Veto a la transparencia

Deja muchas preguntas en el aire el veto del presidente Funes a las ternas presentadas por cinco sectores de la sociedad para que de ellas eligiera a los 5 comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública. Los comisionados debían ser elegidos en marzo, pero hasta el pasado viernes 11 de mayo el Presidente anunció que devolvía las ternas; tres días después de que entrara en vigencia plena la Ley de Acceso a la Información Pública, cuyo cumplimiento debe garantizar el Instituto.

El retraso en el anuncio del Presidente no extraña para nada. Mauricio Funes nos tiene ya acostumbrados no solo a llegar a los eventos mucho después de la hora señalada, sino a demorar el nombramiento de funcionarios, por muy apremiante que sea su necesidad. Ejemplos sobran. Desde los tardíos anuncios de los designados presidenciales (dos años después de iniciado su gobierno), pasando por la demora en el nombramiento de los titulares de la Lotería Nacional de Beneficencia, la CEL y la Superintendencia del Sistema Financiero, hasta la elección del presidente del Tribunal de Ética Gubernamental, que desde octubre del año pasado estaba sin titular.

Pero hay signos que apuntan a que la devolución de las ternas para el Instituto no responde exclusivamente a la costumbre presidencial de no respetar los tiempos. Hay indicios que dan el derecho a dudar de las razones de fondo que tuvo el mandatario para vetarlas. En primer lugar, Mauricio Funes tuvo el tiempo suficiente para examinar las ternas que se le presentaron y si llegó a la conclusión de que ninguna era satisfactoria, entonces debió anunciar mucho antes su decisión. Lo correcto hubiese sido que el veto a las ternas se anunciara antes de la entrada en vigencia de la ley, no después. ¿Por qué demoró tanto en anunciar su decisión? ¿Es esta más bien el ancla para retardar la creación del Instituto de Acceso a la Información Pública?

En segundo lugar, si, como la manifestó el mismo Presidente, solo algunos de los candidatos no eran idóneos para el Instituto, ¿por qué no eligió entre el resto de las ternas? ¿Es esta la razón de fondo para no elegir a los comisionados? Los 30 candidatos (15 titulares y 15 suplentes) ¿no son idóneos para el mandatario? En tercer lugar, frente al argumento de que no se contemplaron fondos para que funcione el Instituto, ¿es solo responsabilidad de la Asamblea Legislativa prever esta necesidad? ¿Por qué el Ministerio de Hacienda no incluyó al Instituto en el presupuesto aprobado el año pasado? ¿Fue un olvido o una omisión consciente?

En fin, no son convincentes las razones que dio el Presidente para justificar su veto. Además, su acción es, cuando menos, una falta de respeto para los sectores que a través de un proceso complejo y participativo elaboraron esas ternas. No nombrar a los comisionados es un serio obstáculo para el avance de la transparencia y, por tanto, de la democracia. Quizás el presidente Funes decidió vetar las ternas pensando que el tema del acceso a la información no es importante para la población, preocupada más por el trabajo, el sustento diario y la seguridad. Eso mismo argumentó el año pasado cuando sancionó inmediatamente el decreto 743. Y se equivocó. La sociedad civil organizada presionó hasta que se anuló el decreto. En esta nueva coyuntura, queda en manos de esa misma sociedad actuar de modo que se revierta una decisión cuestionable; una decisión que da derecho a pensar que no hay voluntad de real transparencia, sino solo de aparentar interés por la vigencia de una ley a la que no se le garantizará su cumplimiento.