¿Medios al servicio de quién?

Hace unos días vieron la luz dos informes relacionados con la libertad de expresión. Por un lado, circuló el informe de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) sobre libertad de prensa, que tuvo eco en los grandes medios de comunicación. Un rotativo destacó la condena del organismo internacional a El Salvador por la falta de acceso a la información. El titular de la noticia sugería que los ojos de la SIP estaban fijos en nuestro país, pero al revisar el informe queda clara, una vez más, la costumbre de algunos medios de comunicación de manipular la información.

El documento se centra en los 14 periodistas asesinados en América Latina en el último semestre, en la confiscación secreta de archivos de llamadas a reporteros de The Associated Press por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos y en la concentración de medios de comunicación por parte de Gobiernos autoritarios. El informe se detiene también en la que han llamado ley mordaza de Ecuador y, por último, se menciona la persistente falta de acceso a la información en algunos países, entre los que se menciona a El Salvador. En concreto, se menciona la negativa de la Asamblea Legislativa a cumplir con la exigencia del Instituto de Acceso a la Información Pública para que revele la lista de asesores contratados. El informe de la SIP, pues, dedica atención al país, pero no se centra en él, como se quiere hacer creer.

El segundo informe fue publicado la semana pasada y versa sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión. De este informe, pese a que procede de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA, casi no se ha dicho nada. El documento presta especial atención a la relación entre el derecho de acceso a la información y el derecho a la verdad. En muchas ocasiones, para conocer con propiedad sobre casos de violación de derechos humanos, se necesita acceder a información que está en manos de entidades estatales. En último término, dice el informe, garantizar dicho acceso es un primer paso para la promoción de la justicia y la reparación, sobre todo después de períodos de regímenes autoritarios. Como dijimos, el informe de la Relatora de la OEA ha sido silenciado, lo que no es más que una forma de manipulación.

Por otra parte, es importante preguntar algo que en El Salvador se da por supuesto: ¿puede la SIP agenciarse la defensa de la libertad de prensa y de los trabajadores de la comunicación? El organismo ha sido cuestionado reiteradas veces porque representa los intereses de los grupos económicos propietarios de los medios informativos. Una ojeada a la página institucional de la SIP permite comprobar que sus directivos son los dueños de poderosos conglomerados de la comunicación. Por limitación de espacio, solo mencionaremos al presidente vitalicio, Scott Schurz, que representa a Schurz Communications, consorcio que publica 13 diarios y siete semanarios que suman una circulación de 225 mil ejemplares. Además, esta empresa posee nueve estaciones de televisión, dos compañías de cable, 13 radiodifusoras, una compañía telefónica y una imprenta, entre otros activos.

Pretender, entonces, que la SIP defienda sin ambages la libertad de prensa y a los periodistas es como que un banquero se arrogue la representación fiel y desinteresada de los clientes del sistema financiero. En nuestros días, es común que ciertas instituciones privadas, para lograr sus objetivos, busquen apropiarse de la representación de sectores que en algunos casos incluso les son antagónicos (sus empleados o los usuarios de los servicios que venden, por ejemplo). De esta suerte, no es raro que empresarios hablen del merecido escalafón de salud atribuyéndose la representación del pueblo en entidades públicas autónomas o reivindiquen la dirección del ente rector del agua; o que haya medios de comunicación que manipulan la verdad, pero digan defender la libertad de expresión.

Estas empresas hacen eco del informe de la SIP, pero ignoran el documento de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA. Difícilmente se verá a los que se lamentan públicamente por la falta de información de la Asamblea Legislativa pedir con el mismo ahínco que el Ejército revele los informes que darían luz sobre los autores de graves violaciones a los derechos humanos. Así como destacan la condena de la SIP a la Asamblea, ¿estarán dispuestos a destacar los esfuerzos por ocultar la verdad de lo que pasó durante la guerra? ¿Estarán dispuestos a que se anule la ley de amnistía? Dicen que la política es la continuación de la guerra por otros medios. Pareciera, entonces, que los grandes medios de prensa siguen formando parte del arsenal para la lucha por el poder.