¿Por qué no, diputados?

“Un vaso de agua o una tortilla no se le niega a nadie”, se decía antaño. Pero en estos tiempos, el agua y los alimentos no están asegurados para todos. En El Salvador, cada día son más frecuentes las tomas de carreteras por parte de comunidades a las que no les llega ni una gota de agua. Frente a este tipo de situaciones, la Asamblea General de la ONU instó a todos sus Estados miembros a reconocer en su legislación primaria al agua y a los alimentos como derechos humanos fundamentales, pues son requisitos para la satisfacción de otros derechos. Sin embargo, los diputados salvadoreños no han terminado de actuar en consecuencia.

La Constitución de la República se reformó reconociendo estos derechos en abril de 2012, con la participación de todas las fracciones políticas. Quedó pendiente, entonces, que la actual legislatura ratificara la reforma, para que la modificación quedara en firme en la Carta Magna. Pero incomprensiblemente los partidos Arena, PCN y PDC se niegan a dar sus votos. Con el agravante de que casi todos los diputados que ahora se niegan a apoyar la ratificación votaron a favor de la reforma en 2012. ¿Qué les pasó? ¿Qué los hizo cambiar de opinión? ¿Por qué no explican públicamente cuáles son las razones para oponerse a que todo salvadoreño tenga derecho a acceder al agua y a una alimentación adecuada? ¿No tienen razones serias ni objeciones técnicas o jurídicas? ¿O les da vergüenza hacer públicos sus verdaderos motivos?

Siguiendo esta lucha, y en un esfuerzo inédito, el 9 de abril más de 130 organizaciones ciudadanas, tanto nacionales como algunas internacionales, acompañaron al Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos para exigirle a la Asamblea Legislativa que ratifique el artículo 69 de la Constitución antes del 30 de abril, fecha en que termina su legislatura. El Procurador presentó una resolución formal en la que condena a la Asamblea por retardar de manera injustificada legislar sobre esta materia. Es decir, en el marco de su misión constitucional, el Procurador acusó a los legisladores de incumplimiento. El mismo día se conoció que los relatores especiales de la ONU y de la OEA en materia de derechos ambientales se pronunciarán próximamente para exigir al Parlamento esa ratificación, como ya lo han hecho el máximo responsable de la Organización para la Alimentación y la Agricultura de la ONU y representantes del PNUD.

¿Por qué negarse a que todo salvadoreño tenga derecho al agua y a los alimentos? Los legisladores están en una encrucijada: o pasan a la historia como los diputados que garantizaron este derecho humano para todos los salvadoreños o como los que decidieron defender intereses de poderosos grupos a los que les interesa el agua como un negocio, no como un bien público. Ellos tienen la palabra y la historia los guardará en su memoria, para bien o para mal.