¿Cuáles son las exigencias para aprobar el Fomilenio II?

Hay que decir toda la verdad, no medias verdades que al fin de cuentas terminan siendo medio mentiras. El Gobierno de El Salvador ha cumplido casi todos los requisitos para recibir la segunda ayuda de Fomilenio, que consistirá en la donación por parte de Estados Unidos de cerca de 300 millones de dólares para proyectos de desarrollo en la zona costera del país. Pero el dinero no ha sido aprobado definitivamente porque no se han cumplido algunas exigencias. Por eso, en los últimos días, se han intensificado las presiones estadounidenses y locales para que se modifique la Ley de Asocios Público-Privados, una de las condiciones para esa ayuda. Los canales para ejercer la presión pública son los medios de comunicación, que se limitan a alertar de la posibilidad de perder los fondos, sin explicar cuáles son las condiciones que ha impuesto el país del Norte.

¿Quién se opondría a que El Salvador reciba ayuda económica, sobre todo en la situación crítica que vivimos? ¿Quién no estaría de acuerdo en que se cumplan las condiciones para que venga ese dinero? ¿Quién no criticaría a los partidos que no se apresuran a hacer esas reformas? El tiempo se acaba, dicen los que presionan, y si no se modifica la ley, perderemos el segundo Fomilenio. Pero ¿cuáles son exactamente las modificaciones que hay que hacer a la Ley de Asocios Público-Privados? ¿Por qué se insiste tanto en la necesidad de los cambios sin especificarlos? Probablemente porque saben que si se explican, buena parte de los salvadoreños no estarán de acuerdo con ellos.

En esencia, lo que piden es que se incluya en el listado de los Asocios Público-Privados áreas clave para la población, como el agua, la seguridad y la salud, entre otras. En la actual ley, que se aprobó en mayo de este año, no se incluyeron estas áreas porque se consideran estratégicas para el país. La derecha, sobre todo a través de Fusades, ha expresado la necesidad de agregarlas, específicamente en el tema del agua. Seamos claros: que el agua sea objeto de los asocios público-privados es exponerla a una potencial y lucrativa privatización. Les guste decirlo o no, esa es la verdad. Si no, ¿qué sentido tiene incluir al agua como área para los asocios en la ley? Para la empresa privada, el Estado no tiene la capacidad instalada para la captación, tratamiento y distribución del agua para toda la población; y eso lo pueden proveer los empresarios. Así de claro y de sencillo.

Pero el agua, si se reconoce como un derecho humano, como hizo la Asamblea General de la ONU en 2010, no puede ser objeto de privatización, porque antes que un bien económico es un bien público, un derecho que debe ser disfrutado por toda la población, no solo por los que la puedan pagar. En el derecho humano al agua se juega el derecho a la vida; por tanto, no puede someterse a las leyes del mercado y al afán de lucro. Sin duda, el Gobierno necesita urgentemente el dinero del Fomilenio, pero obtenerlo abriendo espacio para la privatización del agua saldrá mucho más caro que la ayuda que hoy espera. Lo que hay que hacer es potenciar la institucionalidad pública para que esté en capacidad de responderle al pueblo salvadoreño. Ojalá que los partidos que se niegan a cumplir con los requisitos de la ayuda lo hagan por razones que trasciendan el interés electoral del momento; ojalá se mantengan firmes en su decisión, porque ceder a las presiones de dentro y de fuera sería pernicioso para la población. La verdad, aunque duela, hay que decirla siempre. El Salvador necesita urgentemente que se apruebe la Ley General del Agua, para que se reconozca al vital líquido como un derecho humano y quede protegida de la privatización.