¿Democracia o partidocracia?

En El Salvador, en lo que a la elección de diputados respecta, nunca hemos votado por personas, sino por partidos. El votante va a la urna a escoger la bandera de un partido, casi siempre sin saber quiénes son los candidatos a diputado y mucho menos el orden que ocupan en la lista correspondiente. Es decir, en realidad, la instancia que decide quién es o no diputado es la cúpula del partido político al que pertenecen los candidatos; con sus votos, los electores se reducen a ser una especie de factor de validación de la nómina decidida con antelación por la dirigencia partidaria.

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia emitió una sentencia en julio del año pasado que declaraba inconstitucionales los artículos 239, 250 y 262 del Código Electoral, abriendo así la posibilidad de que los votantes puedan marcar su voto sobre los rostros de los candidatos de su preferencia, no sobre la bandera de un partido. Esta sentencia no hacía más que dar un paso en el camino de la democratización, pues, en definitiva, devolvía a la ciudadanía el poder de elegir directamente a sus representantes en la Asamblea.

La reforma al Código Electoral, necesaria para cumplir con la sentencia de la Corte, recibió el respaldo de una gran diversidad de sectores del país. Sin embargo, cuatro de los cinco partidos políticos representados en la Asamblea han querido vernos la cara de tontos. Los partidos FMLN, GANA, PCN y PDC retomaron la sentencia de la Sala de lo Constitucional y la torcieron en función de sus intereses. Aceptaron que en las papeletas vayan las fotos de los candidatos, pero, con sus típicas mañas y resabios, mantuvieron las banderas de los partidos y, en última instancia, legislaron para que los votos sean atribuidos a estos y no a aquellos. En definitiva, las reformas al Código Electoral aprobadas por estos partidos dejan intacto el poder de las cúpulas partidarias para decidir quién resulta electo diputado o diputada, contradiciendo así el espíritu de la sentencia de la Corte.

Ante esto, el presidente Funes ha hecho uso del derecho a veto que le otorga la ley. Es esta una decisión que coincide con la postura, como dijimos antes, de diversas instancias, tanto de derecha como de izquierda. Lo curioso es que de los cuatro partidos que aprobaron las reformas, el único que se ha enfrentado al Presidente por el veto y lo desafía con la superación del mismo es el Frente, el mismo que lo llevó al poder. En realidad, el FMLN no se está enfrentando al Presidente —por mucho que la oposición insista y saque raja política de esa interpretación—, sino al proceso democrático del país. En esta reforma está en juego apostar por la democracia o seguir inyectándole vida a nuestra rancia partidocracia. Negarse a que la gente decida quiénes son sus representantes es oponerse a la democratización de nuestra sociedad. En esta coyuntura, queda en evidencia que el conservadurismo, la defensa a ultranza del status quo, no es patrimonio único de la derecha política, sino también de la izquierda, sobre todo cuando disfruta de las mieles del poder, se aferra a él y termina haciendo lo que antes criticaba: actuar de forma verticalista y antidemocrática.