¿Alerta o emergencia nacional?

La grave sequía que afecta a toda Centroamérica ha motivado a los ministros de agricultura del área, reunidos en el Consejo Agropecuario Regional, instancia del SICA, a decretar una alerta agropecuaria. El fenómeno climático ha causado grandes pérdidas, afectando a todos los rubros agropecuarios, pero de un modo más agudo a la producción de maíz y frijol a nivel regional. Por ejemplo, se calcula que la sequía ha causado en El Salvador pérdidas superiores al 75% de la producción. Sin duda, esto impactará negativamente las economías de la región, pondrá en riesgo la seguridad alimentaria de miles de familias y afectará a los agricultores, que al perder sus cosechas se quedan sin su principal fuente de ingreso.

La alerta agropecuaria es un paso importante para comenzar a atender la situación, pues al emitirla se reconoce que hay crisis. Sin duda, la alerta activará el apoyo de la comunidad internacional y de organismos como el Programa Mundial de Alimentos, creados precisamente para ayudar en este tipo de situaciones. Sin embargo, es importante que, al igual que lo han hecho Panamá y República Dominicana, cada país del istmo decrete su propia alerta en función de la gravedad de la sequía que sufre, y así se tomen las medidas necesarias para auxiliar a los sectores de su población más afectados.

En nuestro caso, las autoridades del Ministerio de Agricultura están sopesando decretar la alerta nacional. Pero dado que hay regiones del país más afectadas por la sequía, como la oriental, donde prácticamente no ha llovido y la situación de la agricultura es catastrófica, es conveniente analizar antes la cuestión a profundidad. Ese análisis posiblemente aconsejaría decretar no una alerta, sino el estado de emergencia, al menos para el oriente del país. Ello sería más consecuente con la realidad que se está viviendo. Las pérdidas son ya millonarias y afectan principalmente a los pequeños productores. Además, la falta de lluvias impacta negativamente en el suministro de alimentos, tanto para las personas como para los animales.

Por otra parte, esta severa sequía implica un daño devastador en el medioambiente, pues agudiza la contaminación de las aguas, disminuye los caudales de los ríos, seca las lagunas, merma la disponibilidad de agua para consumo humano, favorece los incendios y la pérdida de áreas boscosas, y reduce la fecundidad de los suelos, entre otros. Es por ello que al analizar la posibilidad de decretar estado de emergencia no se deben considerar únicamente las pérdidas del sector agropecuario, sino también los efectos medioambientales.

Decretar estado de emergencia es competencia de la Asamblea Legislativa, a propuesta del Presidente de la República. Hacerlo permitiría activar todos los mecanismos establecidos en la legislación para enfrentar debidamente la sequía y elaborar planes tanto de contingencia como de mitigación del desastre. Asimismo, ayudaría a sensibilizar a la población sobre la gravedad de la situación, favoreciéndose así la atención y solidaridad con los damnificados.

Es entendible que dada la exacerbada conflictividad política del país, se rehúya pensar en la posibilidad de decretar emergencia nacional. Hacerlo añadiría un problema más a la larga lista que ya existe. Pero en esta ocasión, la situación obedece a un desastre natural del que no se puede culpar a nadie y contra el cual deben unirse todos los esfuerzos. Los recursos y mecanismos que el decreto le ofrecería al Estado en general y al Gobierno en particular para atender mejor la situación son motivos más que suficientes para pensar en recurrir a esa medida.