 (58.9%) consideran que el endeudamiento aprobado en los últimos meses beneficiará poco o nada a su grupo familiar; y 6 de cada 10 (62%) encuestados están en desacuerdo con que los diputados tengan agentes de seguridad pagados con fondos públicos. En segundo lugar, no se pueden ignorar todas aquellas señales de la realidad que se esconden debajo de los escenarios bien montados y cuidadosamente diseñados en los que el presidente y sus operadores políticos recogen sus medallas de simpatía. Debajo de la alfombra roja por la cual desfiló el mandatario en su discurso de tercer año de gestión se esconden profundas grietas en el piso.

La cada vez más limitada capacidad de las familias salvadoreñas para hacerle frente al costo de la vida es una de esas grietas. Un estudio del Centro para la Defensa del Consumidor reveló que a finales de 2019 eran necesarios al menos $706 para adquirir los productos y servicios esenciales (productos alimenticios básicos, productos esenciales no alimenticios y gastos en servicios como transporte, luz, agua y vivienda). La última encuesta del Iudop revela que el 80% de los hogares que declararon su nivel aproximado de ingresos no alcanza a cubrir ese monto. Es más, el 48% de los hogares no alcanza a cubrir ni siquiera la mitad de esos $706.

La cantidad de hogares que no cubre el costo de la vida en mayo de 2022 podría ser mayor, ya que los costos de los bienes y servicios básicos han aumentado considerablemente con respecto a 2019. Ya en 2021 los precios se habían incrementado de forma acelerada y en 2022 la tendencia se mantiene. En abril de 2022, según la Digestyc, la inflación interanual fue de 6.55%, un nivel inimaginable en 2019.

Ante esta situación, el oficialismo ha respondido con más propaganda y con medidas económicas que no han surtido efecto, pues el ingreso de las familias no mejora y el costo de la vida no para de subir. Repiten en sus mensajes que El Salvador tiene niveles de inflación menores y una canasta básica alimentaria más barata que el resto de la región gracias a las gestiones del Gobierno, ignorando selectivamente que el país ha tenido en general los niveles de inflación más bajos de la región en las últimas décadas y que las canastas básicas alimentarias no pueden ser comparadas de país a país.

Otra de las grietas que agujerean el piso del escenario es el atropello a la dignidad de las minorías. Otro sondeo realizado por el Iudop en mayo de este año reveló que, hasta mediados de ese mes, 2 de cada 10 salvadoreños (16.5%) conocían de forma directa al menos un caso de detención injustificada en el marco del del régimen de excepción. Debajo del muy bien cuidado montaje oficialista se escuchan las voces desesperadas de familiares y amigos que solicitan información de las personas detenidas arbitrariamente, sin relación comprobable con las pandillas; información que les es negada sistemáticamente mientras el Estado y su aparato de propaganda los revictimizan en sus publicaciones al sostener como dogma que todos los capturados son pandilleros.

Hay muchas otras condicionantes que cuestionan las cuentas alegres del oficialismo. Según datos del Iudop recopilados en la encuesta del cierre del año 2021, el 7% de los hogares vio partir de forma irregular hacia Estados Unidos a alguno de sus miembros. De hecho, el número detenciones de salvadoreños en la frontera sur de Estados Unidos en 2021 fue el más alto de los últimos 5 años, según el Departamento de Seguridad Nacional. Por otra parte, siempre según datos del Iudop, en diciembre de 2021, ya 2 de cada 10 salvadoreños afirmaban abiertamente que creían que había negociaciones entre el Gobierno y las pandillas. El dato fue recabado antes de las revelaciones periodísticas de mayo de este año que ponen en tela de juicio las verdaderas razones de la reducción de la criminalidad.

El mensaje de rendición de cuentas de Bukele en la Asamblea Legislativa no tuvo mayores sorpresas: evocó a las emociones por sobre la razón, castigó públicamente a sus opositores, sentenció a la comunidad internacional para que deje de interferir en su devenir autoritario y maximizó sus logros en materia de seguridad pública. Todo esto en un mar de aplausos y cánticos de diputados, funcionarios y seguidores presentes, mientras las tomas resaltaban la presencia de militares armados en el palacio legislativo. En su “rendición de cuentas”, el mandatario no se refirió ni una tan sola vez a las finanzas públicas ni a la economía familiar de los hogares salvadoreños, ni a las súplicas de los familiares y amigos de las personas que han sido detenidas de forma arbitraria.

Los escenarios proyectados al público por el oficialismo son cada vez más cuidadosos para no exponer la imagen del presidente. Sin embargo, las grietas en el piso son cada vez más grandes y difíciles de ocultar. Ante esta situación, el Gobierno debería enfocarse en reparar el suelo en el que se para antes de que este pierda fuerza y ceda.

* Instituto Universitario de Opinión Pública.