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Es muy fácil ser adivino del pasado. Poco tardaron algunos analistas y articulistas en afirmar que ya se esperaban lo que pasó. Hace falta honestidad para reconocer que los resultados de la elección del 9 de marzo nos sorprendieron, sino a todos, a la mayoría. Y fue sorpresa porque el punto de partida era la poca probabilidad de que Arena remontara la diferencia de 10 puntos porcentuales, los 300 mil votos que le sacó de ventaja el FMLN el 2 de febrero. Casi un mes después, el partido de derecha prácticamente se colocó a la par del Frente. Pero, de acuerdo a la ley, en la segunda vuelta, la presidencia se puede ganar con un voto. Arena no comprende que haber remontado los adversos resultados de la primera vuelta no invalida o ilegitima el hecho de que perdió por estrecho margen. En eso consiste la democracia electoral: gana la voluntad de la mayoría.
Fue esa estrecha diferencia de votos lo que envalentonó al partido de derecha para no reconocer los resultados y lanzar el cuento del fraude electoral. Pero hay signos que dan derecho a pensar que la narrativa del fraude era algo que Arena tenía preparado desde antes de la elección. En varias ocasiones, durante la campaña, ese partido declaró sospechar la posibilidad de fraude, sin hacer señalamientos concretos. Además, en plena jornada electoral, el candidato arenero dijo reservarse el derecho de reconocer los resultados, como asumiendo que la decisión popular no le sería favorable. Y en otro desafortunado acto, el partido se declaró ganador poco después del cierre de las urnas, cuando era prácticamente imposible tener certeza de los resultados. Ya como corolario vino el lamentable discurso del candidato de Arena, que se sumó a una abultada lista de yerros políticos mayúsculos que ponen en duda su capacidad para asumir la Presidencia de la República. Justificar que las palabras de Quijano obedecieron a la presión del momento no le hace ningún favor a quien pretende ocupar el más alto cargo político, en el que se está sometido a constantes y fuertes presiones. Lo que vino después es conocido por todos. Decir y repetir monocordemente que hubo fraude, y movilizar activistas para que protesten en las calles, con el empeño de convertir a El Salvador en Venezuela.
La derecha política y empresarial del país siempre ha sostenido que una de las garantías para calificar como libres a unas elecciones es la presencia de observadores, sobre todo si son externos. De hecho, hay eventos electorales en la región que se han descalificado por no permitir la observación internacional. Este no es nuestro caso. Al contrario, las misiones de observación en esta elección fueron numerosas, diversas y con vasta experiencia en el oficio. Todas ellas han confirmado la limpieza y transparencia de la jornada electoral y han calificado con nota sobresaliente la labor del Tribunal Supremo Electoral. Solo Arena y la gran empresa privada —ya sin falsos recatos de presentarse como diferentes—, junto a sus amplificadores de oficio, son los que siguen con el cuento del fraude, en contra de lo dicho por las misiones de la OEA, la ONU y la Unión Europea, y todas las instancias nacionales e internacionales que participaron en la observación electoral.
En lugar de aceptar los resultados, Arena va de torpeza en torpeza, lo que demuestra su frustración. ¿Qué es lo que al final quiere? ¿Para qué traer tantos observadores si su palabra no es tomada en cuenta o es contrariada por quienes los han clamado siempre? El partido de derecha y la gran empresa privada saben perfectamente que la razón, la verdad y la ley no le convienen a sus intereses. Arena y la ANEP saben que los resultados no van a cambiar. También, que pedir el conteo voto por voto, además de ser innecesario porque ya se comprobó la veracidad de todas las actas, va contra lo que dice la ley. Lo piden aun sabiendo que eso no es posible de acuerdo a la legislación y que recibirán una respuesta negativa. Saben además que pedir la nulidad de la elección es absurdo. Entonces, ¿qué pretenden Arena y la derecha empresarial?
Envalentonados por el resultado de la segunda vuelta, pretenden deslegitimar al futuro Gobierno. Pretenden enviar un mensaje al pueblo salvadoreño y al mundo entero: por tener un Gobierno de izquierda, el país está desestabilizado. Y para eso cuentan con el apoyo irrestricto de los grandes medios de comunicación, que en la actualidad funcionan como altoparlantes del discurso de la derecha. Se quiere deslegitimar al futuro Gobierno para obligarlo a negociar. La gran empresa privada salvadoreña, mal acostumbrada a hacer uso patrimonialista del Estado y a que su palabra sea ley, desde hace casi cinco años ha visto cómo sus privilegios han comenzado a recortarse. Y peor todavía, ha visto emerger un nuevo poder económico, aún incipiente, pero que amenaza su primacía, tradicionalmente absoluta. Tolerar otros cinco años de pérdida de privilegios es demasiado para la oligarquía más mezquina y ambiciosa de la región. Por eso, Arena, como partido encargado de llevar al plano político una pugna económica, no aceptará los resultados electorales y hará "todo lo que tenga que hacer" para que el nuevo Gobierno no goce de legitimidad. Ya lo dijo Quijano, el 1 de junio tendremos dos Gobiernos. Por estrategia política y fidelidad al capital, Arena no aceptará públicamente la derrota en las urnas, aunque en su interior sabe perfectamente que la verdad no está con ellos.
