Un procurador para el pueblo

El actual proceso de elección del procurador de derechos humanos pareciera ser una muestra más de la desconexión de los partidos políticos con la realidad de los salvadoreños. Una realidad que mantiene latente problemas estructurales como pobreza, desigualdad, desplazamiento forzado, migración, inseguridad, etc. Y es que históricamente los salvadoreños han sido blancos de un Estado que, en lugar de apuntar a su dignificación, ha generado mecanismos maliciosos para favorecer a unos pocos antes que proteger a las mayorías. Incluso ha utilizado los mecanismos democráticos y legales para favorecer a la clase política antes que a la ciudadanía, como hoy es visible en el proceso de elección de quien ha de liderar una organización tan importante como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.

La importancia de la elección de este ombusdman no es menor, puesto que la Procuraduría es la organización que debe velar por el respeto y la garantía de los derechos humanos, como lo expresa el artículo 194 de la Constitución de la República. Sin embargo, el proceso en cuestión no parece estar revestido de la seriedad que implica, y mucho menos parece ser del interés de los diputados generar una elección que apunte a fortalecer los derechos humanos en el país. Parece no preocuparles el contexto que amenaza las libertades más fundamentales, como la de expresión o los derechos asociados a la información y prensa, que se han visto menoscabados por las posturas del Ejecutivo.

El proceso actual de elección puede cuestionarse en tres aspectos elementales. El primero de ellos es que, como argumentan ciertas organizaciones de la sociedad civil, las entrevistas a los candidatos no exploran las competencias de estos para hacer frente desde la técnica y la experiencia a los desafíos que la coyuntura plantea: velar por que se respeten los derechos a la vida, la salud, el acceso a una vivienda digna y segura, etc. Ser procurador de derechos humanos en El Salvador implica no solo cumplir con los requisitos legales, sino poseer la capacidad de incidir en favor de los grupos vulnerables. Lamentablemente, desde su creación, la Procuraduría no fue dotada de “dientes” para hacer vinculantes sus resoluciones e informes, por lo que requiere de un liderazgo fuerte y decidido, con los conocimientos prácticos y académicos que le permitan incidir políticamente.

Un segundo aspecto es la idoneidad de los candidatos. Pese a que la Constitución establece la moralidad notoria como requisito para ocupar el cargo de procurador, los candidatos que más parecen agradar a los diputados están lejos de llevar una vida que refleje ética y moral. Por ejemplo, uno de los favoritos del FMLN, el abogado Luis Salazar Flores, tiene un expediente penal activo por el delito de estafa; y José Tobar Serrano, uno de los nombres que más suenan en los últimos días, tiene expedientes penales abiertos por distintos delitos y enfrenta un juicio de cuentas por manejos durante el ejercicio de su cargo como magistrado propietario del Tribunal del Servicio Civil.

El tercer aspecto por cuestionar es la independencia partidaria de los candidatos. El esfuerzo de los diputados parece estar encaminado a elegir un procurador que mantenga una postura que favorezca a los partidos políticos, que guarde silencio ante las decisiones de la Asamblea Legislativa y que carezca de postura propia, algo indispensable para defender los derechos humanos ante el poder político. En este sentido, la tardanza tradicional en las elecciones de funcionarios de segundo grado parece responder al afán de asegurar la conveniencia política, lo cual no solo genera mayor desconfianza en los partidos, sino que también daña la confianza ciudadana en el sistema democrático.

La tarea legislativa debe realizarse con ética y probidad, buscando que prevalezca la lealtad a los intereses generales, antes que a los intereses político-partidarios. Sin duda alguna, los diputados, al actuar bajo este esquema malicioso y lejos de los ciudadanos, muestran desinterés por cambiar su forma de hacer política y dejan la puerta abierta para que la descomposición de los partidos se agudice. La ciudadanía que ha fiscalizado el proceso de elección del procurador exige excelencia, idoneidad; demanda un funcionario que se deba a los derechos del pueblo, de las comunidades y grupos vulnerables, antes que atender los intereses de unos pocos que lejos están de la realidad de los salvadoreños.


* Wilson Sandoval, graduado UCA de la Maestría en Ciencia Política.