¿Respetar al Fiscal?

Entre las varias funciones que el artículo 193 de la Constitución define para la Fiscalía General de la República está la de defender los intereses del Estado y de la sociedad. Su ley orgánica la faculta para dirigir la investigación de los hechos delictivos y promover y ejercer en forma exclusiva la acción penal pública. Es decir, la Fiscalía y, en ella, el Fiscal General, su director y máximo representante, son de trascendental importancia para el país, pues deben velar por el cumplimiento de la ley e investigar, perseguir y ordenar que se capture a cualquier persona que la quebrante. Esto está en la letra. Sin embargo, en la realidad, la Fiscalía no se ha caracterizado por defender los intereses del Estado y menos los de la sociedad. Más bien, el puesto de Fiscal General ha sido una fruta muy apetecida por aquellos que quebrantan las leyes y buscan cobijarse con el manto de la impunidad.

Hay sectores que han construido su poder a fuerza de torcer las leyes y que ponen fiscales precisamente para que no las hagan efectivas. Por esta perversa realidad monseñor Romero afirmó que la justicia en el país es como la culebra, que solo muerde a los descalzos. No es de extrañar, entonces, que en las turbias negociaciones de los partidos políticos para el reparto de las instituciones de control del Estado la titularidad de la Fiscalía sea una pieza fundamental. Aún quedan 6 meses para que termine el período del actual funcionario y el tema ya está en discusión. Por su parte, Luis Antonio Martínez ha manifestado públicamente su interés en la reelección y ha denunciado una campaña en su contra. Hay sectores que defienden al Fiscal y organizaciones sociales que libran una lucha para que la reelección no se lleve a cabo.

Al analizar su desempeño desde que fue nombrado, en diciembre de 2012, queda claro que Martínez ha sido protagonista de episodios que deberían hipotecar sus aspiraciones. El Fiscal General ha sido señalado desde viajar en los jets de un empresario al que debería procesar, hasta prohibirle al juez del caso de Francisco Flores que revelara información importante. Como otros cuestionados personajes de la política salvadoreña, Martínez alegó que la información de sus viajes oficiales era de carácter reservado y, por tanto, quedaron en la oscuridad los detalles de los muchos que ha realizado.

Al funcionario también se le comprobó una relación laboral y empresarial con Flores y su familia. Su negativa a incluir el lavado de dinero entre los delitos que se le imputan al exmandatario provocó que algunos sectores entendieran que más que investigar al acusado, el Fiscal tenía por cometido librarlo de la cárcel. De hecho, cuando debido a la incompetencia del primer juez que ventilaba el caso, la Corte Suprema de Justicia decidió pasarlo a otro juzgado, el Fiscal le exigió al nuevo juez que no revelara el reporte de operaciones sospechosas que Estados Unidos había expedido contra Flores. Afortunadamente, el juez no hizo caso e incluyó el lavado de dinero entre los delitos. Las intimidaciones del Fiscal quedaron en palabras.

La oposición a la reelección del Fiscal no parte solo de su modo de relacionarse con otros funcionarios, en el que prima un lenguaje incoherente con la dignidad del puesto que detenta. Tampoco de su pintoresco culto a sí mismo, que se refleja, por ejemplo, en la profusión de fotos suyas en la página web de la Fiscalía y en el más reciente informe de labores de la institución (en el cual, de hecho, casi hay más retratos del funcionario que contenido informativo). La razón de fondo para oponerse a su reelección es la índole de su compromiso con la justicia, la nación y la sociedad. Quien dirige la Fiscalía General de la República no debe tener ningún compromiso con los sectores que necesitan de la protección estatal para burlar la ley. Pero aquí parece ser una tradición que lleguen más alto los que más destacan en los vicios y corrupciones de la política. Al igual que parece ser una norma que a los cargos que son negociados por los partidos no lleguen personas honestas y capaces.

Para ser Fiscal General de la República, la Constitución exige los mismos requisitos que para los magistrados de las cámaras de segunda instancia: ser salvadoreño, laico, mayor de treinta y cinco años, abogado, de moralidad y competencia notorias, entre otros aspectos formales. Todos son requisitos que se pueden demostrar fácilmente, excepto el de la moralidad y competencia notorias, que es precisamente el más importante y al que menos atención ponen los diputados cuando eligen a los funcionarios. Hacer efectivo el cumplimiento de este requisito sería el mejor camino para la elección del próximo funcionario. Solo así se cumpliría, en el sentido que corresponde, la exigencia de respetar al Fiscal.