¿Cuánto más habrá que esperar?

El 18 de septiembre venció el período de Romeo Benjamín Barahona como fiscal general de la República. Desde entonces, han pasado 38 días sin que la Asamblea Legislativa elija a su sustituto. Y en las últimas semanas, las negociaciones entre Arena, GANA y el FMLN se han estancado por completo. Por esa razón, debemos insistir en la necesidad de que la Asamblea no solo cumpla cuanto antes con su deber de elegir al Fiscal General, sino también escoja a una persona verdaderamente idónea, competente y con una clara trayectoria de honestidad y lucha contra la impunidad.

El Fiscal General de la República es un cargo fundamental en el combate contra la delincuencia y el crimen. Según la ley orgánica de la entidad, su competencia es "defender los intereses del Estado y de la sociedad; dirigir la investigación de los hechos punibles y los que determinen la participación punible; promover y ejercer en forma exclusiva la acción penal pública, de conformidad con la ley; y desempeñar todas las demás atribuciones que el ordenamiento jurídico les asigne a ella y/o a su titular".

Un país con tan alto número de hechos delictivos no puede descuidar a una institución clave en el combate del delito. Es incomprensible que algunos responsables de la elección del Fiscal General afirmen que esta no es prioritaria, que la Asamblea tiene otras tareas más importantes que atender. Para cualquier ciudadano honesto y con genuina preocupación por el bien del país, este tipo de afirmaciones son inadmisibles. Contar con una Fiscalía General eficiente y comprometida en la lucha contra la impunidad es imprescindible para lograr disminuir la acción delictiva en nuestra sociedad.

Igualmente importante es que la institución cuente con los recursos necesarios para desempeñar su misión. Mientras su presupuesto siga siendo tan exiguo, difícilmente alcanzará más eficacia. En este sentido, es también responsabilidad del Ejecutivo, que presenta el presupuesto, y del Legislativo, que lo aprueba, dotar con más recursos a la Fiscalía si de verdad se quiere que esta cuente con el personal y los medios necesarios para defender los intereses del Estado y la sociedad, investigar adecuadamente el delito y promover la acción penal correspondiente. También hay que revisar si el período del Fiscal General debe seguir siendo de tres años o si, por el bien del país, convendría extenderlo.

Son muchas las organizaciones de la sociedad civil y personalidades de prestigio las que han manifestado reiteradamente su preocupación por el modo en que se elige al Fiscal y a otras autoridades de segundo grado en la Asamblea Legislativa. La elección de estos funcionarios se define en primera instancia por la lógica de los intereses partidarios, no por la debida competencia e idoneidad de los candidatos. Es habitual ver cómo los partidos en la Asamblea utilizan estas elecciones para obtener mayores cuotas de poder y apoyos para determinados proyectos políticos, cuando no para defender intereses mezquinos.

A pesar de la preocupación social, nuevamente estamos ante la misma realidad. En primer lugar, no se ve idoneidad en ninguno de los tres candidatos de la terna de la que al parecer se tomará la decisión. Dos de ellos ya estuvieron en la Fiscalía y no consiguieron los resultados que la población espera y el país requiere. Por otra parte, la indiferencia mostrada por el FMLN ante la cuestión responde en realidad a que todavía no ha encontrado el modo de conseguir los votos suficientes para elegir a su candidato, Ástor Escalante. La candidatura de Escalante es fruto de la negociación del FMLN con GANA, parte de los compromisos que ambos partidos han adquirido en su alianza política.

Siendo así, será muy difícil desentrampar la situación. Para la elección del Fiscal se requiere la suma de los votos del FMLN y Arena, pues no hay otra vía posible para obtener una mayoría calificada. Por tanto, es necesario que ambos partidos alcancen un acuerdo sobre la figura de un candidato que sea realmente idóneo, independiente de cualquier grupo de poder, y capaz de actuar con libertad y compromiso en la lucha contra el delito y el crimen. ¿Cuánto más habrá que esperar para que los dirigentes de los partidos políticos y diputados de la Asamblea Legislativa tomen en serio su responsabilidad con el país y cumplan con su deber de consagrar su oficio al bien de la nación? Los que aprueban las leyes deben ser ejemplares en cumplirlas.