Un continente violento

¿Cuáles son los factores que propician la inseguridad y la violencia en las Américas? ¿Cómo esos contextos impactan en los niños y adolescentes? ¿Cuál es el paradigma a seguir en materia de seguridad ciudadana? Estas son las preguntas que se busca responder en el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos titulado Violencia, niñez y crimen organizado. Los hallazgos, análisis y propuestas del estudio pueden ser de gran utilidad para los países que, como el nuestro, tienen a la violencia entre sus principales flagelos. Si a modo de síntesis recogemos sus principales aportes, identificando tres momentos de análisis (ver, pensar y actuar), tenemos el siguiente panorama.

En el primer momento (ver), se examinan los hechos, y se constata que la desigualdad socioeconómica en la región ya no es un problema solo latinoamericano, sino hemisférico, por cuanto los países más desarrollados también se enfrentan a condiciones crecientes de desigualdad y acumulación de la riqueza en pocas manos, al tiempo que excluyen a importantes sectores de su sociedad. A la vulnerabilidad económica, producto de un nivel insuficiente e inseguro de ingreso, se unen otras desigualdades permanentes: ser mujer, pobre, indígena, afroamericano, migrante, discapacitado, trabajador informal. Ello significa tener una posición desventajosa con relación a quienes no tienen ese género, condición económica, raza, estatus migratorio, características físicas o posición laboral.

Asimismo, se verifica que las Américas es la región del mundo con la mayor tasa de homicidios por habitantes. La tasa anual promedio de homicidios violentos en la región es superior a 30 muertes violentas por cada 100 mil habitantes. Según la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, las tasas de homicidio que superan los 10 homicidios por cada 100 mil habitantes son consideradas propias de una epidemia. La mitad de los países más violentos del mundo se encuentra en el continente; entre estos están El Salvador y Honduras, con tasas superiores a 65 asesinatos por cada 100 mil habitantes.

También se comprueba que en toda América los niños, niñas y adolescentes son los más afectados por las situaciones de pobreza, exclusión social y violencia. Respecto a esto último, el informe señala que las cifras globales de homicidios, una vez desglosadas por edad, sexo, condiciones socio-económicas y origen étnico, presentan porcentajes elevados de violencia en adolescentes y jóvenes.

En el segundo momento de análisis (pensar), se estudian los factores de carácter estructural, institucional y situacional que propician la existencia de contextos violentos. El informe destaca entre las causas la existencia de grupos organizados para el tráfico de drogas, armas y personas, entre otras actividades ilícitas; el fácil acceso a armas de fuego y el gran número de ellas en manos de particulares; la desigualdad y la exclusión social; la falta de oportunidades para que los jóvenes desarrollen su proyecto de vida digna y autónomamente; la “normalización” de la violencia; la “legitimización social” de los grupos criminales; la debilidad institucional, en particular de la policía y el sector justicia; los niveles de impunidad en la investigación y sanción de los delitos; la escasa capacidad de reintegración social del sistema penitenciario en general y del sistema de justicia juvenil en particular; y la capacidad de cooptación del crimen organizado en las instituciones del Estado.

Estos factores, según el documento, crean un clima propicio para la existencia y la reproducción de escenarios de violencia e inseguridad. Por otra parte, el informe expresa preocupación por las respuestas de los Estados basadas en el control coercitivo y la represión punitiva. Se critica el hecho de que las políticas de ese tipo buscan mostrar resultados a corto plazo, pero no logran abordar adecuadamente las causas de la violencia ni se enfocan lo suficiente en la prevención o en programas de inversión social y promoción de derechos. Así, en la línea de las propuestas operativas (hacer), se plantea que las políticas de seguridad ciudadana deben centrarse en la protección de las personas y en la garantía de sus derechos, y que, por ende, se debe prestar mayor atención a las medidas preventivas de la violencia. Esto implica un enfoque amplio e integral que incorpore estrategias legales, sociales, educativas y económicas que reduzcan los factores de riesgo y fortalezcan los de protección. El principio guía es que la disminución de la pobreza, la desigualdad y la discriminación aumenta la integración social y contribuye a disminuir las tensiones, la inseguridad y la violencia.

En suma, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llama la atención a todos los Estados sobre la necesidad de un cambio de paradigma en materia de seguridad ciudadana, que sea de largo plazo, integral y con pleno respeto a los derechos humanos. A los Gobiernos y a las fuerzas sociales impactadas por la violencia les corresponde fomentarlo y favorecerlo.