¿Qué es lo que tanto se negocia?

Ha pasado casi un mes desde la fecha en que venció el mandato de Romeo Barahona como Fiscal General de la República. A pesar de las intensas negociaciones, los partidos políticos aún no han logrado ponerse de acuerdo en la persona que ocupará el cargo para los próximos tres años. Si bien al menos se ha logrado reducir la nómina de candidatos de a cinco a tres, pasa el tiempo sin que se alcance un acuerdo. Y este entrampamiento no es cosa nueva; ha sido la lógica habitual cada vez que se ha tenido que hacer este nombramiento. La excepción fue la elección anticonstitucional que hizo la anterior legislatura, en la que los partidos GANA y FMLN lograron ponerse muy fácilmente de acuerdo en designar a Ástor Escalante como fiscal.

¿Por qué es tan difícil la elección del Fiscal General de la República? Ningún partido ha dado razones públicas de su apoyo a uno u otro de los candidatos de la lista. Si partiéramos del supuesto de que algunos de ellos son profesionales bien preparados, de prestigiosa trayectoria humana y profesional, capaces de desempeñarse en el puesto para bien del país, no tendría que ser difícil evaluar a los candidatos con base en los criterios que establece la Constitución. Incluso existiría la posibilidad de ponerse de acuerdo para fijar aquellos otros criterios que los señores diputados y sus partidos consideren que es realmente importante tener en cuenta para un escoger a un buen Fiscal General.

Con seguridad, esta es la primera dificultad: los partidos no han sido capaces de definir de común acuerdo aquellos criterios que ayuden a definir la idoneidad de una persona para ser Fiscal General de la República. Sin esos criterios, es muy difícil poder evaluar a cada candidato y discernir cuál es el mejor, el más idóneo para ese importante puesto. Si los diputados no son capaces de llegar a este acuerdo, sería de mucha ayuda que solicitaran a un grupo de notables, gente con reconocimiento y prestigio social, para que ayudaran en la tarea. Así, una vez definidos y aprobados, esos criterios deberían ser obligatoriamente tenidos en cuenta para cada nueva elección de Fiscal General.

Como no se ve a los partidos políticos muy preocupados por tener claros los criterios que deberían ayudarles a la elección de un buen Fiscal General, toca pensar que la verdadera razón de tan difícil elección es otra. Las escasas explicaciones que se han dado apuntan a que cada quien desea un funcionario que sea de su particular confianza. Sin embargo, lo que sería realmente peligroso es que el elemento fundamental de la negociación sea la garantía de que no serán tocados los intereses de los partidos que otorguen sus votos por uno de los candidatos; es decir, que el nombramiento del futuro Fiscal General sea dependiente de la obtención de un compromiso de no investigar los posibles asuntos delictivos de los partidos, sus familiares, amigos o aliados.

Una elección de Fiscal General en la que se anteponga la búsqueda de la impunidad sobre la justicia dañaría gravemente al país y a la institucionalidad democrática. Ante ello, es importante recordar que diversas organizaciones de la sociedad han manifestado en no pocas ocasiones algunos de los criterios que deberían tomarse en cuenta para su elección: despartidización de la figura del Fiscal; independencia de este respecto a cualquier poder político, económico, social o religioso; honorabilidad y probada capacidad profesional. A pesar de lo mucho que esto se ha repetido, los partidos políticos siguen encerrados a cal y canto en sus intereses. Por ello, es muy probable que en esta ocasión tampoco tengamos un Fiscal General que llene las expectativas de la sociedad y cumpla a cabalidad con su función.